La alarma por el masivo saqueo de viviendas en Ciudad Mateo
obligó a las autoridades correspondientes a blindar el fracasado proyecto habitacional.
En ese sentido, desde el jueves por la tarde, el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones para Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) envió doce elementos de seguridad privada y ocho efectivos militares a resguardar el perímetro residencial para frenar el robo.
Santiago Ramírez, gerente general de SGS, Seguridad Privada -compañía encargada de resguardar la zona-, informó que lograron detener a 45 individuos in fraganti al momento del delito.
Sin embargo, como no existe acusación contra los capturados, optaron por dejarlos libres y advertirles de su falta.
En total, en el desmantelamiento de las viviendas participaron unos 300 saqueadores, estimó.
El saqueo empezó el miércoles por la noche, mientras que el jueves en la mañana se agudizó y todavía los elementos de seguridad detuvieron a dos personas cargando materiales.
Seguridad y litigio
Por su parte, Ramón Echeverría, apoderado legal de Injupemp, aclaró que la vigilancia en el sector desmantelado corresponde a la compañía constructora y no al instituto de previsión.
Reveló que la empresa retiró la seguridad hace tres meses y le exigió a Injupemp el pago de 10 millones de lempiras por el servicio.
Sin embargo, “Injupemp no puede venir a pagar porque el instituto demandó a la compañía constructora y el caso se encuentra en litigio”, argumentó el apoderado legal.
Detalló que el proyecto habitacional está conformado por tres sectores, de los cuales solo uno fue entregado.
La parte de Injupemp corresponde a Altos de las Tapias, con 1,200 viviendas.
Mientras que las zonas inconclusas son las Tapias I, conformada por 2,000 casas e identificada como el lugar del saqueo, y las Tapias II, con 2,600 viviendas. “Nosotros decidimos enviar seguridad para resguardar el perímetro y prevenir que el saqueo se extendiera hasta Altos de las Tapias”, aclaró.
Por otra parte, sostuvo que es imposible calcular las pérdidas, pues es un proyecto que tiene 18 años de abandono.
Asimismo, Echeverría resumió que la demanda interpuesta asciende a 1,600 millones de lempiras y que se encuentra en la etapa de contestación por parte del demandado.
