Entre los señalados aparece el exmandatario Porfirio Lobo Sosa que, de acuerdo a la divulgación, “está comprometido en corrupción significativa mientras era presidente cuando aceptó sobornos del narcotráfico”.
Lobo Sosa ha sido mencionado en diferentes cortes federales de Estados Unidos por los cabecillas del cartel de ' Los Cachiros', Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga.
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Por su parte, el diputado Óscar Nájera, relacionado con 'Los Cachiros', según EE UU, él participó en importantes actos de corrupción ligados a ese cartel.
También aparece la esposa de Lobo Sosa, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, que se vio involucrada en corrupción significativa mediante fraude y malversación de fondos públicos en el caso 'Caja chica de la dama'.
Ella fue enjuiciada por el desvío de más de 12 millones de lempiras de las arcas públicas. En los próximos meses enfrentará su juicio.
Estados Unidos también señaló como corrupto al exdirector de Invest-H, Marco Antonio Bográn, implicado en la compra irregular de insumos y equipo médico durante la pandemia.
Bográn fue procesado por la justicia hondureña por la compra de los siete hospitales móviles y ahora se encuentra en prisión a la espera del desarrollo de su juicio.
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En el listado también aparecen una serie de diputados y exdiputados que fueron señalados anteriormente en el denominado caso Pandora.
Aquí figuran los actuales diputados Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, el diputado liberal Elvin Ernesto Santos, Elden Vásquez y Miguel Martínez, que fueron acusados por el Ministerio Público del desvío de más de 280 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura para el financiamiento de campañas políticas
Pero posteriormente fueron liberados de toda responsabilidad penal por parte de la corte de apelaciones designada, que fue conformada por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Los congresistas Gladys Aurora López, Milton Puerto Oseguera, Juan Carlos Valenzuela, Gustavo Alberto Pérez y Welsy Milena Vásquez, que fueron imputados por el desvío de 800,000 de dólares en el caso denominado Arca Abierta.
De ellos, solamente el diputado Valenzuela fue liberado de toda responsabilidad penal. El resto se mantienen con un auto de formal procesamiento pero se defienden en libertad.
La Corte Suprema de Justicia mantiene engavetado un recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía y la defensa sobre este expediente judicial.
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Mientras que los diputados Román Villeda Aguilar y Sara Medina Galo, fueron sindicados en el denominado caso Pacto de Impunidad, por la obstaculización de las investigaciones sobre corrupción, que resultó en la desestimación de un caso de malversación contra una ONG en la habían varios congresistas que estaban bajo investigación por redirigir dinero.
En el caso de Villeda Aguilar se encuentra enjuiciado. En el caso de la diputada Medina Galo, su proceso fue archivado por un juez natural.
En la lista también figuran los diputados Augusto Cruz Asensio, Eleazar Júarez, Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez.
Estos parlamentarios se vieron implicados en la significativa malversación de fondos públicos en proyectos de limpieza de solares y calles en sus departamentos de origen.
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El caso fue bautizado como Red de Diputados. Inicialmente fue archivado por un juez de letras natural, sin embargo una corte de apelaciones ordenó remitirlo nuevamente al juzgado para su reactivación y continuación del proceso.
Presuntamente, estos congresistas desviaron 3.3 millones de lempiras a través de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras.
