El convenio es a nivel de personal técnico para una facilidad crediticia combinada de Derechos Especiales de Giro (Acuerdo Stand-by) y Servicio de Crédito Ampliado de 24 meses.
Durante el anuncio, Tábora indicó que el acuerdo no incluye el alza de impuestos ni el aumento a las tarifas de la electricidad u otros servicios públicos.
El programa económico pretende un plan de rescate para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como crear el espacio fiscal necesario para la inversión y el gasto social, manteniendo la estabilidad fiscal, entre otros puntos.
Rocío Tábota, ministra de Finanzas, había dicho un día antes a la firma del acuerdo que 'estamos en el tema de conclusiones para resolver el tema financiero y el tema institucional de la ENEE para de una vez empezar una ruta para resolver el tema de la sostenibilidad de la empresa, la calidad del servicio, la atención a la población y tener precios competitivos en términos de la contratación de la generación de energía'.
El acuerdo tiene componentes muy importantes en materia de simplificación administrativa para mejorar las competitividades del país para la generación de empleos, según una nota de prensa del gobierno previo a llegar al acuerdo.
'También tiene componentes importantes con un piso de gasto e inversión social y también poder mantener e incrementar la inversión pública especialmente en estructura social', añadió.
Tras el anuncio, el presidente Juan Orlando Hernández ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre los beneficios que llegarán con este nuevo acuerdo.
Reuniones
Para llegar a este acuerdo, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizó a profundidad la situación económica del país, principalmente la crisis financiera de la ENEE.
Durante las últimas dos semanas, la mitad de las reuniones sostenidas con diversos sectores en el país por parte de los ejecutivos del FMI fueron para debatir sobre la ENEE, según el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato.
Además del plan de la estatal eléctrica, que tiene una deuda acumulada ronda los 56,000 millones de lempiras, el gobierno de Honduras también busca aplicar otras medidas de carácter fiscal, entre ellas, la revisión de las exoneraciones fiscales y la reducción de personal supernumerario en las instituciones públicas.
Los funcionarios han descartado la aplicación o aumento de los impuestos como se hizo en 2014 previo a firmar el acuerdo anterior con el FMI.
