TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las invasiones a propiedades privadas productivas están ocurriendo en el país desde hace tres años y sin ninguna respuesta de las autoridades, afirma el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en una carta enviada al fiscal general Óscar Chinchilla, a la que tuvo acceso EL HERALDO.
En el documento, el Cohep expone que en los últimos 36 meses grupos de personas organizadas han invadido más de 10,000 hectáreas productivas a nivel nacional y que esa cifra sigue creciendo cada mes.
Las zonas de mayor conflicto son el Bajo Aguán, Cortés y Choluteca, donde las tierras son productivas y pertenecen a empresas dedicadas a la palma aceitera, azúcar, minería y energía.
A la fecha los casos de invasión a la propiedad privada y las pérdidas económicas que estas representan para el sector empresarial han incrementado de manera acelerada, volviéndose el tema cada día más perjudicial para el crecimiento económico y social del país, afirma el sector privado. Son L 2,200 millones en inversiones que están paralizadas y más de 12,000 empleos perdidos, aseguran.
LEA: Finanzas, en cuatro meses, ha emitido 53.2% de la deuda interna
De acuerdo con la carta enviada a Chinchilla, los grupos que han invadido las tierras han ejecutado a guardias de seguridad de las empresas, los cuales no utilizan armas. Las empresas han realizado todas las acciones legales correspondientes sin poder obtener el desalojo de estas.
“La falta de ejecución de acciones por parte de las autoridades atenta contra los derechos fundamentales de la propiedad privada garantizados en la Constitución de la República en sus artículos 61 y 103”, asevera el Cohep.
EL HERALDO consultó, a través de la oficina de Relaciones Públicas, la opinión del fiscal Chinchilla sobre el tema, pero no se obtuvo respuesta.
TAMBIÉN: El SAR pone trabas para la declaración de pérdidas operativas
Compleja crisis
El conflicto por las tierras en Honduras es de larga data y ha sido supuestamente impulsado por grupos políticos que se han aprovechado de la necesidad de los campesinos, que hasta han perdido la vida.
Las instituciones encargadas de la seguridad jurídica como el Instituto de la Propiedad, la Policía Nacional o la fiscalía se quedan inmóviles ante este conflicto debido a la complejidad del problema, consideran analistas que llaman al Estado a actuar para generar seguridad jurídica.
Vitalino Álvarez, miembro del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA). indica que al parecer los invasores en el Bajo Aguán son los expropietarios a quienes la empresa dueña ya les pagó sus tierras.
“El problema viene de raíz, hubo malos procedimientos en las compras porque hubo intermediarios por parte del Estado para que la gente vendiera y eso ha venido a reflejarse hasta ahora”, consideró Álvarez.
El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara, explica que estas tierras invadidas “son privadas”, por lo que esa institución no puede otorgarla a los campesinos, sino que es el Estado el que debe actuar legalmente.
ES DE INTERÉS: Gobierno comprará 450 megavatios de energía para cubrir demanda de 5 años
