CHOLUTECA, HONDURAS.- De ahora en adelante únicamente el Estado, por medio de los órganos jurisdiccionales, podrá tener acceso a los registros del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), bajo la observancia de procedimientos legales. Así quedó establecido en la reforma al artículo 77 de esta normativa.
Lo anterior afecta el accionar del Ministerio Público (MP) al igual que de su dependencia, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), reconocieron los magistrados del ente contralor estatal.
Como parte de las enmiendas, también se estableció que la facultad del TSC para fiscalizar e investigar las operaciones y actividades de los sujetos pasivos prescriben en el término de cinco años cuando se trate de asuntos estrictamente administrativos, conforme al artículo 105. Se añadió a la disposición que cuando se trate de asuntos civiles la prescripción será por un término de 10 años y de 20 años cuando se trate de asuntos penales.
Estos términos se contabilizan a partir de la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo, constató EL HERALDO en el dictamen del proyecto de cambios aprobados durante la sesión del Congreso Móvil de Choluteca.
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Un total de 32 artículos de este instrumento jurídico, contentivo en el decreto 10-2002, fueron modificados a través de esta iniciativa, cuyo dictamen se volvió a elaborar y solo contó con el respaldo unánime de la bancada del Partido Nacional.
Algunos diputados del Partido Liberal apoyaron estas enmiendas, no así los congresistas de Libertad y Refundación (Libre) ni del Partido Innovación y Unidad (Pinu) que se opusieron a la admisión de las disposiciones por no haber sido socializadas.
Análisis
Un análisis de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) respecto al anteproyecto de las reformas a este marco legal señala que “contiene aspectos preocupantes, contrarios a la efectiva auditoría y la sana administración estatal como la reflejada en la supresión de los incisos 7, 8, 9, 10, 11, 12 del artículo 5 de la Ley Orgánica de la entidad supondría que el TSC no podría auditar ni fiscalizar fondos de concesionarios privados, las Alianzas Público-Privadas (APP), las privatizaciones de las empresas del Estado y los fideicomisos”.
Sin embargo, no se eliminaron esos literales de dicha disposición en el nuevo dictamen que presentó el diputado nacionalista Rolando Dubón Bueso, quien presidió la comisión
dictaminadora.
Polémica
Cuando el reloj marcaba las 12:37 del mediodía se introdujo ante el pleno de diputados la nueva versión del dictamen con los cambios a esta legislación y se pidió vía moción la dispensa de debates para que sea discutido y admitido en uno solo.
El enlace de la bancada de Libre, Carlos Zelaya, solicitó a la directiva del CN suspender la discusión de estas enmiendas, mientras leían el nuevo dictamen, lo cual se tomó en consideración. Al suspenderse la reunión por motivos de receso, legisladores del partido de izquierda se reunieron con autoridades del TSC para informarse acerca de las reformas.
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Luego de un poco más de dos horas se reanudó la sesión en el salón del hotel Gualiqueme, iniciando con la admisión de los cambios a la normativa.
Zelaya instó que se suspendiera la discusión del dictamen, caso contrario pidió que constara en acta que la bancada de Libre votaría en contra.
Aunque entre el PN, una facción del PL más los parlamentarios de los partidos minoritarios reunían más de la mayoría simple (es decir 65 votos), la votación se hizo con la mano alzada, sin que hubiera ningún control.
El presidente del CN, Mauricio Oliva, justificó que en los últimos días los diputados aprobaron iniciativas de ley al igual que proyectos de decreto con este método que ha sido cuestionado por no ser transparente.
Mientras continuaba la aprobación de las reformas a la ley del TSC, los congresistas de Libertad y Refundación se levantaron de sus puestos para denunciar estas irregularidades.
Casi a matacaballo se discutieron las modificaciones con la advertencia de Oliva a los diputados de Libre que podrían ser sancionados por romper el quórum si abandonaban el recinto. Algunos legisladores pidieron explicaciones al magistrado presidente del ente contralor, Roy Pineda Castro, sin embargo, no se le concedió la palabra por la directiva del órgano unicameral que siguió con la admisión de los cambios.
Festín de impunidad
Previo a la aprobación del artículo de la vigencia del proyecto de decreto se añadió una disposición nueva de carácter transitorio a propuesta del diputado suplente nacionalista, Mario Cordón.
“Dispensar a los servidores públicos, personas naturales o jurídicas del pago de capital, intereses, multas y recargos derivados de la responsabilidad civil y administrativa emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas, cuyos montos sean inferiores a cien mil lempiras como resultado de informes anteriores o inclusive al año 2007 y que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto no tenga resolución definitiva. El Tribunal Superior de Cuentas regulará el proceso de depuración correspondiente”, subraya el artículo.
¡Corrupción!, ¡Corruptos!, empezó a gritarles en reiteradas ocasiones el congresista del Pinu, Luis Redondo, al incluir este artículo al dictamen.
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