TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A 40 días de haber iniciado las protestas y con las últimas acciones emprendidas por la gran mayoría de empleados del Ministerio Público (MP); a criterio de especialistas en materia forense y criminalística, estas ponen en precario la administración de la justicia en nuestro país.
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Desde la tarde del 12 de marzo, los empleados del ente acusador del Estado tomaron la decisión de no realizar levantamientos cadavéricos ni las autopsias de los cuerpos, entre otras pericias legales, como una forma de presión para que se les pueda cumplir con el incremento salarial que están solicitando.
De acuerdo con el doctor, exdirector de Medicina Forense en la década de los noventa, Dennis Castro Bobadilla, “como en salud, hay servicios que no se pueden suspender porque implica una responsabilidad criminal”. Sobre la dura determinación, Castro argumentó: “Por un efecto administrativo no se puede abandonar un asunto que es de naturaleza criminal. El no recoger cuerpos y no proceder a la necropsia tiene implícita una responsabilidad criminal”.
El experto explicó que lo que sucede en esos caso con el cuerpo humano y las evidencias en asuntos criminales es que “ellos están poniendo en precario la administración de justicia del país”.
Consecuencias graves
Ante esta negativa procedimental, el criminalista y catedrático Gonzalo Sánchez aseguró que puede dejar “secuelas graves; yo entiendo lo del aumento del sueldo, lo que no puedo concebir es que como el ente acusador del Estado, sabiendo las consecuencias de no realizar un levantamiento de cadáver de la escena del crimen, no realizar una autopsia forense; esto es grave”.
En el mismo sentido de Castro, Sánchez indicó que “pone en precario la administración de justicia y puede beneficiar a los antisociales que cometen delito, y también perjudicar a las personas privadas de libertad”.
El martes, después de permanecer más de 24 horas a la intemperie en el río Choluteca, a inmediaciones del puente Carías, el cadáver de un hombre no identificado fue levantado por el personal de Medicina Forense y de la Policía Nacional.
En San Pedro Sula, los familiares de un señor de 52 años que fue atropellado tuvieron que esperar siete horas para que fuera levantado su cuerpo y enviado a medicina forense.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó a los jueces de paz con competencia penal a realizar los levantamientos de los cadáveres con base en lo dispuesto en el artículo 59 del Código Procesal Penal.
