Sucesos

Honduras: Más de la mitad de los homicidios en las cárceles fueron con armas de fuego

Los datos analizados son del 30 de mayo de 2019 al 28 de julio de 2019; en el mismo también se separa la fecha en la que las Fuerzas Armadas de Honduras tomaron el control de las cárceles del país

18.08.2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Eran las once y minutos de la mañana del 18 de agosto de 2021 cuando una fuerte explosión se escuchó en el interior de 'La Tolva', una fortaleza de cemento valorada en 23 millones de dólares levantada en Morocelí, El Paraíso, zona oriental de Honduras, para acabar con la 'fiesta de las maras y pandillas'.

Posteriormente, una lluvia de balas comenzó a sonar persistentemente y el bullicio de las sirenas de los vehículos de la Cruz Roja, Sistema Nacional de Emergencia y patrullas de la Policía Nacional daban señal de que algo terrible estaba pasando en la edificación calificada por el gobierno como 'un infierno para los reclusos'.

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El silencio de las autoridades duró poco cuando al filo de las 12:00 del mediodía, las ambulancias comenzaban a salir con varios heridos hacia el Hospital Escuela de la capital, mientras el pánico colectivo arrastró a los familiares de los privados de libertad hasta la cárcel y a los portones del máximo centro asistencial. En el hecho murieron cinco reos.

Las preguntas eran más que las respuestas de las autoridades, pero los mismos presos le confirmaron a sus familiares que una granada, un arma explosiva de amplia peligrosidad, había sido lanzada por uno de los grupos criminales, provocando caos, zozobra y muerte en el recinto carcelario.

¿Cómo fue posible que un artefacto de esta magnitud haya ingresado a una de las prisiones con 400 cámaras de vigilancia, cinco aduanas de revisión, enormes muros de concreto, malla ciclón reforzada, miles de metros de serpentina y docenas de militares?

La pregunta anterior aún sigue sin respuesta. Pese a la narrativa de máxima seguridad, las armas de fuego han causado la mayoría de muertes en los centros penales de Honduras bajo la administración de los militares -desde el 18 de diciembre de 2019-, según datos en poder de EL HERALDO.

Armas de fuego

Según información analizada por este rotativo de una base de datos de la Secretaría de Seguridad,, desde el 30 de mayo de 2019 al 28 de julio de 2021, casi 25 meses, en las cárceles de Honduras ocurrieron al menos 95 muertes violentas.

De ese número, al menos 51 se han perpetrado con armas de fuego, indican los registros oficiales.

Lo anterior representa más de la mitad de los homicidios que se registran en los presidios, lo que muestra la ingobernabilidad de los centros penitenciarios del país, donde se supone que el ingreso de armas debería ser algo imposible por los controles de seguridad de los que se jactan las autoridades.

Este patrón incluso se mantiene desde la llegada de las Fuerzas Armadas a la custodia de los reos.

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Los militares asumieron hace un año y siete meses el control de las cárceles bajo el lema “con principios, valores y honestidad”, pero lejos de esta premisa, la violencia sigue reinando en los centros, durante este periodo se han contabilizado 72 muertes, de las cuales el 57% han sido con armas de fuego.

Los demás asesinatos, durante el periodo de control militar, se han cometido con armas blancas (16), asfixia por estrangulamiento (12), armas contundentes (2) y asfixia por sofocación (1), según la tabla analizada.

Vulneración de los custodios

En referencia al tema, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, explicó que el ingreso de armas de fuego con las que se cometen crímenes en el interior de los recintos carcelarios es debido a la vulneración del personal que ahí labora.

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Maldonado es del criterio que “la situación en los centros penitenciarios no ha sido nada fácil, es una situación bastante compleja. Realmente lidiar con 20 mil privados de libertad es un ocio que ocupa las 24 horas del día”.

El defensor de los derechos humanos aseveró que mantener a los grupos criminales en los recintos carcelarios provoca que se dañen unos a otros. “Dada las circunstancia de que el centro penitenciario no es tan grande como se cree, sino que prácticamente (las maras y pandillas) están en el mismo recinto, en celdas separadas”.

Otro de los flagelos, según el presidente del Codeh, es la vulneración del personal humano que hay en los centros penitenciarios del país. “La gente tiende a tener con los privados de libertad una relación o una amistad manifiesta a tal extremo que les piden favores: 'Mirá, si me traes un teléfono te podemos dar tanto, si nos traes munición te podemos dar tanto, si nos traes un AK-47 te podemos dar tanto”.

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Por último, Maldonado justificó que algunos de los empleados penitenciarios, debido a “los pírricos salarios que ganan”, se atreven a tener esa relación manifiesta con algún grupo de los que están en cada centro penitenciario.

“Sino preguntemos cómo mataron a Magdaleno Meza en Santa Bárbara (cárcel El Pozo), sino preguntemos cómo mataron en máxima seguridad a otro aquí en Támara; en Siria han habido un sinnúmero de muertos, en ‘La Tolva’, el 90 por ciento de los privados de libertad han sido asesinados con armas de fuego”, señaló.

“Esto se debe a la vulneración, en el sentido de lo débil que son los custodios ante cualquier reconocimiento económico de parte de cualquier grupo a lo interior de los centros penales del país”, recalcó.

Desigualdad

Personas vinculadas al Instituto Nacional Penitenciario revelaron a EL HERALDO que los controles de seguridad en los centros penitenciarios por lo general solo se cumplen con el personal administrativo y las visitas, no obstante son muy flexibles con los militares y con las autoridades del mismo Instituto Nacional Penitenciario.

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Cuando ocurren muertes violentas dentro de los penales, la gente cuestiona ¿cómo ingresaron las armas de fuego? Esta es una pregunta que los militares o las máximas autoridades penitenciarias deben responder, sostuvo una fuente a lo interno del Centro Penitenciario Nacional de Támara.

EL HERALDO se comunicó con la vocera del Instituto Nacional Penitenciario, Digna Aguilar, en un intento de obtener la reacción de las autoridades, pero al cierre de esta publicación la vocera no nos brindó ninguna respuesta.