'Los magistrados mandan a que el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción celebre de nuevo el juicio contra la señora Rosa Elena Bonilla de Lobo, acusada de coautora de apropiación indebida en perjuicio del Estado de Honduras. Para esto, los magistrados han referido que esta resolución sea enviada a su lugar de origen, así como a la Corte de Apelaciones en materia de corrupción', informó Carlos Silva, vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
'Hay que mencionar que la defensa de Rosa Elena Bonilla acudió algo que se llama quebrantamiento de forma, que es uno de los tres motivos de casación penal al que se puede recurrir y el cual en esta ocasión fue declarado con lugar', agregó Silva.
Por su parte, Juan Carlos Berganza, abogado de Rosa Elena, informó: 'Lo que el tribunal ha dicho es aquí hay rompimiento de las normas esenciales para poder juzgar a una persona y por lo tanto el juicio se tiene que repetir'.
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'Con esto se ordena que se repita el juicio de mi representada y con nuevos jueces, este vuelve a su etapa inicial, con la única diferencia que la Sala de lo Penal deja por sentado que no existe delito de malversación de caudales público ni lavado de activos', agregó el profesional del Derecho.
'Otro de los puntos más importantes de esta resolución es que el ministerio público se basa en fotocopias para sustentar sus casos y eso es insostenible en un proceso judicial', expresó.
Caja chica de la dama
Según lo revelado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), la 'Caja chica de la dama' es toda una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado, destinado a obra sociales, y desviarlo para uso propio.El desvió de fondos habría ascendido a los 16 millones de lempiras.
Pero el caso abarca además a familiares cercanos de Rosa Elena Bonilla de Lobo como su cuñado Mauricio Mora Padilla, quien era director de la Unidad Desarrollo Comunitario del Despacho de la Primera Dama durante la gestión de la sindicada.
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Los imputados conformaron una organización delictiva para apropiarse de los fondos durante los años 2011 al 2015.
Para realizarlo emplearon más de 70 cheques que eran otorgados al menos a nueve personas (cómplices).
Para entregar los cheques y no ser detectados, los implicados simularon tener relaciones contractuales (contratos) con los que recibían los cheques.
Así lograban dar apariencia de legalidad a la transacción y después cobraban los cheques para convertir en efectivo el dinero desviado.
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