TEGUCIGALPA, HONDURAS
Lotes de terreno, casas, locales en edificios y apartamentos fueron algunos de los bienes inmuebles que presuntos implicados en el caso Pandora compraron con recursos saqueados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
El requerimiento fiscal de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público (MP) indica que se compraron y modificaron al menos siete bienes inmuebles en Tegucigalpa y Comayagua.
La acusación establece que 38 personas presuntamente desviaron 282 millones de lempiras mediante el otorgamiento irregular de contratos a las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras. La investigación concluye que la mayoría de recursos económicos fueron usados en campañas políticas, pero otra cantidad de dinero se utilizó en la compra de bienes.
EL HERALDO logró identificar los siete bienes que la Ufecic está pidiendo que sean asegurados.
El primer bien, según indica el requerimiento fiscal, es una lujosa vivienda ubicada en la colonia Payaquí de Tegucigalpa, la cual se encuentra registrada en el Instituto de la Propiedad (IP), bajo la matrícula 469711 a nombre de la sociedad denominada Las Casitas SA.
“La misma fue cancelada y remodelada con dinero de las fundaciones”, establece el requerimiento. La lujosa vivienda que cuenta con dos niveles se encuentra totalmente vacía.
Asimismo, figuran tres lotes de terreno ubicados en la residencial Villa Universitaria de Comayagua etapa 11, bloque 1, lotes 19, 20, 21 registrados en el IP bajo matricula 652314, 652316, 652315.
“Los lotes de terreno se encuentran a nombre de José Rubio Suazo, pero ya fueron pagados en su totalidad por la señora Alba Luz Ramírez, en el cual se observa un solar baldío. Cheques de la Fundación Todos Somos Honduras fueron librados para abonos al pago de estos lotes”, establece la acusación.
La señora Alba Luz Ramírez es madre de Fernando José Súarez, apoderado legal de las fundaciones Todo Somos Honduras y Dibattista. Ambos están con un requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos. Igualmente, está requerido el señor José Antonio Súarez, quien es apoderado legal de ambas fundaciones y padre de Fernando Súarez.
También se encuentran dos locales ubicados en el octavo nivel del edificio número uno de la torre Metrópolis de Tegucigalpa, identificados con matrícula del IP 750263-H0010 y 750263-H0011. “Según documentos proporcionados por la inmobiliaria Alianza, los locales los adquirió el señor Fernando Súarez, y fueron pagados con dineros de la Fundación Dibattista y la Fundación Todos Somos Honduras”, asevera el requerimiento.
En la lista figura, además, un edificio de apartamentos de tres niveles, ubicado en la residencial Roble Oeste de Comayagüela, registrado bajo matrícula del IP 704590 y “se encuentra a nombre de Valery Nicole Quiroz Palma, Mía Isabella Palma Sánchez, Alessandra Nicole Flamenco Palma”. Todas estas personas son familiares de Dalia Esmeralda Palma Sánchez, una exasesora del Congreso Nacional que se encuentra requerida por lavado de activos.
“El lote donde se encuentran construidos estos apartamentos fue pagado con dineros de fundaciones”, afirma la acusación.
El requerimiento fiscal no indica el valor de cada uno de los bienes.
Más de un mes ha pasado desde que la Ufecic emitiera el requerimiento fiscal en contra de 38 personas en este caso y aún la jueza designada para este proceso no admite la acusación.
De los 38 imputados, 31 son acusados por el delitos de lavado de activos.
En el requerimiento, los fiscales justificaron que por la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por los imputados, el Poder Judicial debe ordenar las capturas. Entre otros acusados figuran los diputados Elvin Santos, Edgardo Martínez, Celín Discua, Rodolfo Irías, Elden Vásquez, el exminsitro de la SAG, Jacobo Regalado y el exidirector del Instituto Nacional Agrario, Ramón Lara.
En el expediente se encontraba requerido el exministro de Finanzas, William Chong Wong, pero hace unas semanas falleció a causa de una enfermedad.
