El decreto ejecutivo número 01-2022, que fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro, incluye además otras leyes aprobadas en las recientes sesión hechas por el Congreso Nacional dirigido por el diputado Luis Redondo, pese a que el conflicto a lo interno del hemiciclo aún no se ha resuelto.
La ley concederá “amnistía general, amplia e incondicional en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal pública, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme y en ejecución, ante los tribunales de la República, o que se encuentren en proceso de investigación, por los supuestos delitos cometidos hasta la fecha de entrada en vigor”, según cita el decreto de manera textual.
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Dichas personas son: “las que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de Enero 2006 al 28 de Junio 2009 y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados”; “personas que han ejercido su derecho constitucional a la protesta social”, “personas que han realizado actos en defensa de la soberanía nacional, la democracia, de sus territorios, tierras y fuentes de agua, en beneficio de sus comunidades o en defensa de su patrimonio inmaterial e intangible” y “miembros de los sectores sociales y gremiales”.
Todos ellos, que hayan sido acusados de delitos contemplados tanto en el viejo como el nuevo Código Penal.
Otras leyes contempladas en el decreto:
En sus primeros puntos, el decreto establece la fijación de precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso doméstico hasta el 31 de diciembre de 2022, tomando como base lo establecido en el Sistema de Precios de Paridad de Importación aprobado para diciembre 2020, además, el Estado subsidiará a las envasadoras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN) para evitar las pérdidas a este rubro.
De igual forma, se incluyen los nombramientos de algunos funcionarios en varias secretarías de Estado, como el de Celso Donadin Alvarado Hernández, en el cargo de Secretario General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Eduardo Vaquero Morris, en el cargo de Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización.
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Además, se publicó la recién aprobada “Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan”, en alusión al golpe de Estado ocurrido en 2009. En un primer punto la ley ordena derogar el Decreto Legislativo No.141-2009de separación del presidente José Manuel Zelaya Rosales por considerarse ilegal, pues aduce que el Congreso Nacional no era el órgano competente para separar al mandatario de su cargo.
Como segundo punto, declarar oficialmente la Plaza Pública, ubicada frente al Aeropuerto Toncontín con el nombre de Plaza Isy Obed, primer joven asesinado en el marco de las protestas por el golpe de Estado, el 5 de Julio de 2009 y erigir en memoria de las víctimas, un símbolo y lienzo con sus nombres, además, financiar la subsistencia y educación de los descendientes directos de los considerados “mártires” del conflicto, para lo cual se ordena a la Secretaría de Finanzas se realice la asignación presupuestaria requerida.
En su artículo tres también establece el reconocimiento y validez del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras, conocido como Acuerdo de Cartagena y suscrito por el expresidente Porfirio Lobo y Manuel Zelaya.
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En el artículo 8 del decreto también se autoriza la creación de la Comisión Aticorrupción con plenos poderes de investigación e independencia absoluta, la cual será asesorada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de combatir lacorrupción y la impunidad en Honduras.
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