TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Impedir que 20 peligrosos integrantes de la pandilla 18 queden absueltos de presuntos delitos que van desde la portación ilegal de armas hasta asesinatos es la nueva misión que prepara el Ministerio Público (MP).
El ente acusador del Estado busca revertir la resolución emitida por la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional del Poder Judicial que favorece a los acusados y sentenciados.
Todos estos pandilleros tienen perfiles delictivos que pasan por delitos de asesinato, asociación ilícita, robo de vehículos, tenencia de armas y municiones de uso prohibido.
La determinación de los jueces se hizo por mayoría de votos, es decir, dos votaron a favor de la absolución y uno en contra.
El portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, informó a EL HERALDO que ante ese fallo de los jueces se recurrirá a interponer un recurso de casación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Tenemos el recurso de casación, el cual va hacer uso la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, que es la que lleva estas acusaciones contra estos miembros de la pandilla 18”, informó Mora.
Añadió que la Fiscalía procederá a hacer el escrito para entregarlo ante la entidad correspondiente dentro de un plazo de tres días hábiles.
A su vez, dijo que hay que esperar qué resuelve la instancia judicial en cuanto a la aceptación de la casación presentada con base en los argumentos que expone la Fiscalía.
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Investigación
La determinación de los jueces llamó la atención del Poder Ejecutivo. El presidente Juan Orlando Hernández cuestionó que pandilleros con tan alto perfil delictivo fueran absueltos. El mandatario afirmó que esos pandilleros le quitaron la vida a 27 personas en menos de cuatro meses.
De igual forma, pidió una investigación exhaustiva por las implicaciones que tiene.
También solicitó a la inspectoría de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) que investigue en paralelo a las indagaciones que ya hizo la Fiscalía sobre los delitos cometidos.
La investigación también va dirigida para operadores de justicia, funcionarios públicos, abogados defensores y toda persona que se haya prestado para favorecer a los criminales, advirtió.
De igual forma, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, manifestó que se investigará el fallo de los jueces.
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Su condición actual
Del total de pandilleros que serían beneficiados con el fallo absolutorio, 14 no tienen la posibilidad de salir de la prisión porque enfrentan otros procesos y cumplen sus sentencias en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, más conocida como El Pozo I.
A su vez, se investiga la situación procesal de seis imputados con el fin de verificar si existen procesos en curso o condenas en otros tribunales del país contra ellos. Los cuerpos de seguridad del Estado capturaron a los pandilleros entre 2014 y 2018.
De esta misma organización criminal hay otros dos pandilleros que están pendientes de ser capturados.
Reacciones
Esta situación ha generado reacciones encontradas. Sobre el particular, la presidenta del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Anny Belinda Ochoa, aseguró que se debe realizar una debida investigación a profundidad.
“La postura del gremio es que se respete el debido proceso, entendiendo que se han agotado todas las etapas del proceso penal y han sido sometidas a juicio”, expresó Ochoa.
Agregó que hay que analizar la prueba que aportó el MP y la defensa legal y si la valoración se hizo en cumplimiento del Código Procesal Penal.
Indicó que las partes deben acudir a la casación para que el Tribunal de Alzada revise la sentencia.
“Se deberá revisar el actuar de la Fiscalía si no presentó la prueba pertinente y felicitar a la defensa si es que realizó un efectivo tecnicismo o, por el contrario, revisar la conducta de los jueces, si han tenido alguna falla en el ejercicio de sus funciones”, advirtió.
EL HERALDO buscó una reacción del viceministro de Seguridad, Luis Suazo, y del comandante de Fusina, German Velásquez, para ahondar más sobre la solicitud del mandatario en cuanto a las investigaciones, sin embargo, ninguno de los dos funcionarios públicos respondió a las llamadas.
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De su lado, Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, al ser consultado sobre la absolución de miembros de la pandilla 18 acusados de cometer al menos 27 asesinatos y otros delitos, indicó que “las organizaciones criminales, bandas y pandillas cometen diariamente acciones de terror contra el pueblo hondureño y no podemos tratarles con guante blanco”.
“El reclamo del Presidente (Juan Orlando Hernández) no tiene nada que ver con irrespetar al Poder Judicial; respetamos al Poder Judicial, seguirá teniendo nuestro respeto irrestricto desde este poder del Estado, pero no compartimos esa decisión porque nosotros estamos comprometidos, el presidente Hernández está comprometido en la lucha contra las maras y pandillas y crimen organizado que aterrorizan permanentemente al pueblo hondureño”, señaló Díaz.
Agregó que el Estado tiene que unirse y cerrar filas; eso fue lo que nos permitió bajar en más de 50% la tasa de homicidios.
“Si nos volvemos otra vez a dividir, si vuelven a haber fisuras en la institucionalidad y comienza a cederse, sin duda será una batalla ganada de parte de las maras y pandillas”, advirtió.
Una vez que la Sala Penal reciba el recurso de casación por parte de la Fiscalía revisarán el caso, pero por la alta carga procesal que tienen los magistrados no tienen un plazo estipulado para resolverlo, así como pueden dar una resolución en semanas también puede tardar años.
