Un sargento activo de las Fuerzas Armadas
cayó entre una banda del crimen organizado jefeada por José Lucio Rivera Gómez, que fue desarticulada ayer tras un enfrentamiento armado con la Policía en el municipio de San Francisco de La Paz, Olancho, informó una fuente oficial.
Además del cabecilla de la organización criminal, la Policía identificó a los detenidos como César Bladimir Martínez Isidro, sargento del Ejército asignado al 16 Batallón de Infantería; Renán Antonio Martínez Isidro, Estanislao Cuevas Ortiz, Lucas Javinaldo Ponce Romero, Darlin Joel Rivera Hernández y Richard Bernabé Murillo Munguía.
La Oficina de Relaciones Públicas de la Secretaría de Seguridad informó que los siete tienen orden de captura librada por el Juzgado de Letras de Jurisdicción Nacional por el delito de asesinato en perjuicio de José Cristóbal Blandín Rodríguez, Olman Ramón Flores Romero, Carlos Adolfo Banegas y José Arnulfo Figueroa Castro.
También serán acusados por asociación ilícita y portación ilegal de armas
en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Según el informe de la Policía, a los detenidos les decomisaron tres automóviles blindados, entre los que se detallan una camioneta marca Toyota Prado, una Ford Explorer, un pick-up Toyota 3.0 y dos cuatrimotos.
También siete armas de fuego, dos fusiles R-15, un AK-47, una escopeta, un revólver y dos pistolas calibre 9 milímetros, entre otras evidencias.
La Policía informó que Rivera y sus acompañantes son investigados por el asesinato de la esposa de Ulises Sarmiento, Silvia Aguiriano de Sarmiento, la hermana de ella y un guardaespaldas, ocurrido el 25 de junio en el bulevar Los Poetas, de Juticalpa.
Operación y captura
El director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, informó que la captura se produjo a las 6:00 de la mañana tras varios trabajos de seguimiento y vigilancia.
Confirmó que entre los detenidos se encuentra Lucio Rivera, presunto cabecilla de la banda criminal que “mantenía atemorizada a la población de ese lugar”.
Bonilla agregó que Rivera tiene varias órdenes de captura pendientes por los delitos de asesinato, secuestro y asociación ilícita, entre otros, por lo que equipos del cuerpo policial andaban siguiéndole la pista.
Prosiguió que al momento de la operación policial, el presunto jefe de la banda se identificó como José Luis Rivera Gómez, para evitar que los uniformados constataran las órdenes de captura que existen en su contra.
La Policía informó que los capturados habrían ofrecido un millón de lempiras a los agentes y oficiales que participaron en la operación para que los dejaran en libertad.
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Julián Hernández, reveló que la captura se produjo durante un enfrentamiento armado entre los sospechosos y agentes de la Policía.
“Gracias a Dios no hay bajas por parte de la Policía ni por parte de ellos”, expresó el oficial.
Prosiguió que la acción se llevó a cabo gracias a la información que recibió la Policía de parte de la ciudadanía.
Confirmó que el miembro del Ejército detenido es parte de la banda delictiva.
Algunos antecedentes
En enero del 2010 fue asesinado un hijo del comerciante y ganadero Rivera Gómez, así como un sobrino y dos de sus empleados que hacían labores de albañilería.
En el mes de marzo del 2012 Rivera Gómez fue víctima de un atentado criminal
perpetrado por hombres fuertemente armados cuando se encontraba en una ferretería de su propiedad, lo que dejó el saldo de cuatro heridos.
En agosto del mismo año, un familiar de Rivera fue capturado por la Policía junto a otros acompañantes en posesión de armas de grueso calibre y pertrechos de uso policial y militar. Por razones no determinadas los detenidos fueron dejados en libertad.
Los cuerpos de inteligencia policial realizan una serie de investigaciones orientadas a establecer la presunta participación de la banda criminal en otras actividades ilícitas, informó una fuente policial.
Según una fuente oficial, la presencia policial se mantendrá en la zona para devolverle la tranquilidad a la ciudadanía honrada.
Los siete encausados serán puestos a la orden del juzgado competente para que se les instruya el respectivo proceso.
