Los cuatro sospechosos detenidos por la muerte de la ambientalista Berta Cáceres recibieron detención judicial luego de comparecer la noche de este lunes en la audiencia de declaración de imputado en los juzgados capitalinos.
Los capturados han sido identificados como Douglas Geovanny Bustillo, un teniente retirado; y Mariano Díaz Chávez, un mayor activo miembro de las Fuerzas Especiales de las FF AA e instructor de la Policía Militar del Orden Público.
Igualmente, fueron aprehendidos Sergio Ramón Rodríguez, gerente social y ambiental y de comunicaciones de la Empresa Desarrollo Energético, S. A. (DESA); y Edilson Antonio Duarte, un capitán retirado del Ejército, a quien se le supone de ser el autor material del hecho.
Todos ellos, arrestados este mismo lunes, son acusados por el Ministerio Público por los delitos de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres Flores y tentativa de asesinato contra el mexicano Gustavo Castro Soto.
Según el Ministerio Público, existen pruebas científicas que acreditan la participación de los detenidos en el crimen.
Se cuenta con “los suficientes indicios racionales de su participación (la de los detenidos) en el lamentable suceso”, indica un boletín de prensa.
La audiencia inicial fue programada para el viernes 5 de mayo a las 9:00 de la mañana. Las autoridades no brindaron más detalles del caso, pues el expediente fue declarado en secretividad.
Operativo
Los sospechosos fueron arrestados en el marco de la Operación Jaguar, ejecutada simultáneamente en tres ciudades de Honduras por elementos de la Fuerza Nacional Interistitucional (Fusina), Agencia Técnica de Investigación (ATIC) y Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV).
De esta forma, las autoridades desplegaron sendos allanamientos para dar con el paradero de los supuestos autores del crimen en Tegucigalpa, Francisco Morazán; La Ceiba, Atlántida; y Trujillo, Colón, en cumplimiento de las órdenes de captura emitidas por un Juzgado de Jurisdicción Nacional.
El teniente retirado Douglas Bustillo fue apregendido en la residencial Los Molinos; el mayor Mariano Chávez en Los Hidalgos; el técnico ambiental Ramón Rodríguez en la colonia Miraflores; y el capitán retirado Edilson Duarte en la colonia Pizzaty de La Ceiba.
Luego de las capturas, los cuatro sospechosos fueron trasladados de forma simultánea a los juzgados del barrio La Granja al filo de las 7:00 de la noche para presentarlos a la declaración de imputado.
Se conoció que el proceso judicial se retrasó para esperar la llegada de la defensa privada de los imputados.
A las 11:00 de la noche se informó que se les dictó detención judicial a los cuatro acusados por el crimen de Berta Cáceres, ambientalista asesinada el 3 de marzo en La Esperanza, Intibucá, al occidente de Honduras.
“No, nos damos por satisfechos con estas capturas, por eso venimos a averiguar porqué el Ministerio Público hizo esos requerimientos fiscales contra esas personas”. Abogado de la familiaDenunciados
Dos de los cuatro detenidos habían sido denunciados públicamente por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Los campesinos dijeron que la denuncia era por amenazas a muerte e intimidaciones.
Entre los que ya habían sido denunciados se encuentra el teniente retirado Douglas Bustillo, quien se desempeñaba como subjefe de seguridad de la empresa DESA, la misma que han venido denunciando la comunidad indígena.
En diciembre de 2013, Berta Cáceres dio una entrevista al periodista sueco Dick Emanuelsson, a quien le dijo que Bustillo calificaba a los miembros del Copinh, incluyendo a la defensora indígena, como guerrilleros.
“Tengo mensajes en mi celular de Douglas Bustillo, el vicejefe de seguridad de la empresa (DESA), con mensajes de acoso sexual. Es una situación muy complicada para Copinh de un contexto de mayor criminalización, pese a que siempre ha habido una criminalización a Copinh desde el principio”, le dijo la ambientalista al periodista extranjero.
FF AA lo investigaba
El portavoz de las Fuerzas Armadas, Lenín Gonzales, aseguró que la institución venía dando seguimiento a Mariano Díaz Chávez y que apoyaron a las instituciones que estaban a cargo de esta operación para fortalecer la investigación.
“En este momento solo conozco que él ostentaba el grado de mayor, pero desconozco dónde estaba asignado”, expresó.
El coronel afirmó que la institución castrense “se pone a disposición y garantiza el hecho de que cualquier miembro que esté involucrado con cualquier delito inmediatamente recibe un procedimiento legal para que sea juzgado a través de los juzgados competentes”, afirmó.
Sostuvo que el oficial podría ser dado de baja una vez que se agote el proceso administrativo interno que realiza la institución armada. Enfatizó que brindarán todo el apoyo a las autoridades del Ministerio Público en su investigación.
Por su parte, Rodil Velásquez, abogado de la familia Cáceres, dijo que “no, nos damos por satisfechos con estas capturas, por eso venimos a averiguar porqué el Ministerio Público hizo esos requerimientos fiscales contra esas personas”.
Mientras que la familia de la activista y miembros del Copinh manifestaron sus reservas sobre las capturas, pues se quejaron que los han tenido desinformados del caso.
