TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unos 5.5 millones de hondureños están convocados el próximo domingo 28 de noviembre a ejercer el sufragio con una nueva Ley Electoral, que por sí sola no garantiza unas elecciones generales limpias y transparentes ya que esto también depende de la conducta y ética de los miembros de las mesas electorales, de los responsables del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la voluntad del mismo gobierno.
El CNE convocó este jueves a las décimo primeras elecciones generales que tendrá el país desde 1982, cuando se volvió al orden constitucional, en las cuales siempre ha estado presente el mal hábito de los políticos de controlar las mesas electorales para manipular los resultados, irrespetando la voluntad popular; y esta vez está lejos de ser la excepción, coinciden los analistas.
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Nuevo orden
Aunque la nueva legislación, recién aprobada, impone un nuevo orden a lo largo del proceso electoral en el que participarán 14 partidos políticos, dependerá del CNE y de los miembros de las mesas electorales, hoy llamadas Juntas Receptoras de Votos (JRV), implementar los cambios y eliminar viejos vicios de los políticos.
Por tratarse de una elección en tiempos de pandemia, el día de las elecciones el ciudadano al ingresar al centro de votación deberá seguir las medidas de bioseguridad necesarias, establecidas por el CNE para resguardar el derecho a la salud sin menoscabar los derechos civiles y políticos.
Una vez dentro del local donde ejercerá el sufragio, los electores ya no se toparán con la larga fila de supuestos representantes de los partidos políticos en contienda, detrás de la mesa de votación. En su lugar solo habrá cinco personas, tres de los partidos mayoritarios y dos de las entidades minoritarias.
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Con esta determinación de dejar solo cinco miembros de mesa con voz y voto, dejando por fuera la presencia de los partidos de pobre caudal electoral, se pretende reducir el tráfico de credenciales, que normalmente daban ventaja a las instituciones políticas que tenían el poder de comprarlas.
Las urnas abren a las 7:00 de la mañana y cierran a las 5:00 p.m.. En elecciones anteriores se cerraba a las 4:00 p.m. y se ampliaba una hora más, en esta ocasión no puede haber prórroga (artículo 263).
La nueva Ley Electoral, en su artículo 322, también manda a que se implemente un sistema de identificación electrónico de la huella digital, por lo que el elector al estar frente a la mesa electoral correspondiente tendrá que poner su dedo sobre un aparato que registrará su huella dactilar, lo cual lo bloqueará para que pueda votar nuevamente.
Al final del día y tras el cierre de las urnas, según el horario establecido en la ley, el ciudadano podrá ser testigo del escrutinio en las Juntas Receptoras de Votos ya que este debe ser obligatoriamente público.
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Cualquier ciudadano puede presenciarlo siguiendo el respeto. Los miembros de las Juntas Receptoras de Votos que no permitan o impidan que el escrutinio se celebre de manera pública incurren en responsabilidad penal.
Luego del escrutinio y firma de las actas por los miembros de la Junta Receptora de Votos, deberá darse la transmisión de datos “en aplicación de los procedimientos técnicos, transparentes y seguros” establecidos por el CNE, el cual según la nueva Ley Electoral, tres horas después de haber cerrado la votación el pleno de consejeros debe iniciar la divulgación de los resultados preliminares.
De acuerdo con la normativa, “el sistema de transmisión que se adopte debe tener interconexión directa con el servidor de cada uno de los partidos políticos participantes, las salas de observación y los medios de prensa tanto nacionales como internacionales y debe ser adjudicado cuatro meses antes de la celebración del proceso electoral”.
Los resultados a boca de urna solo se pueden brindar tres horas después del cierre total de las votaciones.
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Resultados
Los resultados de las elecciones generales no solo permitirán la llegada de nuevos representantes al Poder Ejecutivo, Legislativo y a las corporaciones municipales, sino que determinarán el financiamiento público y el futuro para algunos veteranos y noveles partidos políticos, que en las elecciones generales del 2017 apenas sacaron entre cinco mil y seis mil votos.
Si no aumentan su caudal electoral estas instituciones apenas alcanzarán un financiamiento de unos 350 mil lempiras, ya que la deuda política se les pagará a 59 lempiras el voto obtenido, contrario a la elección general anterior donde se les dio entre nueve y diez millones de lempiras.
El marginamiento en las Juntas Receptoras de Votos y el pago de 59 lempiras por voto obtenido no solo amenaza con el fin de las entidades políticas minoritarias, sino que evitará el aparecimiento de nuevos partidos de maletín.
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Viejas prácticas
Para el analista político Miguel Cálix, la nueva Ley Electoral “hay que verla con nuevos ojos porque son nuevas reglas para un nuevo contexto, pero mientras los partidos políticos sigan con las mismas prácticas, la ley no será suficiente”.
Hay una realidad que no se cambia solo con leyes, si bien esta es una herramienta que refleja una convicción colectiva, no cambia las prácticas políticas de inmediato porque los operadores políticos y el votante siguen siendo los mismos, añadió.
A criterio de Cálix, los vicios no se cambian con ley y quienes crean que con la nueva Ley Electoral se garantizará la transparencia de los próximos comicios están equivocados; para ello también se necesita un cambio de conducta de los políticos y de los que aplican las normas.
En la próxima contienda se verán algunos cambios concretos como ser la composición de las mesas, en el tema de la deuda política, pero las viejas prácticas también seguirán ahí, agregó Cálix.
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Por su parte, Omar Rivera, secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), considera que para que haya unas elecciones limpias y transparentes no basta solamente la ley, depende también del rol que desempeñen otros actores fundamentales como las autoridades como el CNE, del Tribunal de Justicia Electoral, del Registro Nacional de las Personas (RNP) y de la Unidad de Política Limpia.
Asimismo, dependerá de factores logísticos y presupuestarios que provienen del gobierno; pero también por otro lado está el papel de los partidos políticos, que se opusieron a la ciudadanización de las mesas electorales y prefirieron repartirse su manejo, así como las credenciales, “de esta manera el proceso está en manos de los partidos”.
De igual manera es importante, en la lucha por un proceso electoral limpio, el rol que pueda jugar la sociedad civil y la ciudadanía ejecutando acciones de observación electoral y de veeduría, explicó Rivera.
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