Esta nueva prisión surge luego que el 17 de mayo de 2004 un total de 107 privados de libertad de la bartolina 19 del Centro Penal de San Pedro Sula perecieran al incendiarse la cárcel.
Posteriormente, ante una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado hondureño aceptó su responsabilidad y luego de llegar a un acuerdo amistoso con los representantes de las víctimas se comprometió a construir el mencionado presidio, obligación que quedó establecido en la sentencia internacional de fecha 27 de abril de 2012.
LEA: En el olvido millonario proyecto de megacárcel en La Acequia, Santa Bárbara
La ejecución del proyecto quedó bajo la responsabilidad de un comité pro construcción dirigido por Monseñor Rómulo Emiliani. La obra avanzó de forma transparente hasta el 2016. Luego el gobierno determinó que tal comité ya no debía continuar y le quitó el proyecto, que luego abandonó.
Para Hugo Maldonado, defensor de derechos humanos, la construcción de la cárcel de La Acequia actualmente se la come la maleza. “Cuando el Codeh preguntó por qué no se continuaba se le respondió que había que invertir más de lo que se había invertido ya que había que hacerse un nuevo diseño”, sostuvo.
ADEMÁS: En selva y hábitat de serpientes se convirtió la megacárcel de Naco
Recursos
En esta construcción, según registros del CNDS, se invirtieron 180 millones de la Tasa de Seguridad. En la resolución 44 de fecha 26 de agosto de 2013 se establece la primera erogación de 20 millones de lempiras.Posteriormente, el 2 de junio del 2014, mediante la resolución 48 se asignó otros 60 millones para “apoyar y concluir con la primera etapa del centro penitenciario nacional noroccidental La Acequia, más el costo de supervisión de la obra debidamente terminada”.
De la misma forma, el 16 de marzo de 2015 mediante resolución 18-2015 se instruyó al Comité Técnico de la Tasa de Seguridad erogar 120 millones de lempiras más como ampliación del presupuesto para la finalización de la construcción de la primera etapa del centro penal.
Un año antes, específicamente el 12 de agosto de 2014, el CNDS a través de la resolución 78-2014 instruyó a la Oficina Administradora de Bienes Incautados ( OABI) entregarle a la fundación para la construcción del penal un primer lote de chatarra incautada valorada en 877,777 lempiras y un segundo lote con un valor de 11,178,222 lempiras.
ES DE INTERÉS: 'Narcos' operan bajo las sombras en El Paraíso, Copán
En el documento se hace ver que “el Estado de Honduras tiene una obligación que nace de un acuerdo de solución amistosa homologado por la Corte Internacional de Derechos Humanos”, por lo que la OABI “en atención a la ley para el establecimiento de una visión de país y la adopción de un plan de nación, en procura de evitar una sanción internacional por incumplimiento de la obligación que nos ocupa, pone a disposición del Estado un lote de diez y nueve (19) ítems, agrupada en diez y seis (16) partidas de bienes en estado de deterioro declarados en comiso”.
El material debe ser traspasado a “favor de la Comisión Pro Desarrollo de San Pedro Sula o la Fundación para la Construcción del Centro Penal Noroccidental”.
Y que de esta manera se continúe con este proceso que desde un inicio ha “apoyado la OABI con la donación del terreno donde se construirá dicho Centro Penal y ahora con la solicitud de certificación o constancia para distribuir anticipadamente la chatarra incautada y así generar los recursos necesarios para la finalización de la obra”, establece la disposición.
+: Narcos 'juniors' asumen el control del tráfico de drogas en Honduras
Inconvenientes
De acuerdo con Juan Ramón Molina, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep) ante la Tasa de Seguridad, se armó un equipo de trabajo integrado por la fundación proconstrucción y una contraparte del Estado para ejecutar la obra y la Tasa solo estaba involucrada en la parte de financiamiento.En el proyecto surgieron un “montón de inconvenientes que tenían que ver con las leyes internacionales para los derechos humanos y un montón de regulaciones para este tipo de construcción”, manifestó.
Recordó que el gobierno contrató a unos consultores internacionales para que vinieran a revisar el proyecto y “se hicieron un montón de observaciones, en ese momento ya se estaban inaugurando las cárceles de “El Pozo I” y “El Pozo II”, como se les conoce. Se dijo que la cárcel de Naco debería cumplir con todas las normas que estaban cumpliendo los demás centros penitenciarios, porque no era correcto hacer unas que cumplían con todas las normas y otras que no cumplían”.
VEA: ¿Lo entregarán este año? Tramo de 30 km y detalles viales faltan de Canal Seco
Los consultores iban a presentar un informe al gobierno con las recomendaciones para convertir esa cárcel en un centro penitenciario moderno. “Es que un diseño de una cárcel no es un tema que se hace de un día para otro, y al final se paró el proyecto esperando todos los informes técnicos, pero en eso nos agarraron los huracanes y la pandemia”, argumentó Molina.
“En su momento se dijo que no se puede seguir invirtiendo en un proyecto que al final puede ser perjudicial para el país. Tengo entendido que desde 2015 ya no han salido más recursos de la Tasa de Seguridad para ese penal”, recordó.
Se estaban esperando los planos finales para reiniciar el proyecto y así ejecutar algo moderno, sostuvo.
ADEMÁS: Sin rastro de L 13 millones para indemnización a familiares de reos calcinados
