Tras el madrugón en que el Congreso Nacional destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, a eso de las 6:30 de la mañana de ayer miércoles, fueron juramentados tres de los nuevos miembros de ese organismo de la Corte Suprema de Justicia.
Los nuevos integrantes son José Elmer Lizardo, Silvia Trinidad Santos y German Vicente García. El cuarto reemplazante es Víctor Manuel Lozano, originario de Olanchito, Yoro, que no pudo estar presente en la juramentación, por lo que tomará su promesa de ley el próximo lunes.
Estos cuatro seleccionados sustituyen a José Francisco Ruiz Gaekel, Rosalinda Cruz Sequeira, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Antonio Gutiérrez Navas, quienes fueron destituidos por fallar en contra de un decreto que facilitaba la depuración policial, según el argumento de una comisión investigadora del Congreso, el que origina la separación, la cual fue avalada por el voto de 97 diputados contra 31 en contra.
Los nuevos magistrados fueron escogidos de la nómina de 45 candidatos que en 2009 presentó la sociedad civil para la escogencia de la actual Corte Suprema de Justicia que culmina su período el 25 de enero de 2016.
Noche tenebrosa
El atentado contra el principio de la separación de poderes se comenzó a gestar la noche del lunes cuando a petición del diputado nacionalista, Rodolfo Zelaya, el Congreso aprobó una moción para que se integrara una comisión para investigar la conducta administrativa de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
La comisión quedó integrada por los diputados “juanorlandistas”, Rigoberto Chang Castillo, Tomás Zambrano, Mario Pérez y Armando Calidonio, así como Marvin Ponce (UD), y Orle Solís, perteneciente a la bancada democristiana.
El pinuista German Leitzelar renunció a la comisión, en tanto los liberales Olman Maldonado y Daniel Martínez, tampoco participaron ni firmaron el informe presentado al Congreso en la madrugada del miércoles.
Madrugón borrascoso
Después de casi cinco horas de incertidumbre, la sesión se reinició a la 1:30 de la madrugada de ayer, tras el ingreso al salón de sesiones del presidente del CN, Juan Orlando Hernández, que fue quien dirigió la operación al concertar con diputados de cuatro de las cinco bancadas la destitución de los cuatro magistrados.
Cuando Hernández reanudó la sesión ya todo estaba fraguado y avalado por una facción política del partido Liberal y con los titulares de los otros dos poderes del Estado
Lo primero que aseguró es que había un número de 110 diputados que habían firmado una moción para pedir la separación de los magistrados.
Al final, la decisión fue tomada por 97 congresistas.
El golpe técnico a la Corte Suprema de Justicia lo propinaron 67 diputados nacionalistas, entre propietarios y suplentes, 22 liberales, 4 udeístas y 4 demócratas cristianos que incluyó al suplente de Augusto Cruz Asensio, que no participó en la sesión. Todo esto consta en el listado publicado por el portal web del Congreso Nacional.
Votaron en contra los tres diputados del Pinu, los nacionalistas Antonio Rivera Callejas, Ana Julia García y Daniel Flores, de la corriente política del exaspirante presidencial, Ricardo Álvarez y el diputado Mario Barahona, exaspirante a alcalde por el movimiento que patrocinó las aspiraciones presidenciales de Miguel Pastor.
Del lado liberal, unos 24 diputados afines al aspirante presidencial liberal, Mauricio Villeda votaron en contra.
Dos horas y media duró el debate que culminó con la separación de los magistrados. En total discursaron 40 diputados, de los cuales coincidieron que la destitución fue un acto ilegal, que tenía más carácter político que jurídico. Tal y como lo reveló el diputado de UD, Marvin Ponce.
Otros de los alegatos es que se violentó el derecho a la defensa de los magistrados destituidos y que dicho procedimiento
estaba dando un mal mensaje
a la comunidad internacional.
Conspiración
El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, entre las justificaciones destacó que los magistrados de la Sala de lo Constitucional tenían una conspiración contra las decisiones del Congreso.
“Es preocupante lo que hemos detectado, es prácticamente una conspiración y estamos obligados a debatir este tema”, expuso el parlamentario.
No es posible que siga esta ola delincuencial, mientras unos trabajamos otros conspiran, afirmó sin detallar en qué consiste dicha conspiración.
Sin embargo, en el debate amplió que como pruebas de esa conspiración estaban varios decretos que dicha Corte declaró inconstitucionales.
Afirmó que ya tenía conocimiento que iban a declarar inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura, una legislación “que ellos mismos elaboraron”.
También aludió que el proyecto de ley de Extradición que envió la CSJ para su aprobación por el Legislativo, contenía indicios de inconstitucionalidad y que si no lo revisamos, hubiéramos caído en la trampa preparada por estos magistrados”.
El informe
Fue el presidente de la Comisión Investigadora, Rigoberto Chang Castillo, el que dio lectura al informe solicitado para investigar la conducta administrativa de los magistrados de la CSJ, el que en su parte resolutiva expresa que la Sala de lo Constitucional profirió una resolución contra una norma que no estaba vigente (Decreto 89-2012), lo que representa un grave retroceso contra la seguridad y expone al Estado a demandas millonarias por parte de los policías depurados, por lo que recomendó al pleno analizar y valorar lo expuesto.
El diputado nacionalista suplente por el departamento de Lempira, Jeffrey Flores, sin que el informe fuera aprobado por la Cámara, solicitó la venia para mocionar por la destitución inmediata de los magistrados, alegando que su “conducta es contraria al interés del Estado”.
El diputado dijo que la moción era firmada por 110 diputados. También pidió que se sustituyeran por los profesionales que aparecen en la nómina que dio origen a la elección de la Corte Suprema de Justicia.
Los argumentos
El diputado Renán Inestroza, fue el encargado de hacer los alegatos de las supuestas faltas cometidas por los magistrados,y amparado en el artoculo 205 numeral 20, argumentó que el CN tiene la facultad de aprobar o improbar la conducta administrativa de los funcionarios llámese del poder Ejecutivo y del Poder Judicial.
Alegó que la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia a destiempo. Se violentó el artículo 81 de la Ley de Justicia Constitucional que solo le da 20 días para emitir una sentencia, dijo.
Explicó además que el artículo 4 numeral 8 establece que el incumplimiento de plazos acarrea responsabilidad: estamos ante una situación que violenta el artículo 94 de la Ley de Justicia, la cual establece que los efectos son inmediatos y ¿cómo van a causar efecto si la norma que derogaron no estaba vigente?, preguntó.
Consideró que tal y como establece la Ley de Justicia Constitucional, se debe deducir responsabilidad a los cuatro magistrados
por decretar inconstitucionalidad de una ley que ya no estaba vigente”.
