TEGUCIGALPA, HONDURAS
La acusación de Estados Unidos en contra del exalcalde nacionalista de Yoro, Yoro, Arnaldo Urbina Soto, y sus hermanos Miguel Ángel y Carlos Fernando, así como del exdiputado liberal por Colón, Midence Oquely Martínez, pone al descubierto cómo utilizaban su poder político para ser operarios del Cartel de Sinaloa.
“Los acusados aprovecharon su poder en el departamento de Yoro y se alinearon con el clan de Los Cachiros y los Valle Valle para recibir aviones cargados de cocaína en varios lugares de Honduras, incluyendo pistas de aterrizaje clandestinas en áreas remotas y carreteras públicas en las cercanías de Yoro”, establece la acusación a la que tuvo acceso EL HERALDO.
Asimismo, acusa a los tres hermanos Urbina de unirse personalmente para coordinar detalles de seguridad en la descarga de la cocaína de las avionetas y el transporte de la carga ilícita en relación con el proceso de importación de la droga. A ellos, Estados Unidos también los señala de operar para el Cartel de Sinaloa.
Pero no solo la justicia de Estados Unidos tenía detalles, sino que también la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico que desde hace al menos siete años comenzó a montarle persecución al exalcalde y sus hermanos.
Entre 2009 y 2014 una gran cantidad de denuncias anónimas llegaron hasta el Ministerio Público interpuestas por personas que se vieron afectadas por el clan de los Urbina Soto porque presuntamente los estaban despojando a punta de pistola de sus tierras.
Los terrenos expropiados serían utilizados por la presunta banda criminal para construir narcopistas. De acuerdo a un detective de la DLCN, el exalcalde y sus hermanos Miguel y Fernando controlaban cuatro narcopistas en el municipio de Yoro.
La DLCN logró identificar las narcopistas en las comunidades de la La Meseta, Laguna Manza, Coco Talanguare y en la entrada a Yoro en las cercanías del Poder Judicial y en la aldea Locomapa.
Asimismo, estableció que los Urbina Soto utilizaban como pistas de aterrizaje algunas calles principales de las comunidades de Punta de Ocote, El Sitio y La Trinidad, del municipio de Yoro.
La versión de los investigadores toma fuerza porque la justicia estadounidenses indicó que ellos utilizaban carreteras públicas para realizar sus fechorías.
En manos de la DLCN se encuentran nueve testimonios de pobladores de diversas comunidades de Yoro, que certifican como los hermanos Urbina, abusando de su poder, aterrizaban las avionetas tanto en Yoro como en el departamento de Olancho.
Algunos vecinos de la ciudad de Yoro, consideran que Carlos Fernando es el jefe de la banda criminal y el más peligroso y sanguinario de todos.
Muy pocas veces se le ha visto en público, prefiere mantenerse escondido en las montañas de Yoro. Sobre él pesa una orden de captura en su contra por delitos de almacenamiento de armas, lavado de activos y extorsión. Aunque se mantiene prófugo de la justicia desde hace cuatro años. La DLCN también lo investiga por el delito de narcotráfico.
Y es que el día que sus hermanos Arnaldo, Miguel ángel y Mario Roberto (ya fallecido) fueron detenidos, igualmente los jueces ejecutores tenían en su poder una orden de captura en su contra.
Los agentes allanaron su casa y encontraron armas de grueso calibre, vestimenta militar y extensiones eléctricas, presuntamente utilizadas para dirigir las avionetas que cayeron en las narcopistas que eran administradas por él.
Pero los hermanos Urbina Soto no podrían ser extraditados a Nueva York, como lo solicita la justicia de Estados Unidos, debido a que tienen procesos pendientes aquí.
En el caso del exalcalde Arnaldo Urbina fue sentenciado por el delito de lavado de activos y podría purgar una pena de entre 15 y 20 años.
Además, se encuentra procesado por el delitos de abuso de autoridad por irregularidades cometidas de cuando fungió como alcalde de Yoro, entre 2010 y 2014. A esto se le suma la reciente acusación hecha por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción por haber recibido más de cuatro millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el denominado caso Pandora.
En el caso de Fernando, se le acusa de lavado de activos, asesinato y almacenamiento de armas. De ser capturado, tendría que ser sometido a la justicia hondureña previo a su extradición.
Miguel ángel Urbina fue absuelto de lavado de activos, sin embargo, la resolución de los jueces aún no es firme.
“En el caso de los Urbina Soto no se iniciará el proceso de extradición porque existe un tiempo perentorio, lo que tendrá que hacer el sistema es dejar en suspenso la solicitud de extradición en virtud que tienen procesos pendientes”, explicó Marlon Duarte, defensor de los hermanos Urbina Soto.
Exdiputado
La justicia de Estados Unidos acusó igualmente al exdiputado del Partido Liberal, Midence Oquely Martínez Turcios, pariente del clan de Los Cachiros.
Ayer trascendió que el excongresista habría viajado a Estados Unidos para entregarse voluntariamente a las autoridades de la fiscalía de Manhattan. Sin embargo, esta versión no pudo ser confirmada oficialmente.
La justicia de Estados Unidos imputa a Martínez Turcios de escoltar varios cargamentos de cocaína a través de Honduras, además de organizar la protección del cargamento con hombres fuertemente armados y planificó acciones violentas con miembros de la Mara Salvatrucha.
A él, al igual que los Urbina, la DLCN lo tenía en la mira porque presuntamente fue unos de los principales testaferros de Los Cachiros.
El cabecilla de este clan, Devis Leonel Rivera, lo mencionó durante un juicio de haber recibido millonarias cantidades de dinero de sobornos.
La justicia de Estados Unidos lo acusa de haber recibido más de un millón de dólares en coimas.
Martínez Turcios es el segundo congresista hondureño acusado en relación con la investigación de la DEA sobre el tráfico de drogas con fines políticos en Honduras.
Martínez Turcios ayudó a dar apariencia de legitimidad a los líderes de Los Cachiros en virtud de su posición política y autoridad, y actuando a veces como propietario nominal parcial de una de las compañías de fachada de lavado de dinero de la organización, Ganaderos Agricultores del Norte, S. de R. L. de C. V. Martínez Turcios, también brindó apoyo directo para actividades violentas de narcotráfico por parte de Los Cachiros, indica la acusación.
