TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El requerimiento fiscal emitido contra el comisionado general Leonel Sauceda Guifarro se desprende de una denuncia presentada ante el Ministerio Público por la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
Según la acusación a la que tuvo acceso EL HERALDO, en fecha 26 de agosto de 2016 “el Ministerio Publico recibió a través del Módulo de Recepción de Denuncias, de parte de los miembros del grupo legal de la Depuradora, documentación relacionada con ilícitos cometidos por miembros de la Policía Nacional, entre estos el general de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, que consta en expediente No. DECC-EP 135-2012”.
El requerimiento, en manos de EL HERALDO, lo respalda un análisis patrimonial realizado por la desaparecida Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, que resultó con una incongruencia patrimonial que puede ser susceptible de ser constitutivo del delito de lavado de activos.
Los agentes de la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial (UF-Adpol) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) procedieron a realizar las investigaciones y recepción de documentos para certificar y demostrar la comisión del delito y la participación de los investigados en el mismo.
Las indagaciones contra Sauceda y su esposa Patricia Sbetlana Estrada Pacheco, según el requerimiento en poder de EL HERALDO, se remontan al período comprendido entre 2006 y 2017, “logrando establecer que durante ese período de tiempo el desglose salarial del señor Sauceda fue de un sueldo neto de 5,795,089.12 lempiras”.
Un informe financiero y patrimonial elaborado por la Unidad de Análisis Financiero, de la UF-Adpol, logró establecer que los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas están relacionadas directa o indirectamente en la actividad ilícita.
Vea aquí: Así fue la captura del comisionado Leonel Sauceda
Las indagaciones indican que Sauceda no ha logrado justificar la procedencia lícita de 13,801,838.35 lempiras, mientras que su pareja no justificó 2,765,513.36 lempiras.
La suma de los recursos que, de acuerdo con el requerimiento fiscal, no logró justificar el matrimonio Sauceda-Estrada asciende a 16,567,351.71 lempiras.
Aunque no fue incluido en el requerimiento fiscal, Sauceda fue mencionado en el testimonio brindado por el capo de la droga Devis Leonel Rivera Maradiaga en el juicio del hijo del expresidente Porfirio Lobo.
Bienes
Durante 11 años, el señor Leonel Sauceda realizó una serie de movimientos bancarios en 13 cuentas, señala el informe del MP al que tuvo acceso EL HERALDO.
Los fiscales ejecutaron medidas de aseguramiento de bienes de origen ilícito, ocho de ellos muebles e inmuebles, dos vehículos y 23 corresponden a productos financieros.
Además, se logró determinar que Sauceda es dueño de una vivienda ubicada en la residencial Altos de Toncontín y una propiedad de al menos 100 manzanas de tierra en la aldea El Terrero, Olanchito, Yoro.
De la investigación se pudo determinar que el bien inmueble ubicado en residencial Altos de Toncontín adquirido por el señor Sauceda le cedió sus derechos a su esposa Patricia Sbetlana Estrada mediante escritura pública No. 64, en fecha 10 de noviembre de 2008.
Según el requerimiento fiscal, esta vivienda fue pagada al contado y en efectivo en un solo desembolso al Instituto de Previsión Militar, a un costo de 602,260.00 lempiras.
 |
Sin embargo, le concedieron por el hecho de pagarlo al contado un descuento del 10 por ciento, pagando la cantidad de 542,034.00, lempiras.
Este “efectivo del cual no se pudo determinar de dónde proviene el mismo, ya que no se pudo establecer alguna transferencia por dicha cantidad en las cuentas bancarias con las que contaba el señor Sauceda en la fecha de la compra.
Sobre el bien inmueble ubicado en la aldea El Terrero, el requerimiento indica que fue obtenido, según lo establece el imputado, en parte, mediante un préstamo de 1,500,000.00 lempiras al cual hizo abonos en efectivo de grandes cantidades de dinero, según lo indica el peritaje.
Vea aquí: 'Estamos sorprendidos por esta acción', abogado de Leonel Sauceda
“No existe la huella financiera en sus movimientos bancarios de haber realizado el retiro o débito; tampoco consta que se deduce mediante planilla, dicho terreno fue comprado según la documentación proporcionada por el imputado, por un valor de dos millones y el remanente (que serían unos 500,000 lempiras) lo obtuvo de un seguro que le dejara su hermana fallecida Doris Sauceda, de la cual no existe huella financiera”, señala el documento.
Defensa
César Bonilla, apoderado legal de Sauceda y su esposa, reaccionó sorprendido por la interposición del requerimiento fiscal.
“Un oficial de Policía con casi 30 años de servicio es lógico que tiene que hacerse de sus cosas, pero aquí hemos creado un estigma que representa que el policía no puede tener una casita digna o no puede tener un carrito digno porque ya (se piensa que) se está con delincuentes, me parece que es incorrecto”, expresó.
Manifestó que el recién ascendido a comisionado general es una persona honesta y que demostrará durante el proceso la procedencia lícita de sus bienes.
Detención
Ayer, los agentes de la ATIC y fiscales de la UF-Adpol ejecutaron un fuerte operativo para dar con la captura del comisionado Sauceda y su esposa.
Al filo de las 6:00 de la mañana, los fiscales ingresaron a la vivienda de Sauceda para informarle que estaba siendo requerido porque se le presumía responsable del delito de lavado de activos. En las afueras de su casa, varios vecinos reaccionaron sorprendidos por la captura del alto oficial de la Policía, que lo calificaron como honesto en sus actuaciones.
Tras leerles sus derechos, Sauceda y su esposa fueron esposados y trasladados hasta la sede de la ATIC en Comayagüela.
Al filo de la 1:45 de la tarde, el comisionado general fue remitido al Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional para comparecer en la audiencia de declaración de imputado.
A las 3:50 de la tarde, el juez Claudio Aguilar, asignado a este caso, dictó la medida de detención judicial contra el jefe de Recursos Humanos de la Policía y fue enviado al Primer Batallón de Infantería. Esta misma medida fue impuesta contra su esposa, quien fue remitida a la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social (Pnfas).
La audiencia inicial fue programada para el 14 de febrero a las 9:30 de la mañana.
Se lavan las manos
Mediante comunicados de prensa, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didapol) y la Comisión de Depuración reaccionaron a la captura del recién ascendido Sauceda.
Didapol explicó que son “una entidad para investigar las faltas disciplinarias graves y muy graves en que incurran los miembros de la Secretaría de Seguridad y de la Carrera Policial”.
Destacaron que no habían recibido información alguna, denuncia o informe sobre una investigación contra Sauceda “por el presunto delito que se le imputa, no obstante el Ministerio Público es un ente autónomo e independiente para adelantar todas las investigaciones relacionadas en materia penal”.
Advirtió que le darán seguimiento al proceso penal, para instar a la Secretaría de Seguridad a aplicar si corresponden acciones administrativas.
La Comisión Depuradora explicó que verificaron “el procedimiento aplicado para los recientes ascensos llevados a cabo al interior de la institución policial” y que los ascendidos pasaron por los filtros de evaluación.
En su comunicado, la Comisión Depuradora no hace referencia a que fue el equipo legal de esta entidad la que remitió el caso de Sauceda al MP. EL HERALDO intentó obtener mayores detalles sobre este último punto con la depuradora, pero no fue posible.
El comunicado sí indica que a Sauceda se le aplicaron las pruebas de “confianza, toxicológicas, poligráficas y sicométricas además de los exámenes médicos y pruebas físicas” para conocer la idoneidad, conducta y desempeño y se constató “que ninguno de los aspirantes a ascenso tenían sanciones disciplinarias, juicios en curso o reparos en firme que imposibilitaran el ascenso respectivo”.
