Tegucigalpa, Honduras
El Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito aseguró 122 cuentas bancarias en las que existen depósitos de dinero recaudado mediante extorsión por la Mara Salvatrucha (MS-13).
Esta acción es parte de la Operación Avalancha, que se puso en práctica para desarticular las redes de esa organización criminal que cobran el “impuesto de guerra”, según una fuente del Poder Judicial.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) reveló que en la primera fase de la Operación Avalancha, entre otras medidas, se habían incautado 30 cuentas bancarias, luego de ser aseguradas por la judicatura de privación de dominio.
Los dueños de las 122 cuentas son unas 25 personas, entre pandilleros, esposas de estos o amigos de los mareros.
Los parientes y socios de los pandilleros a los que se les embargaron esos productos financieros son investigados por testaferrato.
La ATIC, que lidera los operativos, ha dado a conocer oficialmente que en cuatro cuentas existen cuatro millones de lempiras en conjunto y que en una quinta hay 13 mil dólares.
La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) no ha tomado posesión de estas cuentas bancarias.
El congelamiento de esos capitales se hizo en aplicación de la Ley sobre de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que se creó para decomisar propiedades, efectivo y bienes, cuyos dueños no justifiquen su procedencia legal.
“Los dueños de las cuentas bancarias aseguradas e incautadas registran un crecimiento desmesurado desde 2012 y las investigaciones establecen que no tienen ninguna actividad económica que justifique esos capitales”, dijo la fuente.
El bloqueo de estas cuentas se logró, entre otras diligencias, gracias a declaraciones de testigos protegidos que informaron quiénes eran los dueños de esas ahorros.
Cinco cuentas del expolicía
La fuente reveló que el excomisario Álvaro García, acusado por varios delitos relacionados con la extorsión, es dueño de unas cinco cuentas aseguradas.
El exoficial fue procesado por portación ilegal de armas de uso comercial, empleo indebido de uniformes e insignias policiales y lavado de activos, delitos por los cuales se le dictó auto de formal procesamiento y se encuentra preso en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán.
El martes 23 de febrero, cuando comenzó la Operación Avalancha, García fue detenido en una lujosa casa en Valle de Ángeles, donde se le incautaron unos 600 mil lempiras, armas de grueso calibre e indumentaria policial.
Según el Ministerio Público, García prestaba la ropa policial a los pandilleros de la MS-13 para que estos cometieran fechorías haciéndose pasar por elementos de la Policía Nacional.
Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que el exoficial compró en 2009 una casa en la colonia La Esperanza de la capital y en 2012 adquirió una segunda en La Esperanza, dos residencias en Valle de Ángeles y una en Jacaleapa, El Paraíso, que le fueron incautadas.
Mientras, ninguna de las 122 cuentas aseguradas pertenece al alcalde de Talanga, Francisco Morazán, Neftaly Romero, quien está procesado por asociación ilícita, crimen que según el Ministerio Público tiene relación con los cobros de extorsión que hace la Mara Salvatrucha.
La fuente indicó que existen sospechas de que el edil, a quien también se le emitió auto de formal procesamiento y guarda prisión en el Primer Batallón de Infantería, en El Ocotal, Francisco Morazán, tiene deudas millonarias con la MS-13 porque este grupo criminal le habría prestado dinero para financiar su campaña política.
Con la Operación Avalancha se han asegurado 120 propiedades, entre residencias y empresas. También se detuvo a 12 personas de las 15 contra las que se giró orden de captura por varios delitos.
Entre los bienes incautados se encuentra la empresa de Transporte Delca, en San Pedro Sula, propiedad de David Elías Campbell, uno de los líderes de la Mara Salvatrucha que están procesados y que se encuentran prófugos.
Campbell ha usado a hijos y otros parientes para que sirvan como testaferros, ya que estos aparecen como propietarios de unos 23 bienes incautados que en realidad le pertenecen a él.
