El gobierno urge una reingeniería integral del sector público para evitar el colapso ante la cantidad de empleados que realizan funciones repetidas en varias instituciones del Estado.
Ese es el criterio del exministro de Finanzas, Arturo Alvarado, quien sostiene que el Poder Ejecutivo debe enfocar esfuerzos en una “profunda” revisión del gasto y los ingresos antes de aplicar más impuestos a los hondureños.
Y es que cada vez es mayor el gasto público en el pago de salarios a trabajadores que se desempeñan en instituciones diferentes, pero que realizan la misma labor, en detrimento tanto de las finanzas públicas y la economía de la población.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cifra de empleados de la administración pública central y descentralizada ya alcanza los 205,982 en Honduras.
De ellos, un alto porcentaje se desempeña en instituciones de gobierno que cumplen funciones similares y que poco o ningún valor agregado generan a favor de la población.
Para el caso, existen varias instituciones de gobierno que trabajan en temas de atención a la niñez y la familia y que absorben cantidades millonarias de recursos que se diluyen en pagos de salario en vez de atención a los grupos vulnerables.
La duplicidad de funciones es evidente al hablar del instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (Pani), Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa), Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y el Instituto de la Juventud, que entre todos absorben más 550 millones de lempiras al año, en su mayoría destinados al pago de más de 2,000 empleados.
Es de mencionar que en su momento el gobierno inició pláticas para fusionar algunas de estas instituciones, pero al final no hubo ningún resultado.
Derechos humanos
Otro ejemplo ocurre en el campo de los derechos humanos, donde el Ejecutivo, habiendo un Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, creo una Secretaría de Justicia y Derechos Humanos que usa más de 42 millones de lempiras al año, y por si fuera poco, también estableció la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos al interior de la Secretaría de Seguridad.
“Aquí se tiene que trabajar tanto en la parte de gasto como en la parte de ingreso; en los gastos yo creo que el gobierno tiene que sentarse a realizar una reingeniería integral del tamaño del sector público, evitar las duplicaciones, mejorar la calidad de la gente con que se trabaja de tal forma que pueda cumplir con su función de beneficio a la ciudadanía”, explicó Alvarado.
Para este año, el Congreso Nacional respetó las cifras del Ejecutivo al aprobar el presupuesto del ejercicio fiscal 2012, tal como fue recomendado por la cantidad de 144,338 millones de lempiras, con un aumento de 11,049 millones con relación al de 2011.
El incremento se justificó en los compromisos laborales del gobierno con gremios como el de los maestros. “Uno realmente lo que siente es que estamos siendo aplastados por una burocracia que cada vez consume más y más recursos y que el presupuesto de gastos es, como dice el ministro de Planificación (Julio Raudales), una bola de nieve que va incrementándose y no va haber forma que los ingresos alcancen”, sostuvo Alvarado.
También en el campo de desarrollo social el gobierno, existiendo el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) e instituciones como el Programa de Asignación Familiar (Praf), determinó crear la Secretaría de Desarrollo Social, que maneja un presupuesto anual de más de 752 millones de lempiras.
Para Carlos Hernández, representante de la organización Transformemos Honduras, es urgente que el gobierno comience a establecer medidas encaminadas a reducir el gasto y de esta manera dar el ejemplo a la población antes de aplicar impuestos que afectan el bolsillo de los hondureños.
“El gobierno tiene que ser eficiente con el gasto, es importante terminar con la cantidad de maestros fantasmas, médicos fantasmas, bueno, aquí hay muchísimos fantasmas, y de esa forma creo que el pueblo con más satisfacción estaría dispuesto hacer un esfuerzo”, apuntó.
Por su parte, el ministro de Planificación, Julio Raudales, anunció que en los próximos 30 días estarán listas una serie de auditorías que el presidente Porfirio Lobo pidió a las instituciones del Estado para comenzar a depurar las planillas en las empresas públicas que han presentado mayores problemas en los últimos años.
Entre las instituciones que serán auditadas destacan la Secretaría de Salud, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
