TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La severa crisis de agua que azota el municipio obliga a sus habitantes a comprar el vital líquido a todo carro cisterna que se pasea por la ciudad.
Desde que los racionamientos de agua se recrudecieron en octubre de 2019, dotando el servicio una vez a la semana a los abonados, la compra de agua se disparó en la ciudad.
Durante los primeros días del año largas filas de carros cisternas se forman en la afueras de los tres llenaderos del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), ubicados en Altos de Toncontín, Los Laureles y la colonia Divanna.
Son al menos 300 unidades las que a diario hacen en promedio tres viajes cada una, desde que se les redujo hasta mediodía la venta del agua en los llenaderos. Antes de esta determinación cada unidad hacía hasta ocho viajes diarios.
El SANAA vende a 2.70 lempiras el barril de agua y a 150 lempiras una cisterna, pero se han recibido denuncias que un barril llega a ser vendido por 100 lempiras.
“Desde que se nos redujo el horario nos vemos afectados en horas de trabajo. Esta afecta a unos pero beneficia a otros. Hay compañeros que van a traer agua a pozos en Santa Ana, Ojojona y en pozos privados que hay en la ciudad que les venden a 17 lempiras el barril”, expresó Manuel Aguilar, conductor de cisterna.
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Los encargados de trasladar el agua afirmaron que el precio de un barril del vital líquido en el casco urbano de la ciudad es de 40 lempiras y que en zonas lejanas el precio aumenta según la distancia recorrida.
Para las personas que compran la pipa de agua completa tiene un costo entre 800 a 1,200 lempiras.
Don Carlos Madrid, vecino de la colonia Generación 2000, en la parte alta de Comayagüela, compra a 40 lempiras el barril de agua y al mes invierte más de 500 lempiras en la obtención del vital líquido.
El SANAA tiene unas 12 cisternas que de manera gratuita distribuyen agua en la ciudad.
Sin regulación
Ante las denuncias de cobros excesivos, EL HERALDO consultó a las autoridades de la Dirección de Protección al Consumidor si tiene facultades para regular los precios de la venta de agua en las cisternas, pero manifestaron que no era un tema de su competencia.
También se consultó en el Ministerio Público (MP) y tampoco es de su competencia.
“La regulación de las tarifas o de los costos por el agua no es algo que la Fiscalía pueda regular de forma directa porque no es competencia del Ministerio Público estos menesteres. Nosotros accionamos cuando se comete un delito penal en perjuicio del consumidor”, explicó Lorena Cálix, vocera del MP.
