Tegucigalpa, Honduras.- Perjuicios y retrasos en la asignación oportuna de recursos a salud, educación, seguridad, entre otras áreas está generando la no aprobación también validez del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2025, coincidieron analistas consultados por EL HERALDO.

El presupuesto 2024 que se admitió y promulgó bajo el decreto legislativo 62-2023 del 18 de enero del año pasado cumplió 376 días en vigor y ante la falta del instrumento para el desarrollo del presente ejercicio fiscal sigue este en vigencia.

El artículo 368 de la Constitución de la República estipula que “la Ley Orgánica del Presupuesto establecerá lo concerniente a la preparación, elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto. Cuando al cierre de un ejercicio fiscal no se hubiere votado el presupuesto para el nuevo ejercicio, continuará en vigencia el correspondiente al período anterior”.

No es la primera vez que no se dispone del Presupuesto General de la República en tiempo y forma, ya que para 2023 transcurrieron 12 días de enero para que los diputados del actual Congreso Nacional discutieran a su vez admitieran este documento de política fiscal que contiene las estimaciones de ingresos y gastos que destinará el gobierno.

De los 407,137.5 millones de lempiras que ascendió el presupuesto 2024 se amplió en 11,171.9 millones de lempiras para sumar L418,309.4 millones de los que se ejecutaron el 87.91% equivalentes a 367,732.6 millones de lempiras, informó EL HERALDO de conformidad a datos de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Hasta este martes se había erogado del mismo instrumento 14,323.6 millones de lempiras, de los que L8,063.5 millones corresponden a gastos en servicios no personales y L2,512.9 millones se destinaron al pago de sueldos, salarios, otros beneficios al igual que compensaciones, es decir servicios personales.

“El no haberse aprobado el presupuesto de 2025 se traduce en un problema de tipo político y se vuelve un perjuicio para el país porque ese presupuesto contiene recursos que deben ser asignados para las necesidades en salud, educación, seguridad ciudadana, desarrollo e infraestructura, mejorar la competitividad en los sectores de la economía”, manifestó a EL HERALDO el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Luis Guifarro.

Agregó que “en este momento no se cuentan con los recursos para que el país pueda estar encaminado a cumplir con ciertos propósitos para producir los bienes públicos”.

Desde el punto de vista de la masa de recursos que está involucrada de 430,907.8 millones de lempiras en el instrumento para el desarrollo 2025 es lo equivalente a la mitad de la producción nacional, consideró el economista Martín Barahona.

Indicó que “mientras no se apruebe el presupuesto no significa que el gobierno no tenga dinero, las instituciones si lo tienen, pero obviamente que las condiciones, realidad de 2025 no van a ser las mismas que las que se tuvieron en 2024 que su presupuesto fue mal ejecutado, tuvo muchas deficiencias igual que todos los de los gobiernos anteriores y al seguir vigente se van a replicar las situaciones y los defectos para este año”.

Al continuar sin interrumpirse el cobro de todos los impuestos en el territorio hondureño no hay pretexto alguno para argumentar que no hay dinero en las arcas del Estado, sostuvo el entrevistado.

De su lado el Consejo Cívico Fiscal (CCF) subrayó que la “no aprobación del proyecto de Presupuesto General de la República para el año 2025 por parte del Congreso Nacional en la fecha establecida, el mismo no contempla una adecuada priorización de los recursos públicos que prime asignaciones esenciales como salud, educación, seguridad, transparencia y que garantice el proceso electoral”.

“Es esencial aprobar el presupuesto 2025 y asegurar que los recursos públicos se destinen a sectores estratégicos como salud, educación, justicia y desarrollo de infraestructura, priorizando inversiones que impacten directamente en el bienestar sostenido de la población. Se debe evitar el uso discrecional en partidas presupuestarias con bajo impacto social o económico, así como utilización para clientelismo político”, añade el pronunciamiento emitido por esta agrupación compuesta por expertos en materia económica de organizaciones de la sociedad civil.

El titular de Finanzas, Christian Duarte, escribió en su cuenta de X que “el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha destinado en los cuatro presupuestos de su gobierno un total de 304,487 millones de lempiras al que es definitivamente el plan de inversión pública más grande en la historia de Honduras. Los tres gobiernos del Partido Nacional después del golpe de Estado dedicaron L242,026 millones en 12 años apenas alcanzan el 79% de lo que la presidenta Xiomara ha hecho en cuatro años”.

Pese a estos señalamientos, la gestión pública actual ha ejecutado entre el 49.8% y 86.9% de los fondos presupuestados para el Programa de Inversión Pública (PIP) entre el 2022 y 2024, período en el que no se erogaron L44,170.26 millones, constató EL HERALDO con base a datos oficiales.