Doris Gutierrez y Marcio Sierra, ambos parte del equipo de trabajo de Castro, explicaron que el proyecto llamado ' Ley de protección especial de funcionarios y exfuncionarios en situación de peligro o riesgo inminente' contempla cuatro categorías:
Categoría uno: Presidente de la República y expresidentes de la República; presidente y expresidentes del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fiscal y Exfiscal General de la República.
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Categoría dos: Magistrados, exmagistrados de la CSJ y Cortes de Apelaciones de Jurisdicción Nacional, jueces y fiscales en alto riesgo; Fiscal y Exfiscal General Adjunto de la República, secretarios, exsecretarios de Estado en los Despachos de Seguridad y Defensa Nacional.
También estipulado la protección especial para el presidente, presidenta y expresidentes de las Comisiones de Seguridad y Defensa nombrados por el Congreso Nacional de la República, así como los miembros de dichas comisiones, cuando así lo aconseje el caso concreto, conforme al análisis del riesgo surgido. De igual forma, el o la titular de la Servicio de Administración de Rentas (SAR).
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Categoría tres: Director y exdirectores nacionales de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, jefe y exjefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. Asimismo el director general y exdirectores generales de la Policía Nacional de Honduras; jueces con competencia Territorial Nacional y otros constituidos para el tratamiento de casos de crimen organizado.
También, fiscales especiales constituidos para el tratamiento de casos de crimen organizado y otros funcionarios de las diferentes entes del Estado, cuyas decisiones o actuaciones en el ejercicio de sus funciones, los coloquen en una situación de riesgo extraordinario y extremos contra su integridad física, previo a su respectivo análisis de riesgo.
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Categoría cuatro: Aquellos funcionarios y exfuncionarios, jefes de unidades cuya responsabilidad principal haya sido el cuidado y protección de los dignatarios descritos en la categoría uno. Además, se considerarán dentro de esta categoría a los ciudadanos no funcionarios que hayan colaborado en la toma de decisiones de los funcionarios y exfuncionarios descritos en la categoría uno, previo a su respectivo análisis de riesgo.
“Crearán una unidad especial de protección con un presupuesto de 250 millones de lempiras, de los cuales L125 millones serán obtenidos de la Tasa de Seguridad y el otro 50 por ciento del Presupuesto General de la República”, denunció Gutiérrez.
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'Ya tienen el borrador y planean discutirlo hoy o mañana. No permitamos eso, ese dinero puede servir para medicinas, cómo es posible que se use para gente que le ha hecho tanto daño al país', añadió Marcio Sierra.
El proyecto sería aprobado en sesión virtual este viernes por el Congreso Nacional.
