La ASJ revela perjuicio millonario en compras hechas por Invest-H

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) expuso los resultados de la auditoría realizada a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) por las compras realizadas en el marco de la crisis sanitaria en el país.

El proceso de adquisición ha sido fuertemente cuestionado por diversos sectores en los últimos días, luego de una serie de irregularidades que han trascendido en torno al tema, mismas que la ASJ constató de primera mano a través del análisis.

En esta ocasión la auditoría social se efectuó por la compra de 290 ventiladores mecánicos pulmonares, más de 2.3 millones de productos de bioseguridad y siete hospitales móviles.

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Hallazgos en los contratos de compras

Según el ente, entre las deficiencias identificadas en los procesos de adquisición figuran la falta de planificación de las compras, millonarios pagos anticipados sin garantías e inexistencia de penalidades por entregas tardías.

“Tres meses después, el pueblo hondureño todavía no ha recibido el beneficio de ninguna de cuatro de las cinco compras debido a la tardanza de los proveedores, la falta de equipo complementario necesario y la falta de personas capacitadas en el uso de las pruebas y ventiladores. En ese sentido, dedicar uno o dos días para validar con expertos de cada área estos procesos de compra, se hubiera traducido en la oportunidad de salvar muchas más vidas”, apuntó la organización de sociedad civil.

Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ, dijo que 'cuatro de las cinco órdenes de compras fueron canceladas porque los proveedores incumplieron los contrato, la única empresa que quedó dijo que entregaría los insumos en 10 días, pero al cierre de este informe ya registraba 65 días de retraso'.

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Por otra parte, se informó que todos los contratos fueron pagados por adelantado, pero se desconoce si el Estado logró recuperar los fondos ya que la entrega no se realizó.

Dentro de la investigación también se encontró que en el caso de la empresa Grupo G y T S.A de C.V, con las que se realizó un contrato por la compra de mascarillas N95, el valor de este era cinco veces mayor a todo lo que el Estado le había pagado en ocasiones anteriores por concepto de 75 contratos por insumos médicos durante 8 años.

Además, otro dato alertó a los auditores, ya que se encontró que Juan José Lagos, quien es socio y apoderado legal de dicha empresa, fue presidente del equipo de fútbol que era financiado con fondos del Registro Nacional de las Personas (RNP), caso que EL HERALDO reveló en años anteriores.

En el caso de la empresa, Distribuidora Comercial Hondureña S.A (DICOHNSA), otra de las empresas contratadas tiene un historial de 92 contratos con el Estado, por haber realizado trabajos de mantenimento, reparaciones eléctricas, materiales de ferretería y construcciones de tabla yeso.

Sin embargo, el valor del contrato de mascarillas pactado en medio de la pandemia, representa 8 veces más que los contratos anteriores.

Por otra parte, tiene como socia y representante legal a Alejandra María Rápalo, quien está vinculada a la oenegé 'Desarrollo Transformando Nuestra Nación', la cual está ligada a una presunta falsificación de documentos en el caso denominado 'red de diputados'.

Otro hecho alarmante es que una de las empresas contratadas no tenía exitencia jurídica y otras en realidad se dedican a las telecomunicaciones y seguridad, no al rubro de la salud.

Ventiladores mecánicos y otros insumos

Los informes de la ASJ indican que, al efectuar compras sin consultas ni análisis previos, el Gobierno de Honduras –a través de Invest-H- adquirió al menos 869 ventiladores mecánicos pulmonares y con la donación esperada de otros 600 más por parte de Estados Unidos existe el riesgo de que 1,469 ventiladores queden embodegados por falta de planificación y coordinación.

Aunque destacaron algunos hechos positivos como que la calidad y modelos de marcas de ventiladores mecánicos comprados 'se consideran versátiles y de buen rendimiento y responden a las necesidades de los pacientes'.

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Por otra parte, aseguran que el costo por el que el Estado de Honduras a través de Invest-H adquirió los mismos 'es razonable' ya que está valorado aproximadamente en 31,000 dólares y que tras consultar precios de mercado se constató que normalmente rondan entre 25,000 y 29,000 sin incluir costos de envío.

'Invest-H no hizo ninguna cotización. El Ministerio de Salud le dijo: mirá andá a comprar en estas empresas e Invest-H fue y lo hizo, y así terminó comprándole a 5 empresas', dijo Carlos Hernández durante la presentación.

En el caso de los 250 mil kits de pruebas para la detección de covid-19, no fueron adquiridos los kits de extracción ni los materiales de laboratorio necesarios y el personal de la Secretaría de Salud desconocía cómo usarlos, por lo que los kits de pruebas permanecieron almacenados algún tiempo, sin poder ser utilizados para la atención de los ciudadanos.

Hospitales móviles

Otros hallazgos giran en torno a los siete hospitales móviles que han desatado polémica, ya que dentro de las investigaciones ASJ consultó el valor de hospitales móviles con las mismas características, directamente con la empresa manufacturera (TNR Prefabrik) a la que Invest-H los compró, a un precio de 2 millones de dólares menos cada uno y hospitales muy parecidos con otra empresa (Turmaks) por 3 millones de dólares menos.

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Además, en el contrato no hay penalidades por entrega tardía, pero los primeros hospitales debieron ser recibidos hace más de 35 días. Tampoco se encontraron garantías de calidad y la adjudicación se realizó a una empresa sin documentos mínimos de identificación legal en el expediente digital de Invest-H.

Por otra parte, la ASJ pudo constatar que existen centenares de negocios registrados en la dirección física de la empresa Elmed Medical Systems (hospitalesmoviles.com) y, a pesar de búsqueda de varios días a través de Internet, no fue posible encontrar información concreta sobre ninguna venta de hospitales móviles de esta empresa en el pasado, tampoco hay registro de clientes actuales o anteriores, ni de representantes legales o dueños de la empresa, únicamente figuran como socios Axel López y Evana López.

Finalmente, los análisis concluyen que Invest-H “no ha desempeñado adecuadamente su función de manejar transparente y efectivamente la responsabilidad de usar los más de ‬‬‭80 millones de dólares invertidos en responder a la pandemia del covid-19 y el resultado‬‬‬‬ es que podría poner en riesgo la vida de millones de hondureños”, dijo la ASJ.

Vea aquí la presentación del informe completo: