Hace unos pocos días el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo público su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el continente, en el que resalta la persistente violación de derechos fundamentales en Honduras.
El informe, en el caso de Honduras, reconoce los esfuerzos del Estado para avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular para reducir los niveles de desigualdad, e indica que el mismo surge en un contexto de problemas estructurales que subyacen a las violaciones de los derechos humanos y ameritan medidas a corto, mediano y largo plazo para resolverse.
Entre esos problemas mencionan que si bien las cifras oficiales hablan de la reducción en un 17% de los homicidios, las muertes violentas de mujeres registraron el año pasado un incremento de 24.2% con relación al 2022.
Desgraciadamente, estos hechos no han cesado en 2023 y se mantiene la misma tendencia en 2024. Las cifras nos reflejan la dolorosa e inaceptable situación. Solo en un día, tres mujeres fueron asesinadas esta semana en Tegucigalpa, entre ellas, una joven de 17 años a quien su agresor la habría matado porque no se dejó abusar sexualmente.
Casos como estos son registrados en las estadísticas oficiales y en los medios de comunicación, pero, horas más tarde, pasan al olvido. Más allá del dolor que deja la partida de sus seres queridos a sus familias, y los reclamos en redes sociales de un grupo reducido de mujeres y organizaciones, la impunidad sigue siendo la bandera que envuelve estas muertes.
El país sigue sin contar con políticas firmes y contundentes para proteger la vida de las mujeres; demandando políticas integrales que garanticen la vida y todos los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Más allá de los discursos, se tiene que actuar.
