La Policía Internacional (Interpol) emitió alerta roja para el empresario Benjamín Bográn acusado en el caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Hace dos días el Ministerio Público presentó en los tribunales de lo penal un requerimiento en contra del empresario a quien se le imputan delitos de cohecho y lavado de activos.
Horas después de la presentación el juez que conoce la causa libró la orden de captura en contra del empresario y declaró la secretividad del caso.
Este jueves, el portavoz de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, confirmó que ya se le dio trámite a la alerta internacional del empresario de la misma forma en que se solicitó la alerta para familia Gutiérrez.
Informó que la solicitud contra Bográn se hizo la noche del miércoles para desarrollar el procedimiento migratorio y la verificación de los delitos que se le imputan.
En ese sentido, explicó que Bográn estaría siendo buscado en los 190 países que están adscritos a Interpol.
Mientras para la familia Gutiérrez dijo que los procesos se iniciaron desde que se conoció la emisión de órdenes de captura hace cuatro días.
La acusación
Ayer, una fuente de entero crédito al interior del Ministerio Público confirmó a EL HERALDO que en efecto Bográn está involucrado en la línea de investigación denominada Coimas Naco.
Este es uno de los 21 casos que desarrolla el Ministerio Público por los actos de corrupción en el Seguro Social.
El informe de la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional explica que esta línea se refiere al cobro y solicitud de coimas.
Textualmente dice: “Esta línea de investigación se desprende del mismo modus operandi del caso Coimas de Viceministros, en el que se ha tenido información que otro miembro de la junta directiva del IHSS, representante del sector empresarial, ejerciendo su cargo directivo, solicitó y recibió soborno de $692,000.00 (15.1 millones de lempiras) para agilizar pagos para Cosem”.
La pasada administración firmó con esta empresa un contrato para la digitalización de documentos de jubilados y pensionados del IHSS.
El contrato fue afirmado por 35 millones de dólares es decir 750 millones de lempiras, pero de acuerdo a la investigación de la Comisión Interventora del IHSS el contrato estaba sobrevalorado.
Por tal razón la Interventora rescindió la relación comercial y solo pagó 24 millones de dólares de acuerdo a las cotizaciones realizadas en el mercado mundial.
Participación
La fuente explicó que el compromiso de Bográn con esta empresa era lograr la agilización del pago de este millonario y lesivo contrato.
Y es que el empresario fungió durante 2010-2014 como representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en la junta directiva del IHSS.
En su momento se indicó que esos fondos podían haber llegado hasta las arcas del Partido Liberal, ya que Bográn se desempeñaba como jefe de la pasada campaña presidencial.
Ayer, EL HERALDO nuevamente intentó obtener una reacción con el empresario sobre estas acusaciones.
Sin embargo, las llamadas a su teléfono celular fueron atendidas por su buzón de voz.
Hasta ayer la Policía Nacional no había dado con el paradero del empresario de quien se dijo que iba a presentarse de forma voluntaria a los juzgados de lo penal.
Pero trascendió que el empresario fue visto en San Pedro Sula y que podría haber salido del país con destino a Ciudad de Panamá.
Primer caso
En abril de 2014 Bográn fue acusado por el Ministerio Público por delitos de abuso de autoridad y delitos contra la administración de fondos públicos y privados de pensiones.
Este mismo delito se incoó contra todos los miembros de la junta directiva de la administración del exdirector, Mario Roberto Zelaya Rojas.
Según el requerimiento, la junta directiva aprobó una consolidación de deuda entre el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Régimen de Enfermedad y Maternidad (EM) por un valor superior a los 942 millones de lempiras.
Pero de este total 600 millones correspondían a un préstamo que la misma junta aprobó del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para el régimen de Enfermedad y Maternidad (EM).
El resto eran parte de una deuda que ya tenía el régimen de EM con IVM por préstamos que sacaron administraciones anteriores.
Al respecto los miembros de la junta directiva alegaron en su defensa que el préstamo se aprobó porque existía un estado de emergencia en el Seguro Social de San Pedro Sula.
Sin embargo, en el informe de la Comisión Interventora se asegura que no existen documentos que prueben tal versión.
Además se detalla que la transacción se realizó a pesar de que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió una resolución en la que advertía que el préstamo no debía aprobarse por la incapacidad de pago del EM.
Además se explica que mediante reformas las administraciones pasadas prohibieron los préstamos entre regímenes.
