TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público ejecutó este viernes un allanamiento en la vivienda de la exinterventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Karla Patricia Pavón Bustillo, por el supuesto desvío de más de siete millones de lempiras (7,140,529.62).
El operativo se ejecutó en la colonia Miramontes de la capital hondureña, y hasta el momento se desconoce si la exfuncionaria se encontraba en el interior de la vivienda.
Según el comunicado de la fiscalía, Pavón Bustillo se habría apropiado del dinero que serviría como indemnización para los familiares de privados de libertad que perdieron la vida en un incendio en el centro penal de San Pedro Sula en 2004.
Tras el incidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Honduras por el siniestro en el que fallecieron 107 privados de libertad, por lo que se obligó al Estado a indemnizar a los familiares con 317,000 lempiras.
LEA AQUÍ: Analizan denunciar al Estado por incumplir la indemnización a familiares de reos calcinados
Sin embargo, la exinterventora habría usado una carta poder para cobrar los fondos que le fueron entregados en 49 cheques emitidos por el Banco Central de Honduras (BCH). El Ministerio Público reveló que Pavón Bustillo habría utilizado los fondos para uso personal.
Los allanamientos se ejecutan con el objetivo de recolectar indicios que puedan utilizarse frente a un eventual proceso penal, detalló en el comunicado la fiscalía.
Por este mismo caso también se hicieron inspecciones en las instalaciones del INP el pasado 21 de enero, luego que en ocasiones anteriores se había negado el ingreso del personal fiscal e investigativo.
EL HERALDO denunció el desfalco
El pasado 7 de septiembre EL HERALDO reveló que Los militares a cargo del Instituto Nacional Penitenciario ( INP) mantienen en secreto un desfalco de más de 13 millones de lempiras que estaban destinados para el pago de indemnizaciones a los familiares de 107 privados de libertad que perecieron en el incendio del centro penal de San Pedro Sula en el año 2004.
El dinero estaba en una cuenta del Banco Central de Honduras ( BCH), pero los fondos los administraba el INP. Los uniformados a cargo de la entidad penitenciaria mantienen un total hermetismo sobre el saqueo.
Según una fuente al interior del INP, a principios de agosto de 2021 las autoridades del Instituto Penitenciario detectaron un desfalco superior a los 13 millones de lempiras de la cuenta donde estaban los fondos destinados para cubrir las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana, luego que el BCH les devolviera una serie de cheques con anomalías.
En primer lugar, la Corte Interamericana había aprobado la constitución de un fideicomiso para el pago de las indemnizaciones, pero el 31 de marzo de 2017 el Estado y los representantes de las víctimas llegaron un nuevo “acuerdo conjunto de pago indemnizatorio” y solicitaron su homologación a la Corte.
La instancia judicial estuvo de acuerdo y aceptó que el Estado hondureño realizara la indemnización mediante “pagos directos por emisión de cheques nominales. La emisión y el cargo de dichos montos serán por cuenta del Instituto Nacional Penitenciario ( INP), cuyo presupuesto en lo relativo al caso Pacheco Teruel y otros se encuentra en el Banco Central de Honduras”.
MIRE AQUÍ: Sin rastro de L 13 millones para indemnización a familiares de reos calcinados
En el INP la emisión de los cheques de pago, supuestamente, estaba en manos de la preinterventora Karla Patricia Pavón Bustillo y sus más cercanos colaboradores.
Una vez que se descubrió la malversación de los recursos, Pavón no volvió a presentarse a su trabajo y actualmente, se encuentra presuntamente desaparecida. Se le llamó a su residencia la colonia Miramontes, pero su teléfonos aparece fuera de servicio, incluso eliminó su perfil en Facebook.
Ante tal situación, EL HERALDO Plus también trató de conocer la versión del coronel Rony Javier Portillo, director del INP, sin embargo, no respondió las llamadas telefónicas y se conoció que para que dé explicaciones de los presuntos casos de corrupción y abusos en el INP hay que mandarle una solicitud por escrito, en hoja membretada del medio y firmada por la dirección.
No obstante, EL HERALDO, a través de Relaciones Públicas del Ministerio Público, identificó que el 10 de agosto reciente se interpuso ante la Fiscalía una denuncia contra Karla Patricia Pavón Bustillo y otros, señalándolos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
La denuncia se registró bajo el número 1628606982-2021 y está bajo la investigación de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública (Fetccop).
Sentencia
El 11 de marzo de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a conocimiento de la Corte Interamericana una demanda contra el Estado hondureño por el caso de los 107 reos que murieron calcinados en la cárcel de San Pedro Sula el 17 de mayo de 2004. El proceso judicial está registrado bajo el nombre: “Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras”.
El 28 de febrero de 2012, en audiencia pública, el Estado hondureño reconoció su responsabilidad por los hechos descritos en el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana y manifestó haber llegado a un acuerdo de solución amistosa con los representantes de los fallecidos.
Tras el acuerdo, el 27 de abril de 2012 la Corte Interamericana sentenció al Estado hondureño a pagar 33 millones 950 mil lempiras a los familiares de las víctimas.
