TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los próximos días, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, llegará a la mitad del tiempo por el que fue nombrado al frente de ese poder del Estado.
El titular del Poder Judicial le abrió el pasado viernes las puertas de su oficina a EL HERALDO para dialogar sobre los retos y obstáculos con los que se ha encontrado tras su designación en enero de 2016.
La cita estaba prevista para las 8:30 de la mañana. Argueta llegó puntual. Se mostraba tranquilo mientras anunciaba algunos detalles de su agenda, entre ellos que atendería a personeros de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
Aquí la entrevista:
¿Cómo valora estos tres años y medio al frente de la Corte Suprema de Justicia?
El próximo 12 de agosto cumplimos el 50 por ciento del período, tres años con seis meses, llenos de retos, de problemas, obstáculos, pero también de satisfacciones trabajando desde ese 12 de febrero de 2016 que llegamos acá como presidente del Poder Judicial con la intención de consolidar los procesos, de corregir los errores, de solventar los problemas y lo esencial que ahí se resume todo el trabajo, en brindar una justicia pronta y de calidad.
¿Cuáles han sido sus mayores obstáculos?
La mora judicial que refiere a la tardanza en la resolución de miles de casos en las distintas materias, la forma en que se han seleccionado históricamente y nombrado a los funcionarios judiciales, esencialmente a los jueces y magistrados de apelaciones, el desánimo general en muchas judicaturas, la desmotivación del empleado judicial.
¿Cómo ha superado el desánimo de los funcionarios?
Hablando con la gente, motivándoles, dándoles el ejemplo. Yo les dije desde el primer día, para el caso, puede verse como un tema pequeño pero que es trascendental en el ejemplo mío, yo no voy a traer acá contratado a ningún pariente mío dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y no lo he traído, ni lo voy a traer, no voy a traer a gentes nombrándolas solo porque son amigos, eso es dar el ejemplo.
Y dar el ejemplo en materia de transparencia en el manejo de los recursos. Yo mismo les digo a los directores que tienen la obligación de manejar los recursos del Poder Judicial con honestidad y honradez, y quien no lo haga yo mismo me voy a encargar de ponerlo a disposición de los órganos de investigación, administrativo, civil y criminal.
¿Y lo ha hecho, presidente?
En algunos casos hemos mandado al Ministerio Público, desde los primeros días de nuestra gestión, informaciones sobre sospechas, sobre imputaciones que surgen de auditorías internas, por ejemplo, en el manejo de viáticos que heredamos en la administración anterior.
¿Cuántos expedientes de funcionarios judiciales ha remitido al Ministerio Público?
Nosotros, desde el punto de vista administrativo, en la Supervisión llevamos cerca de 400 casos a igual número de funcionarios a los que se han impuesto sanciones administrativas que van desde la amonestación verbal, escrita, multa, suspensiones, hasta los despidos.
Yo le puedo hablar hasta este día de hoy, unos 340 casos contentivos de sanciones a funcionarios judiciales de todo tipo, magistrados de apelaciones, jueces de sentencia, jueces de letras, de paz, secretarios, receptores, archiveros, conserjes, llevamos cerca de 60 casos que son contentivos de despidos en el Poder Judicial, entiendo que 20 son por abandono del cargo, que es un despido automático.
¿Se le respeta el estado de inocencia a los funcionarios señalados?
Claro, por no haberse respetado antes el Poder Judicial lleva perdidas todas las demandas antes de nuestra gestión. Los despidos que hizo el ex Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, gestión 2013-2016, han sido objetos de demandas por parte de los jueces despedidos y el 100 por ciento de casos los hemos perdido, porque los procedimientos entablados por el entonces Consejo de la Judicatura fueron erróneos y al margen de la ley. A nuestra gestión le ha tocado indemnizar a 20 jueces a un costo de 20 millones de lempiras.
¿Qué opina del nuevo Código Penal que entrará en vigencia en noviembre?
Hemos analizado el Código y la conclusión que sacamos es que tiene muchísimas cosas positivas, buenas, y también tiene cosas que habría que mejorarlas. Cosas positivas: el sistema sancionatorio, me parece muy novedoso porque con el actual y los anteriores, la sanción y el castigo solo ha sido prácticamente la cárcel y en algunos otros casos la multa.
Un Estado no puede castigar a todo y a todos solo con cárcel, existen delitos de bagatela, que no causan un daño tan grande, otros como de la criminalidad organizada que no necesariamente hay que castigarlos con cárcel.
Pero en algunos delitos de criminalidad organizada y corrupción se suavizaron las penas.
Nosotros particularmente no estamos de acuerdo y pedimos una revisión, que son las cosas que habría que atender e intentar modificarlas, el ámbito sancionatorio en la reducción de penas que se hizo en algunos delitos, en algunas tipologías del tráfico ilícito de drogas, extorsión, agresiones sexuales y corrupción, nos parece que no debió reducirse las penas.
Todas estas tipologías deben de ser castigadas desde el punto de vista ejemplar, no puede el Estado hondureño ser débil o blando en el tratamiento a la gente que comete este tipo de delitos de criminalidad organizada.
El Código Penal es completamente revisable, no estamos de acuerdo que se deseche el 100 por ciento de las normas contenidas, sí propugnamos porque se ratifiquen buena parte del contenido y que se revise la otra parte para mejorarla.
¿Estaría de acuerdo con que se aumente la vacatio legis?
Sí, siempre comentamos con algunos miembros del órgano legislativo la necesidad de que la vacatio legis no fuese de seis meses como se decía y resultó ser finalmente, porque los organismos de justicia con esta normativa tan importante y con tantos cambios, y de una utilidad grandísima para la sociedad, requiere el tiempo y desde el día que se aprueba y sale en el Diario Oficial La Gaceta hasta su entrada en vigor, de un espacio temporal e importante para la capacitación de los operadores de justicia.
Eso no se hacen en seis meses, han pasado tres meses ya, solo queda agosto, septiembre y octubre, nosotros propugnamos que se diera un espacio de al menos 12 meses en total. Yo estaría hablando de que a partir de noviembre se puedan dar entre seis y 12 meses más.
La Maccih ha cuestionado que algunos casos presentados se encuentran engavetados en el Poder Judicial, ¿qué opina?
Es la lucha constante que tenemos desde la presidencia y desde el pleno de la Corte, el que se resuelvan los casos en los plazos establecidos por la ley y en cada reunión privada y pública con los jueces, esa es la sugerencia respetuosa que se les hace, resolver a tiempo.
Algunas veces hay que entender la dilación en la resolución por la cantidad enorme que tienen los jueces en los casos, pero no debería ser una justificación plena, eso solo es una parte del problema, la otra parte es el hecho de que los actores en las partes en un proceso tienen el derecho a que resuelvan en los casos que designa la ley.
¿Por qué no se ha dictado sentencia a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla?
En el caso de la ex primera dama, desde el día en que el pleno resolvió las acciones de amparo y que debieron remitirse al tribunal de sentencia de donde provenía, la instrucción nuestra a la Secretaría General, que fue el siguiente canal por donde debía de pasar estas acciones de amparo, fue que eso debería certificarse de la manera más pronta posible y yo mismo veo con extrañeza que han pasado ya 45 días y no se ha enviado esa certificación y hemos reclamado nosotros mismos el porqué ha pasado tanto tiempo.
Se nos ponían una serie de excusas o de justificaciones y les dije que vean la forma de cómo se resuelve.
A mí no me interesa cómo el tribunal va a dictar su fallo porque no es mi competencia, pero sí me interesa que los procesos, todos, se lleven a cabo lo más rápido posible y de forma expedita, porque justicia tardía no es justicia.
Tengo entendido que a más tardar hoy se estaría remitiendo esa certificación al tribunal para que se dicte la sentencia más adecuada.
¿El caso Pandora está estancado en la Corte de Apelaciones natural?
Hay que entender, en primer lugar, la complejidad de los asuntos, y lo que yo vi en los propios medios de comunicación en relación con la imputación, a los medios de prueba y a la duración de la audiencia inicial, sin duda alguna me parece un caso altamente complejo, hay prueba testifical, documental y pericial abundante, hay estudios periciales, patrimoniales, cruce de información bancaria, eso hay que entenderlo.
Lo que puedo manifestar es tratar de conversar con los magistrados que componen la Corte de Apelaciones a efecto de poderles, con todo respeto, que se resuelva eso en los próximos días de la manera, por supuesto, en que ellos estimen más adecuada a la prueba que se evacuó.
¿Ha recibido chantajes de parte de diputados implicados en supuestos actos de corrupción?
Para nada, en lo absoluto con el órgano legislativo y el mismo Ejecutivo, para el caso, tenemos una relación estrictamente de trabajo y en cumplimiento de lo que establece la Constitución por el principio de independencia de poderes, pero a la vez la complementariedad de los poderes. Y en los casos en los que ha habido diputados acusados, que son varios ya, la gente ha visto todo tipo de decisiones judiciales, en algunos se ha sobreseído provisionalmente, en otros definitivos y en otros hay diputados con auto de formal procesamiento. En el caso Pandora, el 95 por ciento de los imputados, incluso diputados, están procesados. No hay ninguna intención de favorecer o perjudicar a alguien por ser miembro de un partido político o de un Poder del Estado.
¿Qué opina de la auditoría que se le hará a la Maccih?
Dándole un análisis concreto y de fondo a esta iniciativa de la Secretaría de la OEA y del Ejecutivo en el marco de propender a una verificación de lo que han hecho y no han hecho a través de un organismo independiente, objetivo e imparcial, parece que es buen criterio y buen punto de partida en relación con el informe que ellos puedan presentar con sus conclusiones y recomendaciones.
Lo que yo sí he dicho es que el país no puede depender o estar acompañado indefinidamente, por décadas, de entidades extranjeras porque para eso somos los hondureños. Agradecemos el apoyo, el acompañamiento, pero necesitamos caminar solos, ser estrictamente soberanos, independientes y para ello necesitamos que los procesos, no solo en el tema de la aplicación de la ley penal e investigación criminal, lo hagamos nosotros los hondureños.
¿Cómo debe ser la pena impuesta a los corruptos?
Lo reiteramos, deben tener una pena ejemplar, pero tanto los corruptos como los acusados por cualquier delito deben de contar con las garantías necesarias del debido proceso, del estado de inocencia, del derecho a la defensa, del principio de igualdad y legalidad en el marco de los procesos de investigación, de acusación y de judicialización, por detestable que sea un delito o una acción, si no hay debido proceso y esos otros principios no podríamos estar en presencia de un verdadero estado de derecho.
¿Cuántas solicitudes de extradición han resuelto últimamente?
No tenemos mora, estamos en cero mora. El 100 por ciento de las solicitudes, que la gran mayoría son de Estados Unidos, y por temas de criminalidad organizada han sido tramitadas y procesadas adecuadamente.
El 100 por ciento de las solicitudes tienen juez, designado por el pleno, como es el mandato constitucional y del auto acordado, en muchas de ellas han habido decisiones finales que en la gran mayoría, el 99 por ciento, ha sido otorgada la extradición.
La otra parte que no han avanzado es porque el juez de ese caso está esperando la detención de las personas sobre la cual hay orden de captura, entenderíamos que la Secretaría de Seguridad está en la ubicación de estas personas, no preciso la cantidad de personas.
