La indignación se reflejó en sus rostros.
Los cuatros magistrados de la Sala Constitucional: José Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz Sequeira, José Francisco Ruiz Gaekel y Gustavo Enrique Bustillo Palma reaccionaron en torno a la destitución de sus cargos, por parte del Congreso Nacional (CN). Lo hicieron a las dos de la tarde en una comparecencia ante periodistas, leyendo un comunicado en el que dan a conocer a la comunidad nacional e internacional su posición.
El comunicado, al que le dio lectura Gutiérrez Navas, con un alto grado de indignación, inicia con el recordatorio que los magistrados de la Sala Constitucional del Poder Judicial fueron electos legítimamente mediante un proceso complejo y transparente.
“El 25 de enero de 2009 fuimos juramentados en el soberano Congreso Nacional, que hoy nos destituye ilegalmente del cargo, y en tal fecha prestamos el juramento de Ley: ‘Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes’, lo cual hemos llevado a cabo a cabalidad, inspirándonos en el respeto de nuestra legislación vigente, además de los principios éticos de cada uno de nosotros”, cita el numeral uno del comunicado.
Ilegal
Afirman que la Sala Constitucional ha empeñado su dedicación al trabajo jurisdiccional encomendado, de acuerdo a los preceptos legales que los rigen, especialmente la Constitución, Convenios y Tratados vigentes, y la Ley sobre Justicia Constitucional.
“Que nuestra destitución es totalmente ilegítima, ilegal e injusta, pues trastoca los principios constitucionales que nos amparan, y obedece evidentemente a razones políticas, no jurídicas, ya que los suscritos han emitido sus fallos de manera razonada e independiente, sin sujeción a ningún tipo de presión”, puntualizan.
En el cuarto numeral sostienen que, “el ‘Procedimiento’ de destitución que se efectuó no tiene fundamento legal alguno. La aparente causa en que se sustentó tal acción fue el de nuestra ‘conducta administrativa’ de acuerdo a la atribución contenida en el numeral 20 del artículo 205 de la Constitución de la República y el informe que se leyó en la Cámara Legislativa se refiere a un fallo emitido por la Sala Constitucional, que aún no es firme”. Aseguran que dicho fallo, sobre recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Depuración Policial, fue dictado conforme a derecho, como producto de la función jurisdiccional del Poder Judicial.
Violenta derechos
Recuerdan que los magistrados de la CSJ no tienen funciones administrativas, porque así lo dispuso el mismo CN desde enero de 2011. El único encargado de todas las funciones administrativas es el presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés.
“En nuestra destitución se han violentado nuestros derechos constitucionales, como el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho de ser oído y otros derechos fundamentales, reconocidos en el ámbito jurídico nacional como internacional y que haremos valer por las vías legales”, advierten.
Añaden que, “la acción realizada por un sector del Congreso Nacional violenta el principio de separación de poderes contenido en la Constitución de la República, y ha irrumpido abruptamente en la función jurisdiccional de este Poder del Estado, de tal manera que se ha producido una alteración del orden constitucional, pues el Congreso Nacional no tiene facultades para ello”.
Los cuatro magistrados lamentaron los acontecimientos acaecidos, que en nada benefician a la Patria.
“Nos sentimos satisfechos de la labor que hemos cumplido, pues no hemos hecho nada más que cumplir con la promesa que nos hemos referido, y que la población tenga la seguridad que hemos cumplido con nuestros deberes”, aseguran los cuatro separados, quienes anuncian que estarán siempre listos para defender la soberanía del Estado y que permanecerán vigilantes de que no se continúe irrespetando la Carta Magna ni los principios que rigen el Estado de Derecho.
