El martes, la Comisión Especial de dictamen de reformas a esa ley garantizó que los sujetos pasivos, como las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y concesionarias e instituciones públicas y privadas, se mantienen intactos en la normativa.
Este era uno de los puntos más polémicos que había denunciado la Maccih que se pretendía cercenar definitivamente de la ley.
De acuerdo con la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Congreso pretendía la supresión de los incisos 7, 8, 9, 10, 11, 12 de artículo 5 de la ley, dejando entrever que el TSC no podría auditar ni fiscalizar fondos de concesionarios privados, las alianzas público-privadas (APP), las privatizaciones de las empresas del Estado y los fideicomisos, así como recursos estatales ejecutados por Organizaciones no Gubernamentales.
“Esto presumiría un retroceso en los procesos en la transparencia y la rendición de cuentas y restringiría las acciones de fiscalización que está llevando a cabo el TSC en algunas instituciones del Estado y con actores privados que tienen relación con la utilización y administración del erario público”, cuestionó en un comunicado la Maccih.
Sin embargo, los miembros de la Comisión de Dictamen, Rolando Dubón Bueso, Marcos Paz, Eder Mejía, Gloria Bonilla y Dunia Ortiz, despejaron las dudas de los representantes de la Maccih, la sociedad civil y hasta de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que participaron en el encuentro.
“Aquí no se esconde nada, ellos (la Maccih) están satisfechos con el diálogo que hemos tenido, lo que sí lamentamos es que por falta de comunicación primero se va a la vía pública en vez de hacer las aclaraciones en este tipo de reuniones”, señaló el diputado Rolando Dubón Bueso, presidente de la comisión de dictamen.
Aseveró que ya todo está aclarado y más bien la Maccih y la sociedad civil le remitieron una serie de insumos que fortalecerán el dictamen que en los próximos días será remitido a la Junta Directiva del Congreso Nacional.
Los representantes de la Maccih reconocieron ante los diputados que es importante mantenerse en diálogo entre los diversos actores para encontrar puntos en común para el fortalecimiento institucional del TSC.
“Lo que el Congreso y el Tribunal andan buscando es que en cada institución pública que manejen fondos haya un auditor interno que asesore y que prevenga el mal uso de esos recursos”, aseguró Bueso.
“El proyecto va encaminado en fortalecer el Tribunal Superior de Cuentas en el aspecto administrativo y a prevenir que se cometan irregularidades en todas las instituciones que manejan fondos públicos”, reiteró el parlamentario.
De su lado, la Maccih en una publicación en las redes sociales estableció que “está trabajando con las instituciones en las reformas a la ley del Tribunal Superior de Cuentas que garanticen un trabajo de manera profesional y independiente para la fiscalización efectiva del gasto público”.
Fortalecimiento TSC
Los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) eran los más preocupados si se le cercenaban facultades de investigación a ese ente contralor.
“Hubo alguna una incomunicación, se había mencionado que se estaban eliminando algunos sujetos pasivos como APP, fideicomisos, se aclaró que esto era un error, estos siguen incluidos en la ley, se mantienen como sujetos pasivos todos los fondos públicos y eso ha quedado bien claro en el diálogo”, dijo Roy Pineda, presidente del pleno de magistrados del TSC.
Aseguró que con el paquete de enmiendas se pretende fortalecer los controles internos de la institución que audita el manejo de fondos provenientes del Estado.
El funcionario expresó que se ha revisado la parte procesal y objetiva en total armonía a los derechos constitucionales, el debido proceso y la defensa que tienen los particulares cuando son representados a través del procedimiento para agotar la vía administrativa.
Reacciones
La sociedad civil también criticó la presunta intención de suprimir al menos seis incisos del artículo 5 de la ley, sin embargo, aceptaron las explicaciones hechas por la comisión de dictamen.
“Hemos quedado satisfechos con la explicación brindada por la comisión del Congreso Nacional, en el que nos han aclarado que el único numeral que se modifica del artículo 5 de la ley del TSC es el 6 y que el resto queda igual”.
Reconoció que todo lo cuestionado era un fallo de apreciación.
Por su parte, el coordinador de Gobernanza de la ASJ, Lester Ramírez, afirmó que las reformas darán mayor eficiencia al TSC.
“Es importante reconocer que se ha tenido una reunión constructiva entre las partes, consideramos que se va a fortalecer el trabajo del TSC, los términos con que se manejan los pliegos de responsabilidad, temas administrativos y las auditorías”, expresó.
Ramírez agregó que “se mencionaba que se estaban eliminado algunos sujetos pasivos, pero se aclaró que siguen en la ley, lo que se pretende es fortalecer procesos de control”.
Manifestó que es necesario denunciar cuando se debe denunciar, pero también ser objetivo y reconocer cuando se quiere enmendar y se quieren dar un buen trato a estas reformas legislativas.
Recomendaciones
Del acercamiento entre los diputados, la Maccih y los sectores de la sociedad civil salieron una serie de recomendaciones y observaciones hechas al dictamen y que serán consideradas por los diputados.
Una de ellas es que sea el TSC el que se encargue de contratar a los auditores internos de las diversas instituciones públicas para que trabajen acorde con la entidad y puedan informar sobre los hallazgos de las investigaciones a las autoridades del ente contralor.
“El nombramiento de los auditores internos se hará de manera transparente, meritorcrático, abierta y esto quedará plasmado en las reformas a la ley”, expresó Lester Ramírez.
También se propuso que los pliegos de responsabilidad civil y penal sean más expeditos, porque en la actualidad el TSC cuenta con una mora de más de cinco mil expedientes.
La próxima semana la comisión que elabora el dictamen de las reformas se reunirá para hacer los últimos retoques y presentarlo ante la junta directiva del Congreso, que lo someterá a discusión y aprobación en el pleno.
