Denuncias contra policías y militares: el dato que destapa la impunidad

Tegucigalpa, Honduras.- Abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, violencia doméstica y psicológica, lesiones, maltrato familiar, amenazas, tortura, robo y muchos otros delitos han llevado a los policías y militares a enfrentar la justicia.

Cuando un agente de la Policía Nacional o un miembro de las Fuerzas Armadas (FF AA) es investigado por la Fiscalía, quiere decir que no ha cometido una simple falta, sino que su accionar lo podría hacer responsable de un delito y que, en consecuencia, podría ser un peligro para la sociedad si resulta culpable.

Cifras del Ministerio Público (MP) proporcionadas a EL HERALDO Plus mediante la solicitud de información SOL-MP-2864-2024, evidencian que entre enero de 2020 y septiembre de 2024 se registraron denuncias contra un total de 1,581 funcionarios encargados de la seguridad pública.

Sin embargo, de la cifra anterior únicamente se emitieron 149 requerimientos fiscales (9.3%) y se alcanzaron a emitir sentencia condenatoria contra 26 uniformados, es decir, el 1.6% de los denunciados.

En contraste, hubo 29 sentencias que terminaron en absolución.

Para 2020 el caso de 304 agentes llegó hasta la Fiscalía. En 2021 la cifra aumentó a 426 reportes.

En 2022 se registró una baja (con 300 denuncias), mientras que 2023 cerró con 267 casos. A septiembre de 2024 ya suman 284 denuncias contra uniformados .

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) maneja su propia estadística, que no deja de ser preocupante, con 700 denuncias contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado desde que se instauró el estado de excepción, en diciembre del 2022, hasta octubre de 2024.

El director del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos del Conadeh, Daniel Cáceres, declaró que el estado de excepción es un instrumento que no está dotado de suficiente análisis jurídico y es un elemento que podría servir para causar violaciones a los derechos humanos, especialmente en las detenciones de personas.

Es de tomar en cuenta que a las labores preventivas de seguridad se ha sumado la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las Fuerzas Armandas, por lo que este análisis también abarca a militares denunciados.

Los reportes contra miembros de la institución castrense se situaban en 263 (cifras procesadas de enero de 2020 a septiembre de 2024). Sin embargo, el grueso de las denuncias se concentra en los policías, con 1,318 casos, de acuerdo a los datos.

Los agentes, es decir, los grados que comprenden la escala menor de la Policía Nacional, son los que más faltas y delitos acumulan, según los datos del MP y de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol).

Dentro de los denunciados también hay agentes de investigación, suboficiales, subinspectores de policía, directores de centros penales, subcomisarios, comisarios, subcomisionados y comisionados.

La mayor parte de las denuncias corresponden a abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, violencia doméstica y psicológica, lesiones, maltrato familiar y amenazas, allanamiento por funcionarios o empleado públicos, violencia doméstica física y patrimonial.

También hay casos de homicidio, robo, hurto, daños, detención ilegal, asesinato, fraude, uso de documentos falsos, estafa, incendio, encubrimiento, tráfico de drogas, violación especial, actos de lujuria, entre otros.

Para el exagente de la Policía Nacional y analista en temas de seguridad, Gonzalo Sánchez, las personas son las responsables de sus actos, “las instituciones no delinquen”.

No obstante, la población de la Policía Nacional ha crecido en los últimos años y requiere de un riguroso control. Hay más 20,000 policías activos en Honduras.

Cuando las instituciones crecen, apuntó Sánchez, lógicamente enfrentarán un crecimiento en la cantidad de denuncias y reportes, pero hay delitos que están mal calificados por los organismos de derechos humanos.

En la acusación de abuso de autoridad, defendió, cuando una persona se resiste a su detención, el policía tiene que utilizar la fuerza racional para someterlo y llevarlo en calidad de detenido. “Eso aquí le llaman tortura”, pero en otros países no abarca esa tipología. “La gente (en el extranjero) se deja detener, pero aquí agraden y golpean al policía”.

El experto asoció la violencia doméstica a un problema de convivencia entre las parejas y las largas ausencias de los elementos policiales y militares. “El agente pasa mucho tiempo fuera de la casa, trabajando o encerrado, y eso genera celos y desconfianza entre las parejas”.

En tanto, los delitos como tráfico de drogas, robo, hurto u homicidios, salvo por casos muy especiales, no se justifican, porque “el policía es el que da el ejemplo y no puede robar, no puede hurtar o violar los derechos humanos de una persona injustificadamente”, reflexionó.

Los departamentos con la mayor cantidad de denuncias de esta índole son Francisco Morazán, El Paraíso, Atlántida y Cortés, evidencian los datos de la misma Fiscalía.

Gustavo Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad, defendió en el foro televisivo Frente a Frente que su administración trabaja en eliminar las actuaciones arbitrarias que comenten los agentes durante su trabajo.

En casi tres años de la administración actual se han cancelado más de 3,200 funcionarios policiales, 3,106 por faltas graves disciplinarias, y 128 por la comisión de delitos, con la herramienta jurídica a disposición, informó.

Mario Rivera, vocero de las FFAA, dijo que como institución “colaboramos con el Ministerio Público poniendo a disposición a todo aquel miembro de la institución que esta actuando al margen de la ley”.

Del total de casos, el MP ha emitido 149 requerimientos fiscales en un periodo de cinco años. Las sentencias logradas también son irrisorias, con 26 desde 2020.