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Después de confesión, Armstrong en riesgo de persecución por gobierno

El gobierno habría pagado más de 30 millones de dólares a patrocinadores del equipo de Armstrong, de acuerdo al Wall Street Journal. Según los expertos, el gobierno puede pretender recuperar tres veces esa cantidad.

16.01.2013

El gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad para procesar a civiles como Lance Armstrong, ahora que el exciclista caído en desgracia admitió el uso de sustancias dopantes para mejorar su rendimiento deportivo, dijeron expertos legales este martes a la AFP.

'Ya que Armstrong proporcionó a la hoja de ruta que utilizó productos dopantes, el gobierno tiene ahora la posibilidad de reabrir una investigación' por fraude, dijo Brian Socolow, asesor para el deporte. 'Ahora que admitió que se había dopado, el fraude será mucho más fácil de demostrar', agregó.

Por su parte, Peter Keane, profesor de derecho en la Universidad Golden Gate, cree que el riesgo del campeón caído es grande. 'Estoy hablando de dinero, mucho dinero, y más de libertad', dijo a la AFP.

Después de la confesión del ciclista a la famosa presentadora y productora Oprah Winfrey durante un programa de televisión por cable -la entrevista fue grabada el lunes pero se transmitirá en dos partes jueves y viernes-, el gobierno podría decidir pronto.

En la parte penal, Socolow piensa que 'este es un asunto suficientemente importante' que el gobierno podría abrir contra Armstrong por fraude.

Del lado civil, el Departamento de Justicia tiene hasta el jueves para unirse en una queja presentada en 2010 por el excompañero de Armstrong, el también ciclista Floyd Landis, para recuperar dinero público pagado al equipo del ciclista.

Según un documento legal relativo a esta denuncia, copia que obtuvo la AFP, el recurso civil de Landis se basa en una ley que permite a una persona perseguir a otra o a una empresa que hayan engañado al gobierno federal con declaraciones falsas.

El gobierno habría pagado más de 30 millones de dólares a patrocinadores del equipo de Armstrong (Servicio Postal), según el Wall Street Journal. Según los expertos, el gobierno puede pretender recuperar tres veces esa cantidad.

Por su parte, el Departamento de Justicia se negó a comentar sus oportunidades para casos de litigio civil y penal. Pero fuentes cercanas al caso, estimaron 'que no hay riesgo de persecución penal'. A menos que Armstrong admita que no solo se dopó sino que también distribuyó los productos para doparse, según analistas.

'No creo que el gobierno o la mayoría de los estadounidenses vayan a lo penal', dada la popularidad de Armstrong, señaló Jordan Kobritz, director de deportes en SUNY Cortland y quien agregó que 'sigue siendo un gran patriota en la historia estadounidense y un modelo con lo que ha hecho para la investigación contra el cáncer'.

Además, en el pasado, 'el gobierno hizo pocos méritos en sus registros de perjurio contra atletas con respecto al uso de drogas para mejorar el rendimiento', agrega el Socolow. Ha 'gastado millones de dólares' para enjuiciar a dos exestrellas de béisbol como el pitcher Roger Clemens y el toletero Barry Bonds.

Un estatuto de limitaciones prohíbe procesamientos por perjurio, cinco años después de las declaraciones bajo juramento. Sin embargo, los informes difieren en la fecha de los numerosos testimonios de Armstrong, con la primera datación a 2005.

Pero 'aún es posible una investigación del gobierno por obstrucción de la justicia, si él engañó al gran jurado federal,' agregó Michael McCann, director del Instituto del deporte en la Universidad de New Hampshire.

Pero todos los expertos entrevistados coinciden en que es más 'probable' que Armstrong entre en un acuerdo con el gobierno antes de pasar a la confesión.

'Estoy seguro de que sus abogados examinaron el impacto potencial que podría tener su confesión en lo judicial,' dijo Kobritz.

Armstrong 'devolverá, ya sea voluntariamente, o forzado y obligado por la ley, millones de dólares financiados por patrocinadores,' apuntó Socolow.

Armstrong 'prefiere pagar en lugar de estar involucrado en un juicio civil y penal con el gobierno de Estados Unidos'.

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