La aprobación del Congreso Nacional hacia el decreto, que oculta información de la compra de vacunas contra el covid-19, ha generado polémica en diversos sectores de la población, pues muchos consideran que esta decisión promueve la falta de transparencia y entorpecerá procesos investigativos de organizaciones sobre el manejo de la pandemia en el país.
Ante las diversas críticas, la ministra de Salud se pronunció al respecto, aclarando que 'no son la Secretaría de Salud y el Gobierno que piden la secretividad del contrato, es la industria farmacéutica la que exige que para negociar el contrato debe quedar en reserva la información'.
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En suma, dijo que los costos de las adquisiciones estarán a la orden del día, así como la propiedad intelectual, componentes de la vacuna, datos exclusivos de la farmaceútica, metedología y otros procesos. Únicamente, habrá limitación en conocer la cifra de las vacunas compradas.
Flores refirió que como consecuencia de limitaciones en el procedimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), autoridades de Salud y gubernamentales optaron por buscar la promulgación del decreto a través del Legislativo. Esto se hizo, dijo Flores, 'para que el procedimiento en todo caso sea legal'.
'Lamentablemente, tenemos que ajustarnos a las exigencias, estamos en una encrucijada dónde o cumplimos las exigencias de ellos o no tenemos vacunas disponibles en el país', amplió la funcionaria.
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Decreto
Tras la dispensa de dos debates, que solicitó el diputado nacionalista , Mario Pérez, los parlamentarios aprobaron en su totalidad el proyecto que declara como reservada la compra acordada entre el Gobierno de la República de Honduras y las empresas farmacéuticas fabricantes o proveedoras de las vacunas contra la enfermedad viral.Los artículos que aprobó el Congreso a solicitud del Poder Ejecutivo, rezan lo siguiente:
'Artículo 1: Declarar información reservada, acordada entre el Gobierno de la República de Honduras y las empresas farmacéuticas fabricantes o proveedoras de las vacunas contra la COVID-19, contenida en los acuerdos y contratos vigentes y que sean suscritos, para la adquisición y suministro de las mismas.
Artículo 2: La información reservada referida en el artículo anterior, tendrá vigencia por un plazo que no exceda el término de 10 años.
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Artículo 3: El presente decreto entra en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial 'La Gaceta'.
El proyecto de decreto fue analizado por una Comisión Especial que dio el visto favorable para que el Legislativo aprobara la solicitud.
Lo anterior evita que los contratos que el gobierno firmó con las farmacéuticas que distribuyen las diferentes vacunas contra el coronavirus sean conocidos por la población en un lapso no mayor de 10 años.
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