Tegucigalpa, Honduras
Las tiendas libres que operaban en aduanas terrestres de Honduras, hoteles y centros comerciales suspendieron operaciones hace siete años.
EL HERALDO puso al descubierto en febrero de 2010 que las denominadas duty free estaban ligadas al comercio ilegal de bebidas alcohólicas, cigarros y otros productos importados exclusivos para los extranjeros.
Este medio encontró que la mercadería exonerada del pago de derechos arancelarios, impuestos internos y demás gravámenes fiscales eran vendidos a comerciantes hondureños, generando millonarias pérdidas al fisco por la evasión de impuestos.
Lo anterior provocó que la desaparecida Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) verificara la denuncia y, por ende, suspendiera a los agentes fiscales asignados a las tiendas libres, requisito para que estos negocios operaran en los lugares autorizados.
No obstante, el tema del cierre o de la reapertura de los 37 duty free regresa hoy a los tribunales de justicia de Honduras, en donde los representantes legales de los empresarios de ese rubro y los abogados del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y de la PGR están citados a la audiencia preliminar.
El caso de las tiendas libres se ventilará en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán.
El 28 de mayo de 2015, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo anuló la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia, con fecha 9 de septiembre de 2014.
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Comercio ilegal
La Unidad Investigativa de EL HERALDO descubrió que en las aduanas de El Amatillo, Guasaule, La Fraternidad, El Poy y Aguacaliente, así como en hoteles y centros comerciales, las tiendas libre vendían sus mercaderías a cualquier persona.
Los productos con más demanda eran licores y cervezas, así como bebidas, las que se ofrecían a 100 lempiras menos respecto al comercio formal. Personal de este medio de comunicación compró bebidas y otros artículos exclusivos para extranjeros sin cumplir con los requisitos exigidos por las leyes nacionales e internacionales.
Entre los requisitos obligatorios era que los extranjeros presentaran el pasaporte para que acreditaran su nacionalidad.
Las estimaciones de la DEI era que de 2005 a 2009, la evasión de las duty free ascendió a 2,300 millones de lempiras.
Además, personal de la desaparecida DEI encontró irregularidades como clonación de facturas, inconsistencias en los valores de ventas de varias facturas y uso de pasaportes falsos.
Argumentos
Las partes involucradas en ese litigio de las tiendas libres deberán aportar las pruebas ante la juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, Cynthia Carolina Núñez.
La PGR argumenta que las duty free violentaron las leyes nacionales e internacionales al vender productos a hondureños.
No obstante, una de las tiendas libre, que es la parte demandante conocida como Importadora Comercial (Imco), sostiene que el cierre fue ilegal, fundamentando su defensa en un dictamen técnico preparado por el perito Carlos Sánchez, quien en febrero de 2010 era el jefe de Regímenes Especiales de la DEI.
La petición de la PGR será que se declare nulo el dictamen técnico del demandante ya que Sánchez no puede ser juez y parte en ese caso. Además, existe un amparo a favor del Estado que será presentado.
