TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Estado de Honduras a través de sus instituciones es el único llamado a garantizar la seguridad jurídica de la propiedad privada y así frenar la crisis que se está viviendo con la invasión de unas 10,000 hectáreas productivas en el Bajo Aguán, Cortés y Choluteca.
Así lo indican expertos en el tema y especifican que es una tarea del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional, ya que son las instituciones que deben ejecutar las acciones legales. En general, el gobierno está obligado a buscar opciones adecuadas para evitar que hayan conflictos agrarios como en el pasado.
El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara, explica que la salida legal es que las empresas reclamen su derecho sobre las tierras ante las autoridades y que el Estado aplique la ley para dar seguridad jurídica.
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Indica que lo que procede en el tema de las invasiones es inicialmente aplicar la figura de flagrancia que se da cuando los propietarios de las tierras afectadas acuden a la fiscalía en las primeras 24 horas para que ejecute el desalojo.
Si esto no se aplica deben iniciar un proceso judicial para que demuestren la legalidad de la tierra. Si las tierras fueran nacionales, el INA podría adjudicarla a los campesinos, pero no se aplica en este caso porque son propiedades privadas escrituradas, aclaró. También reconoció que en Honduras los campesinos carecen de tierras para trabajar.
Vitalino Álvarez, miembro del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), comentó que no está al tanto del fondo de la problemática actual, pero se conoce que quienes han invadido las tierras son los mismos que fueron dueños y ya las vendieron.
Las autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) comunicaron a EL HERALDO que esa institución es un ente registral, por lo que no puede intervenir en este tema ya que “cualquier acción legal debe ser a través del Ministerio Público”.
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Petición del sector privado
Hace tres años se han venido registrando las invasiones sin que haya respuesta de las autoridades pese a las denuncias y solicitudes presentadas legalmente, afirma el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
La falta de acciones atenta contra los derechos fundamentales de la propiedad privada garantizados en la Constitución de la República, según Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep.
Afirman que la situación está impactando en inversiones millonarias que han sido paralizadas, así como en pérdida de empleos.
“Hay que parar ya a los criminales que están invadiendo la propiedad privada”, manifestó Urtecho, que le hizo un llamado al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, al fiscal general Óscar Chinchilla para que actúen.
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