Tras el hecho se conoció que dichos documentos pertenecían a la caja P151B77, la cual estaba bajo la supervisión de Gerson Daniel Moya Turcios, empleado del Registro Nacional de las Personas (RNP), quien ya fue interrogado para conocer su explicación de lo acontecido.
Las autoridades del RNP además detallaron que otros miembros del personal fueron sometidos a audiencias, ya que el material se desplazaba desde el centro de entrega hasta el lugar de resguardo y en el proceso participaron varias personas.
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El comisionado presidente del ente gubernamental, Roberto Brevé, dijo a los medios de comunicación que 'ya se activó el proceso de investigación para conocer cómo sucedieron los hechos, las audiencias, los interrogatorios, el procedimiento que se requiere', agregó que 'vamos a tomar todas las medidas penales y judiciales con todos los entes como el Ministerio Público. A los involucrados por el momento los tenemos separados de la institución, pero tenemos que continuar con la investigación'.
Con respecto a la posibilidad de que los documentos de los hondureños hayan sido usados antes de ser abandonados, dijeron en conferencia de prensa que se había procedido a su bloqueo de forma inmediata, por lo que todas las tarjetas encontradas quedaron sin valor y en los próximas días se procederá a su nueva impresión.
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Por otra parte, Brevé explicó que esta situación no generará un gasto significativo al Estado, pues por cada DNI solo se paga 1.82 dólares. Según informes del RNP hasta la fecha ya se han entregado 531,221 tarjetas de identidad en diferentes municipios de Honduras.
