Sucesos

Capturan a abogado vinculado a fraude en el Infop

El abogado tenía orden de captura pendiente desde noviembre de 2023. También se requirió a otras ocho personas ligadas al caso
08.01.2024

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El abogado Óscar Antonio Castro Naza fue detenido este lunes en cumplimiento a la orden de captura en su contra por suponerlo responsable del delito de fraude en perjuicio del Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop)

La noticia de su captura fue dada a conocer por el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien utilizó su cuenta de X, antes Twitter.

El funcionario no explicó dónde y cómo fue detenido el profesional del derecho, quien posteriormente fue trasladado a su audiencia en el Juzgado Penal en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.

¿Quiénes están acusados?

A finales de noviembre del año pasado, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra nueve personas que estarían vinculadas a una millonaria compra de suministros que se deberían utilizar en unos talleres del centro regional del Infop, sin embargo, esto no fue así.

Óscar Antonio Castro era el representante legal de la empresa Grupo Visión S. de R.L. de C.V, una empresa que habría sido usada para sobrevalorar el equipo que presuntamente se compraría. De la misma empresa también se requirió a Karl Heinz Kranich.

Entre los señalados también figuran David Chávez, exdirector del Infop; un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un empleado del Congreso Nacional.

Los implicados en el caso señalados por la fiscalía son: David Chávez Madison, José Olivio Rodríguez (exmagistrado de la CSJ), Ángel Armando Aguiriano, José Antonio Elvir, Otilia María Pinto, Mario Alejandro Calderón (Jefe de Personal del Congreso Nacional) y Manuel Castillo, a este último se le supone autor directo de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.

Antecedentes del caso

Las investigaciones por el fraude en el Infop se remontan a 2016, cuando el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expuso la sobrevaloración de equipos entre 2012 y 2013, los cuales debían ser suministrados a tres laboratorios en el centro regional de Catacamas, en el departamento de Olancho.

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