El 80% de los homicidios en Honduras no se investigan

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Aquí no sirve la Policía, no investiga”, se lamentó la familiar de la joven Belkys Maricela Mendoza, asesinada en noviembre del año pasado en Catacamas, Olancho.

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Esta pariente, a través de una conversación por WhatsApp con un emoji llorando, evidenció su dolor e indignación, porque los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) no se esforzaron en esclarecer el hecho. “Es triste, así es este país”, dijo indignada.

Hechos como el expuesto hay muchos debido a que la investigación criminal en Honduras fomenta un ambiente de impunidad por los bajos resultados y la violencia danza a sus anchas, según los expertos.

Así lo evidencian también los datos de la Secretaría de Seguridad... y lo lamentable es que la situación empeora, porque el año pasado (2022) la investigación presentó un leve retroceso.

El informe de incidencia delictiva de delitos contra la vida (2021-2022) de la DPI, en poder de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, evidencia el poco alcance que tiene la investigación en el país y los altos grados de impunidad.

Por ejemplo, al cierre de 2022 solo fueron remitidos al Ministerio Público (MP) un total de 19.5% de expedientes de los casos de muertes violentas registradas en Honduras.

Los homicidios o levantamientos realizados por los equipos de Inspecciones Oculares de la DPI sumaron 3,433 en el 2022, pero solo 671 expedientes investigativos fueron remitidos al MP, según el informe anual de esta institución.

Lo anterior significa que si solo 671 casos fueron resueltos y remitidos a la Fiscalía para emitir un requerimiento fiscal, quedaron pendientes 2,762 hechos.

Esto quiere decir que más del 80% de los homicidios registrados en Honduras se quedaron en la impunidad.

Don Francisco (nombre ficticio por seguridad) es testigo de esta impunidad. Su hijo fue desmembrado en una colonia denominada “caliente” de la capital. El crimen no terminó ahí, porque luego sintió que los homicidas iban por él.

El señor acudió a la Policía para que detuvieran a los responsables, pero nunca vio resultados, a pesar que los criminales lo acechaban.

Le asignaron medidas de protección, pero los policías solo llegaban a que les firmara un libro, luego se perdían. Se sentía expuesto a sufrir la misma violencia que su hijastro.

Desesperado, se fue al interior del país, pero siguieron las amenazas y debido a la impotencia decidió emigrar hacia Estados Unidos.

Un caso más reciente es el de Carlos Gerardo Barahona, el productor de Suyapa Medios, quien perdió la vida cuando le robaron el carro en la colonia Kennedy de la capital. Hasta el momento se desconoce quiénes son los responsables.

La investigación empeoró levemente en el 2022 en comparación con el 2021, cuando se remitieron 848 casos, pero las muertes fueron 3,941, es decir, más que el año anterior.

Los datos evidencian que en el año 2021 se lograron remitir 848 expedientes al MP, es decir, el 21.5% del total de casos registrados, lo que indica que se quedó sin investigar el 78.5% de las muertes violentas, mostrando que el año pasado hubo un leve retroceso.

La deuda es histórica y muchos dolientes nunca vieron brillar la justicia, teniendo que llevar ese peso y dejar “todo en las manos de Dios”, una frase que es el único consuelo de miles de familias.

Hace más de seis años, el abogado Elvis Velásquez iba a traer a su hija de una instalación deportiva en La Ceiba, Atlántida; cuando la subió para regresar a su hogar, a él le pegaron seis disparos en el cuerpo y murió al instante.

El hecho ocurrió el 15 de marzo de 2016 y sus seres queridos perdieron toda esperanza de ver en la cárcel a los autores de tan reprochable crimen.

La hija apenas tenía cinco añitos de vida, hoy a su 12 años la menor vive con ese trauma causado por un criminal que seguramente sigue en las calles matando, mientras en su mente resuenan los disparos que le quitaron la vida a su figura paterna.

Para las familias es duro, porque al no haber una respuesta de quién le quitó la vida a su familia y no se castiga a los responsables, les toca irse de su barrio o colonia y hasta del país.

Los datos también evidencian que el año anterior solo en el 39.9% de las muertes violentas contra las mujeres se realizó una investigación con algún tipo de resultado.

Según los datos, en 2022 se registraron 297 homicidios contra mujeres, de estos solo 117 fueron investigados, es decir, de 180 no se sabe qué pasó o qué pasará.

Las muertes múltiples o masacres tampoco han tenido una respuesta efectiva debido a que de 46 que reporta la DPI que se registraron en el 2022, solo 16 expedientes fueron remitidos, que son el 34.7% de los casos.

Lo mismo pasa con los homicidios en niños, que en el 2022 se registraron 147, de los cuales solo 53 expedientes fueron enviados al MP, que representan un 36% del total.

La tarde de jueves 20 de octubre, Allan Andino conducía la unidad 702 de la ruta Suyapa-UNAH-Mercado, cuando sicarios lo atacaron y le quitaron la vida.

El hombre que trabajaba por sacar adelante a su familia quedó con las manos en el timón del bus y su cabeza ensangrentada en el vidrio lateral de la ventana.

Amigos de la víctima lamentan que ya pasaron cerca de cuatro meses y las autoridades policiales no han dado avances o muestras de quiénes son los responsables, es posible que los mismos asesinos estén planificando otra muerte con absoluta libertad en este momento.

De acuerdo con las cifras analizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, se registraron 110 homicidios de personas ligadas al transporte, de estos, solo se lograron remitir 13 expediente al MP, es decir, apenas el 11%.

En delitos como robos, que son de los más denunciados, en el 2022 la DPI contabilizó 9,412 denuncias, de estas solo se remitieron 1,321 casos al MP, lo que quiere decir que solo se resuelve alrededor del 14% de los casos registrados.

Para el experto en medicina forense e investigación criminal Denis Castro Bobadilla, los atrasos en investigación se deben a la falta de conocimiento investigativo de las personas que han sido nombradas en los cargos de jefaturas por la presidenta de la República, haciendo alusión a la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva.

Condenó que en Honduras se trabaja en materia de investigación criminal en términos generales con palos de ciegos desde los últimos 30 años, con una organización sin sentido y con bajos resultados.

El problema es que tratan de resolver los problemas a través de posiciones mediatices y populistas a través de los medios de comunicación, señaló.

Otro impedimento para mejorar la seguridad es que en Honduras se cree que la gendarmería y portar armas en sinónimo de investigación criminal, el mismo error que se cometió con el expresidente Juan Orlando Hernández se está cometiendo ahora, condenó.

Bobadilla sentenció que son millones de lempiras que consume la seguridad en Honduras y la impunidad es impresionante, una de las más altas del mundo y en América Latina.

Consideró que se deben tener personal capacitado, porque de nada sirve que se tengan los recursos si no saben usarlos, ya que si no se combate la impunidad, va a haber más y más criminalidad.

La subsecretaria de la Secretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, reconoció que una de las aristas más importantes en el tema multidimensional de la inseguridad en Honduras pasa por la falta de investigación y la investigación defectuosa.

Dijo que los delitos contra la vida generan vulneración de derechos humanos y al quedar impunes promueven la inseguridad ciudadana.

Recordó que las agencias que se dedican a la investigación son la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de la Policía Nacional y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que depende del Ministerio Público (MP).

No obstante, quien dirige el proceso de investigación es el MP para llevar los casos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).En el caso de la DPI hay serios inconvenientes, como la mora de la investigación de los delitos que se presentan, que andan entre un 70% y 80%.

Eso significa que se debe contar con un ente que tenga todos los recursos para el proceso de investigación y que el personal esté capacitado.

Indicó que la DPI tiene unos 1,200 agentes para todos los casos de investigación, lo que es bastante limitado, además de que los recursos económicos son muy limitados. Quizás no es por falta de inyección financiera, porque “creo que la distribución al interno dentro del presupuesto de la Policía Nacional ha sido limitado”, reclamó.

Además, sostuvo que la remisión de los casos a la Fiscalía depende mucho que ellos (el MP) los reciban, hace falta más dinamismo y cooperación entre la Fiscalía y los agentes policiales.

Generalmente se trabaja más en casos emblemáticos, pero se deben resolver todos, además se necesita un adecuado procesamiento de las pruebas y de la gama criminalística que surge cuando se está en el proceso de investigación, pero no se está haciendo ese trabajo adecuadamente, señaló.

Tampoco la Fiscalía usa los laboratorios criminalísticos de la DPI y los manda a Medicina Forense, generando más carga a esta institución, volviendo más lento el proceso de investigación.

Condenó que no hay una integralidad de todos los operadores de justicia para fortalecer las investigaciones y resolver los casos. Eso se podría lograr con la creación de un instituto de medicina legal y ciencias forenses autónomo, recomendó.