Tegucigalpa, Honduras
Como una afrenta a las acciones que se llevan a cabo para frenar al crimen han sido catalogados los ataques sistemáticos y mediáticos que se han presentado en los últimos cuatro días en Honduras.
Esta agresiva reacción del crimen es una respuesta a las acciones tomadas por el gobierno en el combate a la delincuencia común y organizada, según el análisis al que han llegado expertos en materia de seguridad y personeros del gobierno.
El propio presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, opinó el miércoles que estos actos violentos están relacionados a temas de extorsión y son producto de una reacción del crimen organizado por las acciones en contra de sus actos delictivos.
“Yo lo que entiendo, y según me lo han explicado los expertos en seguridad, es que estas son actitudes reactivas al verse el crimen organizado cercado, al ver a sus mayores cabecillas en la cárcel, para un cabecilla sobrevivir en la cárcel no le significa menos de 5,000 a 10,000 lempiras diarios”, refirió el titular del Poder Legislativo.
Comentó que al reducir el espacio de “hacer negocio” se produce “rivalidad entre las distintas bandas, se pelean territorios, se pelean droga que ha escaseado, ya que en el país ha disminuido casi en un 70 por ciento la circulación de la misma”.
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Aseguró que también ha disminuido “de manera sensible” el reclutamiento de personas para estos grupos criminales por los programas que ha desarrollado el gobierno “y esto hace que haya mayor índice de violencia y que busquen, vuelvo a decir entre comillas, nuevos clientes de mayor potencial económico”.
Oliva reiteró que las acciones emprendidas por los operadores de seguridad han logrado desarticular y con esto disminuir el número de actos delictivos, sin embargo, dijo que lo que le preocupa “es que hayan políticos que quieran aprovechar esta situación para decir que estamos perdiendo la guerra contra la delincuencia”.
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¿Hay policías?
Al consultarle sobre si esta situación puede ser producida por policías que han sido depurados, Oliva expresó que “como político responsable, haciéndole honor al cargo que tengo, lo menos a lo que me puedo prestar es a la especulación”.
“Yo creo que hay organismos de seguridad del Estado lo suficientemente profesionales, comprometidos, para que de a poco ambos vayan dándole soluciones a estos problemas”, manifestó.
Sin embargo, para la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, no se debe descartar la hipótesis de que policías depurados estén detrás de esta ola de afrentas.
“Cualquier hipótesis cabe, el criterio de verdad lo da la investigación científica, sin lugar a duda hay actores que todos ellos es posible que estén respondiendo, bandas criminales, maras, policías depurados, sectores con bienes incautados, todos ellos estarían sujetos de ser hipotéticamente actores”, manifestó.
Pero reiteró que debe existir investigación para saber con certeza qué es lo que está ocurriendo.
José Ponce Alvarado, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), afirmó que los últimos hechos violentos son “una respuesta de las organizaciones ilícitas porque se les está apretando en los barrios y colonias donde tenemos sus estructuras identificadas”.
Ponce reconoció que el delito de extorsión es una de las principales amenazas que sufre la ciudadanía, entre otros delitos que son ordenados desde las cárceles.
Difícil judicializar
Para combatir este flagelo, el gobierno creó la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), la cual se especializaría en la investigación de la extorsión y delitos conexos, la misma está integrada por agentes y oficiales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e Inteligencia del Estado.
Amílcar Hernández, comandante de la FNA, explicó que el delito de la extorsión es el más fácil de cometer, pero el más difícil de judicializar.
Respecto a la quema de vehículos repartidores de productos y ataques a varias empresas sostuvo que “no significa que haya aumentado (la extorsión) solo que se genera más expectativa el hecho que esté amenazada una empresa corporativa que una pulpería”.
El teniente coronel señaló que los atentados contra las empresas han sido cometidos por miembros de la pandilla 18.
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Política fallida
Por su parte, la criminóloga Arabezca Sánchez, señaló que el hecho de que el delito de la extorsión abarque a las grandes empresas es una señal de que la política de combate a la seguridad no está funcionando.
“El Estado debe dejar de focalizar las capturas de personas que diariamente cobran las extorsiones, y en su lugar deben seguir los grandes flujos de capitales que se acumulan producto de estas operaciones delictivas”, comentó.
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Afirmó que el Estado debe seguir la ruta de esos personajes que manejan las redes de la extorsión en el país, es decir los estrategas e intelectuales que están detrás de este flagelo.
Recordó que la Operación Avalancha, dirigida a la incautación de bienes de la Mara Salvatrucha “nos mostró que aquello se trataba de una alianza entre políticos, estructuras pandilleras y funcionarios policiales; hay que hacer énfasis en establecer otras herramientas de investigación'.
'No podemos seguir investigando un delito tan completo con herramientas básicas policiales, creo que aquí el Estado necesita instrumentos más avanzados”, concluyó.
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