TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La oposición contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) ha cobrado fuerza en los últimos días porque confronta a la Constitución de la República y porque no existe claridad sobre sus alcances legales.
El Estado se expone a severas sanciones internacionales en materia económica y de defensa de los derechos humanos, derivado de los tratados internacionales a los que Honduras está suscrita.
“Se pueden dar varias circunstancias, pueden haber sanciones desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y desde el punto de vista comercial también”, expuso Kenneth Madrid, representante de la sociedad civil.
Aseveró que algunas instituciones como la Organización Internacional del Comercio y otras están analizando los alcances de las ZEDE para identificar que le podría traer perjuicios al país en cada uno de los tratados en los que el país está suscrito.
LEA: ¿Por qué las ZEDE ponen sobre el filo de la navaja al Estado hondureño?
Empleos
El secretario técnico de las ZEDE, Guillermo Peña, expresó que no es cierto que este tipo de proyectos es solo para extranjeros, “aquí estamos presentes muchos profesionales del país, para conocer a cabalidad la temática que se puede considerar como el avance natural a las zonas francas”.
Los que se oponen a este polémico proyecto consideran que debe ser socializado ampliamente a fin de evitar una nueva crisis. “Es necesario socializar la instalación de las ZEDE, para evitar una crisis social y más polarización de la sociedad”, advirtió el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, declaró que el proyecto no ha sido conducido correctamente por las autoridades gubernamentales y por ello ha surgido un amplio rechazo a todo su entorno.
ADEMÁS: Sorpresa por ZEDE en San Marcos de Colón
“Nos oponemos a la manera en cómo se están estructurando estas inversiones, porque es un proyecto que lacera nuestra soberanía”, expresó Facussé.
Desde el gobierno ven poco viable que las ZEDE puedan ser derogadas y más bien aseguran que es un tema que la oposición ha tomado como bandera de lucha en las vísperas de la celebración de las elecciones generales de noviembre próximo.
“Las ZEDE que ya están (instauradas), aunque se reformara la Constitución tienen que estar operando diez años más como mínimo, si las quieren reventar tienen que ir con un recurso de inconstitucionalidad y tienen que lograr que la Corte falle en contra de eso”, declaró el asesor presidencial, Marvin Ponce.
