Honduras

Amnistía Internacional exige a JOH encontrar con vida a los garífunas secuestrados

El organismo recordó a los representantes del Estado su deber de cumplir con la protección del grupo étnico y lamentó los hechos ocurridos últimamente

31.07.2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las horas pasan y la angustia por la incertidumbre al desconocer el paradero de cinco miembros de la comunidad garífuna de Honduras secuestrados el pasado 18 de julio, crece.

Las protestas no cesan y los pronunciamientos exigiendo el regreso con vida de cada una de las personas que fueron sustraídas de sus hogares por hombres armados y vistiendo indumentaria policial son constantes. En las últimas horas, Amnistía Internacional se sumó a las exigencias a través de un contundente escrito.

“Exigimos al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández que se tomen todas las medidas urgentes para localizar con vida a las cinco personas desaparecidas, entre ellas cuatro activistas garífunas de la Organización Fraternal Negra de Honduras. Asimismo, las autoridades deben realizar una investigación expedita, exhaustiva, independiente e imparcial para identificar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de este crimen. No podemos permitir que la impunidad engendre ciclos sin fin de violencia y graves violaciones de derechos humanos.” reza el documento.

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Además, aseguraron que desde el pasado 24 de julio la organización envió una carta abierta al presidente Hernández 'exigiendo que su gobierno garantice la localización de las víctimas, justicia para los hechos y protección colectiva para la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz'.

Por otra parte, el movimiento global recordó a las autoridades que tienen un compromiso de proteger a la etnia, sus tierras y su integridad luego de que el 8 de octubre de 2015 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fallara a favor de la comunidad de Triunfo de la Cruz y declaró al Estado culpable de violar sus derechos a la propiedad colectiva.

“Es imperioso que el presidente Hernández priorice en su agenda la situación de personas y comunidades defensoras, para que estos terribles hechos no vuelvan a pasar y las comunidades pueden defender sus derechos sin miedo de represalia', concluye el pronunciamiento, al tiempo que lamenta que por acciones como estas Honduras haya sido señalado como el quinto país con más asesinatos a defensores de la tierra y el ambiente, en el informe de la organización internacional Global Witness, publicado el pasado 29 de julio.

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Las personas a las que hace alusión el comunicado son: Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez; y a una quinta persona, Junior Rafael Juárez Mejía.

Sin embargo, el pasado miércoles 28 de julio, tres garífunas más fueron secuestrados en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, los cuales fueron identificados como Osbin Suazo, Jhon Crisanto Batiz y otro únicamente como Pavón, con los cuales suman ocho integrantes de la etnia secuestrados en diferentes circunstancias.

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A continuación el pronunciamiento de forma íntegra:

A casi dos semanas de la privación de la libertad ilegal de cinco hombres en un aparente caso de desaparición forzada en el pueblo costeño de Triunfo de la Cruz, Amnistía Internacional exige que las autoridades hondureñas tomen medidas urgentes para localizarlos con vida lo antes posible.

“Los testimonios apuntan a que los cinco jóvenes habrían sido víctimas de desaparición forzada a manos de supuestos agentes de las fuerzas de seguridad del Estado hondureño. De confirmarse, este crimen bajo el derecho internacional marcaría otro capítulo atroz en la historia reciente del país”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistia Internacional.

“Exigimos al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández que se tomen todas las medidas urgentes para localizar con vida a las cinco personas desaparecidas, entre ellas cuatro activistas garífunas de la Organización Fraternal Negra de Honduras. Asimismo, las autoridades deben realizar una investigación expedita, exhaustiva independiente e imparcial para identificar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de este crimen. No podemos permitir que la impunidad engendre ciclos sin fin de violencia y graves violaciones de derechos humanos.”

Testigos afirman que el 18 de julio individuos vestidos con indumentaria de la Dirección Policial de Investigaciones se llevaron de sus casas a cuatro miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez; y a una quinta persona, Junior Rafael Juárez Mejía.

Amnistia Internacional envió una carta abierta al presidente Juan Orlando Hernández el 24 de julio, exigiendo que su gobierno garantice la localización de las víctimas, justicia para los hechos y protección colectiva para la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz.

El 8 de octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y declaró al Estado hondureño culpable de violar el derecho de esta comunidad a la propiedad colectiva. Previamente, el 28 de abril de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares para la comunidad de Triunfo de la Cruz y pedido al gobierno que adoptara las medidas necesarias para proteger el derecho de esta comunidad a la propiedad de sus tierras ancestrales.

En un informe publicado el 29 de julio, la organización internacional Global Witness señaló a Honduras como el quinto país en número de asesinatos a personas defensoras del derecho a la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, y el primero per cápita.

“El gobierno hondureño debe cumplir inmediatamente con sus obligaciones internacionales, incluyendo el reconocimiento del territorio ancestral de la comunidad garífuna, y ejecutar un plan comprehensivo de protección colectiva que ataque las causas estructurales de la violencia en su contra”, dijo Erika Guevara Rosas.

“Es imperioso que el presidente Hernández priorice en su agenda la situación de personas y comunidades defensoras, para que estos terribles hechos no vuelvan a pasar y las comunidades pueden defender sus derechos sin miedo de represalia.”

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