TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El recorte de personal para contener la masa salarial de la administración pública centralizada de Honduras se incrementó en esta década.
Esa ha sido recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para frenar el crecimiento anual que experimentaba el presupuesto anual para gastos en salarios. En 2013 la planilla de salarios de la administración central respecto al Producto Interno Bruto (PIB) fue de 9.7% y para 2018 se estima en 8.4%, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Según información solicitada a la Procuraduría General de la República (PGR), el número de demandas registrados en las instancias legales competentes del país suman 2,554 durante el período 2014-2018.
Agrega que ante el Juzgado de Letras del Trabajo se interpusieron 1,269 demandas ordinarias laborales de 2014 hasta junio de 2018.
Los casos reportados ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo contabilizan 1,285 demandas en materia personal.
Una fuente de la PGR explicó que la mayoría de las demandas laborales en contra del Estados se debe a despidos injustificados, errores de procedimientos y violaciones al Código Laboral.
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Instituciones
Otra información solicitada a la PGR fue las cinco instituciones del gobierno central con el mayor número de demandas laborales.
En materia laboral, según la Procuraduría General de la República, la lista la encabeza el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa). Le siguen la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), la Secretaría de Educación, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y la Secretaría de Salud Pública.
En materia personal destaca la Secretaría de Educación. Del segundo al quinto lugar se encuentran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad, el Instituto de la Propiedad y la Comisión Liquidadora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
Indemnizaciones
La Procuraduría General de la República no maneja los datos exactos de los pagos por demandas que los servidores públicos interponen en contra de las instituciones estatales.
De acuerdo con las disposiciones generales del presupuesto, específicamente en el artículo 11, las obligaciones derivadas por el pago de prestaciones, cesantías e indemnizaciones establecidas en ley serán canceladas y asumidas por el Estado con el presupuesto asignado a la institución donde el servidor público prestaba sus servicios.
De igual manera deberá asumir el pago por sentencias firmes independientemente de su naturaleza, por lo cual los responsables de ejecutar las sentencias firmes para el pago es cada secretaría o institución del Estado.
El funcionario de la PGR manifestó que hay cifras extraoficiales que indican que esas 2,554 demandas pueden rozar 6,000 millones de lempiras. Agregó que muchas demandas han sido resueltas a favor de los trabajadores, pero la mayoría están en litigio.
Subrayó que al no haber conciliación entre las partes, los montos a pagar al final de los procesos legales resultan exorbitantes para el Estado.
