TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las relaciones entre la Empresa Energía Honduras (EEH) y el gobierno se encuentran en un punto crítico.
El decreto ejecutivo PCM-081-2020, a través del cual se traspasa el contrato de concesión a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha encendido la polémica entre las partes.
Ricardo Roa Barragán, gerente general de EEH, hace un análisis sobre el citado decreto que traslada el sistema de distribución a la ENEE.
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¿Cuál es la situación legal de EEH con el gobierno de Honduras?
Hemos venido haciendo denuncias ante instancias nacionales e internacionales como el Comisionado de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Centro de Conciliación y Arbitraje y el juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, también ante el FMI, el Banco Mundial, el BID y el BCIE. Hemos denunciado actos por los cuales el gobierno de Honduras, a través de la comisión interventora (de la ENEE), ha querido plantear la intervención del contrato y la toma del control del contrato. También nos reunimos en Miami para revisar las condiciones del contrato y la ejecución, no se llegó a ningún acuerdo y ahora nos encontramos con la publicación del decreto ejecutivo
PCM-081-2020.
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¿Cuál es su opinión sobre el decreto ejecutivo PCM-081-2020?
En este decreto hay una ruptura de las reglas bajo las cuales el inversionista operador -EEH- llegó al país. Esto es una afectación grave, hay un comité técnico del fideicomiso que ante la desaparición de Coalianza y ante las facultades que le concedieron al Consejo Superior de Alianzas Público Privadas de presidir esa junta directiva, se le está dando con ese decreto el liderazgo nuevamente a la ENEE para el control de la junta directiva que antes tenía Coalianza. Esas son las razones por las que nosotros hemos presentado un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que el decreto PCM-081-2020 se declare su no obligatoriedad ante el reclamante -EEH- por contener disposiciones que contravienen y tergiversan derechos constitucionales.
Con ese decreto ejecutivo EEH no tiene la certeza jurídica de que se cumplirá el contrato que les adjudicó el gobierno por siete años.
Este decreto desborda todos los mecanismos que están establecidos en el contrato, que es lo que hemos venido reclamando siempre de que se acuda a las instancias y mecanismos que han sido formulados para mantener las reglas bajo las que el inversionista operador llegó al país. En medio de la inseguridad jurídica y de la adversidad que representa para la inversión extranjera y privada nacional nosotros hemos manifestado nuestra voluntad y disposición para llevar el contrato a feliz término.
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En su opinión, ¿cuál será el papel de la ENEE otorgado en ese decreto
ejecutivo?
Lo que estoy viendo es una toma de control del contrato bajo las manos de la comisión interventora de la ENEE, la que tendría un mayor peso sobre las decisiones que se enmarcan en lo que hace la complejidad de la ejecución del contrato. Desde que venimos ha habido varios intentos por tomar el control
del proyecto
¿Cuánto suma la cuantía de los reclamos de EEH al gobierno de Honduras por la vigencia del contrato?
Por varios conceptos a octubre de 2020 suman los 410 millones de dólares en concepto de deudas. El diferencial por el cargo fijo que debía pagar el gobierno es de 278 millones de dólares, más 44.5 millones de intereses, inversiones dejadas de pagar de los años del contrato 2, 3 y 4 por 75 millones de dólares y hay otros honorarios de éxitos por la recuperación de la mora que suman los 410 millones de dólares por deuda consentida que hoy le debe al Estado de Honduras al inversionista operador.
