TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un juez con jurisdicción nacional emitió 18 órdenes de captura contra igual número de ciudadanos que en los últimos meses han liderado una lucha comunal contra una compañía minera de Tocoa que goza de un permiso de operación en la zona núcleo donde nacen seis ríos que bañan el valle del Aguán.
La información fue revelada ayer a EL HERALDO por Esly Banegas, coordinadora general de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y miembro del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Aún no está claro si las acusaciones están relacionadas con la muerte de dos militares la tarde del lunes de esta semana cuando apoyaban a la policía en un operativo de desalojo de los pobladores que no aceptan por ningún motivo la presencia de la compañía Inversiones Los Pinares que goza de una concesión, licencia ambiental y permiso de operación para explotar óxido de hierro.
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Anteriormente, según la entrevistada, había muerto un civil y varios pobladores han salido heridos y golpeados a punta de garrote. La pérdida de dos efectivos provocó la llegada ayer a la zona del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA), René Orlando Ponce Fonseca, para dar un respaldo moral a la tropa y anunciarle que “más refuerzos vendrán para que esta zona sea de paz y tranquilidad”.
“Los soldados salen a proteger al pueblo, no a dispararle, actúan bajo irrestricto respeto a los derechos humanos”, dijo el jerarca militar luego de indicar que “las investigaciones están en curso” para dar con los responsables de la muerte de los soldados. Por su parte, Banegas, la lideresa comunal de Toca, puntualizó que están “criminalizados 18 compañeros, están judicializados, con toda una campaña de desprestigio en las diferentes organizaciones de la cadena Aguán. Hay represión y está la orden de captura”, indicó.
Los pobladores de las aldeas Guapinol y Ceibita están demandando de la alcaldía de Tocoa que encabeza el alcalde Adán Fúnez la cancelación del permiso de operación otorgado a la empresa minera porque fue otorgado en un área de 200 hectáreas que son parte de las 323 hectáreas que conforman la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Alfonso Escalera, según decreto legislativo aprobado por el Congreso Nacional en 2012.
