Tegucigalpa, Honduras
Alrededor de seis millones de lempiras se agenció el Estado de Honduras con la puesta en vigencia del decreto temporal PCM-075-2017, con el cual se prohibía la portación de armas de fuego en el territorio nacional.
Esta medida, emanada desde el Poder Ejecutivo y firmada por el Consejo de Ministros, restringía el uso y portación de armas de fuego antes, durante y después de las elecciones generales del 26 de noviembre.
Cuarenta días duró el decreto
Es así que esta determinación entró en vigencia a partir del 23 de noviembre recién pasado. En un inicio se pretendía que este decreto solo estuviera vigente por un lapso de ocho días, sin embargo, este se extendió hasta el 1 de enero de 2018.
En ese tiempo, cuarenta días par ser exactos, los diferentes cuerpos de seguridad del Estado de Honduras decomisaron 421 armas de fuego en distintas partes del país.
Jair Meza, portavoz de la Policía Nacional, explicó que “el decreto iba orientado al decomiso de armas legales”. Agregó que “el 80 por ciento de las armas decomisadas, sus dueños tenían el permiso de portación y las demás no portaban su respectivo carné”.
Lea también: Extorsionador muere después de enfrentarse con policías
Siendo así, el 80 por ciento de los ciudadanos a quienes les decomisaron sus armas de fuego reclamaron las mismas, al derogarse el decreto o perder vigencia, no sin antes pagar las multas ya establecidas en el escrito.
Dos salarios mínimos
Establecía el decreto que para la devolución del arma y del permiso, el propietario sería sancionado con una multa no menor de dos salarios mínimos y no mayor de diez, a juicio de la dirección dentro de la Secretaría de Seguridad, designada para ese fin.
Esto significa que si el 80 por ciento de las armas fueron devueltas a sus dueños (337 armas), y si el salario mínimo promedio es de 8,910 lempiras, y al ser multiplicado por los dos salarios mínimos que indica la multa, el Estado percibió al menor un aproximado de 6,005,340 lempiras.
Meza aseguró a EL HERALDO que “a las personas que se les decomisó armas sin permiso de portación, fueron enviadas al Ministerio Público para proceder conforme a las leyes hondureñas”.
Esta cifra de armas que no fueron regresadas a sus propietarios asciende a 84, un 20 por ciento de las requisadas, y con el condicionante de que sus dueños no tenían permiso de portación o no estaban registradas.
El decreto venció el 1 de enero del presente año, y aparte de evitar hechos de violencia generó réditos al Estado.
