Para cubrir esos requerimientos de recursos, el Congreso Nacional autorizó a la Secretaría de Finanzas (Sefin) para que contratara 2,500 millones de dólares en deuda externa (Decreto Legislativo 33-2020).
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Un informe de la Sefin revela que el monto de las operaciones suscritas y en gestión suman 1,047.3 millones de dólares. Agrega que las operaciones suscritas suman 523.7 millones de dólares y 523.6 millones están en gestión.
No obstante, expertos en finanzas públicas consideran que el gobierno hondureño debe contratar deuda externa en condiciones favorables para el país y así evitar en el futuro caer en una situación de impago.
Operaciones
Los nuevos préstamos están orientados a fortalecer la capacidad financiera de la administración pública.Según el plan de financiamiento amparado bajo el decreto 33-2020 indica que el endeudamiento externo para proyectos del sector agroalimentario suma 535 millones de dólares.
El componente más importante es el Programa de Reactivación de las Mipymes por 300 millones de dólares y fueron gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
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Con el Banco Mundial (BM) suman 145 millones de dólares, de los que 75 millones fueron suscritos para el programa Comrural y 70 millones están en proceso de negociación para la resilencia hídrica en el corredor seco.
Con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se suscribieron 55 millones de dólares para un programa de desarrollo integral en zonas rurales.
Para apoyo presupuestario de proyectos para contener el Covid-19, el financiamiento suma 282 millones de dólares, de los que FMI desembolsó 143 millones y el BM 139 millones de dólares.
Otro componente se denomina apoyo presupuestario con 161.7 millones de dólares, de los que con el BID se han suscrito 117 millones y 50 millones en negociación con el BCIE.
La reorientación de recursos con el BID, BM y BCIE asciende a 68.6 millones de dólares.
Los desembolsos registrados por la Secretaría de Finanzas suman 262 millones de dólares.
De los 2,500 millones de dólares aprobados por el Congreso Nacional, el monto disponible es de 1,452.7 millones (58.1% del total).
Condiciones favorables
Este es uno de los temas de amplio debate en el país, ya que el servicio de la deuda pública es el segundo rubro que más recursos absorbe del presupuesto de ingresos y egresos. En ese sentido, bajas tasas de interés y plazos largos deben ser prioridad en la colocación de los 2,500 millones de dólares.Expertos consultados coinciden que Honduras debe lograr negociaciones similares a las obtenidas por los países centroamericanos y del Caribe, ya que las calificaciones de riesgo de las agencias especializadas son similares.
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Costa Rica colocó 1,200 millones de dólares a 12 años plazo, en una negociación liderada por los bancos Citi y HSBC.
Guatemala, que tiene una calificación crediticia igual a Honduras de BB-, ubicó bonos a 30 años plazo en los mercados internacionales, a una tasa de 6.125 puntos, siendo su banco estructurador Citigroup.
República Dominicana emitió bonos por 1,500 millones de dólares a una tasa de 5.875%, a un plazo de 40 años y la colocación estuvo a cargo de JP Morgan.
Panamá logró una tasa de 4.5% por la emisión de 2,500 millones de dólares y los inversionistas aceptaron un plazo de 36 años, ya que los bonos vencen el 2050.
De acuerdo con las recomendaciones de los expertos, una de las claves para lograr buenas condiciones es tener bancos de primer nivel en la asesoría y estructuración de la nueva deuda externa.
Deuda externa
A diciembre de 2019, el saldo de la deuda pública externa era de 7,319.1 millones de dólares, con un incremento de 410.5 millones respecto al año previo (6,908.6 millones de dólares).La deuda externa es equivalente al 29.5% del PIB.
Según un análisis de la Dirección General de Crédito Público de la Sefin, por tipo de acreedor la deuda externa tiene la siguiente composición: el 61% (4,469.9 millones de dólares) corresponde a acreedores multilaterales, el 23% ($1,700 millones) son tenedores de bonos, los acreedores bilaterales participan con 12% ($871.9 millones) y el restante 4% (277.3 millones) están en poder de bancos comerciales, instituciones financieras y proveedores.
