Responsabilidad
TEGUCIGALPA, HONDURAS.-¿Son vulnerables los filtros de los entes de seguridad del Estado al elegir a sus miembros?
A deducir por los hechos recientes pareciera que las células del crimen organizado han permeado las infranqueables paredes de los estamentos encargados de brindar seguridad a todo la nación.
Entre el 13 y el 23 de octubre del presente año, al menos 25 miembros de diferentes entidades de seguridad del Estado se han visto salpicados por actos reñidos con la ley, entre estos el tráfico ilícito de drogas y abuso de autoridad. Además, al menos cinco personas que en su momento pertenecieron a entes de seguridad fueron vinculados en esos diez días con actos delincuenciales.
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Las detenciones
El 13 de octubre, dos agentes penitenciarios fueron arrestados por sus propios compañeros de armas al intentar introducir dos granadas de fragmentación, camufladas entre manzanas, a la cárcel de máxima seguridad “El Pozo II”, en Morocelí, El Paraíso.
Transcurrieron unas horas y la tarde del 14 de octubre, en el momento que ingresaban por la aduana II, del centro penal “El Pozo”, la seguridad de dicho reclusorio encontró dentro del bus en el que iban 17 agentes penitenciarios la cantidad de 245,000 lempiras. Por este hecho, fueron enviados a los tribunales los 17 celadores.
El lunes 21, cinco agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) fueron requeridos por la Policía Nacional acusados de la pérdida de una droga que un día antes habían decomisado en el departamento de Choluteca.
Dos días después, en una operación encubierta, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) y de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) dieron al traste con una transacción de droga que se realizaría en un centro comercial al sur de la capital. Los detenidos son un militar activo de las Fuerzas Armadas de Honduras, tres expolicías depurados hace algunos años y tres civiles.
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Las opiniones
Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Trasformación de la Policía Nacional, argumentó que “el seguimiento que se les da a los policías depurados le corresponde a las unidades de inteligencia e investigación criminal del Estado”.
Rivera detalló que “nosotros enviamos más de 2,000 expedientes al Ministerio Público (MP) para que se procediera en contra de policías que habían cometido actos criminales, hay muchos casos que están avanzando, pero la debilidad institucional del MP no permite procesar todos los casos al mismo tiempo”, aseveró.
Ante esta problemática, el analista Josué Murillo es del criterio que “los actores que actúan en las sombras -narcotráfico o crimen organizado- han permeado la institucionalidad estatal, ahora tenemos plataformas estatales que potencian estos actores que operan al margen de la ley”.
Murillo enfatizó en que “debemos tener claro que la depuración policial tiene que ir aparejada también de una depuración del Ejército, porque si no estamos en lo mismo; no podemos ver al Ejército y pensar que es impoluto”.
