Menores y jóvenes, los que más extorsionan en Honduras: “Los niños son utilizados”

Tegucigalpa, Honduras.- Un documento anónimo, amenazándolo de pagar 5,000 lempiras al mes o formar parte de la lista de hondureños que perdieron la vida por la extorsión, obligó a William a cerrar su negocio. No solo eso, también huyó del país.

Tenía un pequeño gimnasio en una colonia capitalina, pero —como pudo— vendió todo el equipo y compró un boleto de avión para emigrar a España.

Por su caso, no hay detenidos, pese a que interpuso una denuncia, no solo informando sobre el papel encontrado en su negocio, sino sobre una serie de mensajes de texto amenazantes.

“Yo me fui de Honduras porque me estaban extorsionando y no tenía para pagar, por eso estoy pidiendo asilo en España”, contó el joven en diálogo con EL HERALDO Plus.

No sabe quiénes fueron, pero en el país dar con los extorsionadores es cada vez más fácil. Entre 2015 y noviembre de 2024, más de 4,200 personas fueron denunciadas ante el Ministerio Público por este delito, pero la cifra venía en picada, indican los reportes facilitados a través de la solicitud SOL-MP-2912-2024.

Los adolescentes y jóvenes todavía son presa fácil para cometer este delito, pues los datos dicen que casi el 15% de los denunciados y procesados tenían entre 12 y 17 años.

Cuatro de cada diez (41%, específicamente) tenían de 18 a 25 años. Mientras que el 28% estaba en el rango de 26 y 35 años, indican los reportes procesados por este medio.

Es decir, más del 80% de los denunciados por extorsión eran menores, adolescentes y jóvenes.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no se tenía registro de las edades de los requeridos (más de 3,500 casos).

Desde la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) dijeron que los menores de edad son usados por estructuras criminales para extorsionar, por lo que también son “víctimas”.

Se refirió al hecho de que al ser detenidos no son acusados por el delito, sino que están en conflicto por la ley, es decir, que cometieron una falta.

En estos casos, los niños y adolescentes mayores de 12 años son enviados a centros de menores infractores, donde un juez decide el tiempo que pasará allí o si les dan medidas sustitutivas distintas a la privación de libertad.

“Muchas veces es porque ellos los obligan nuevamente a tener que volver a pedir extorsión, siempre desde el hecho de que son las víctimas, porque son utilizados para estos fines y, por otro lado, también que un niño representa un riesgo menor para una persona que es extorsionada, que normalmente las edades de las personas que extorsionan están entre los 31 a los 50 años”, aseguró Edgardo Molina, coordinador del Proyecto Binacional de Migración de Coiproden.

Molina lamentó que estos menores son reclutados por maras y pandillas, quienes los obligan a cometer ilícitos y, en otros casos, a emigrar a lo interno de Honduras o al extranjero.

“El llamado es a la articulación de estos espacios de participación ciudadana, a la protección directa por parte de la familia y también de las redes comunitarias para que el niño y la niña esté protegido de este flagelo, de este delito, y que esté ocupado en otras cuestiones que le puedan abonar más a su vida”, sugirió el experto en temas de niñez.

Según un análisis de datos realizado por EL HERALDO Plus en 2022, el 30% de los menores infractores son detenidos por acciones relacionadas a la extorsión.

Las denuncias por este delito mostraron un aumento significativo en 2016, cuando se contabilizaron casi 900 casos; para el siguiente año (en 2017) los reportes pasaron a 269.

Esta cifra prácticamente se mantuvo hasta 2019, cuando hubo 400 denuncias por extorsión, pero con la pandemia nuevamente hubo una baja.

En 2022, según los registros, las autoridades lograron recibir 438 quejas, mientras que hasta noviembre de 2024 se contabilizaban 450.

Una gran queja sobre este problema es la poca judicialización de las denuncias, así como la impunidad en torno a los casos. Según registros del Poder Judicial, 329 expedientes ingresaron a los juzgados nacionales en materia de extorsión en 2023.

En contraste, se emitieron 220 sentencias condenatorias, mientras que 68 terminaron en absolución.

Estos casos mostraron una baja año con año, pese a que la extorsión en los hogares aumentó, indica el informe “Extorsión bajo la lupa a 2 años del estado de excepción” de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

De acuerdo con la publicación, más de 304 mil hogares dijeron ser víctimas de extorsión en 2024, pero al ver las denuncias, la Secretaría de Seguridad solo reportó 484. Las cifras del Ministerio Público, analizados por este rotativo, son casi similares a las de Seguridad: 450 personas fueron acusadas hasta noviembre.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ, dijo que hay tres grupos utilizados de forma directa o indirecta para cobrar extorsión: los menores de edad, los adultos mayores y personas fallecidas.

“Los jóvenes que están siendo utilizados para el mecanismo de transferir el teléfono, ir a dejar el teléfono al comercio, a la unidad o a la línea de transporte, ir a dejar la carta extorsiva e ir a recoger el dinero”, denunció.

Dentro de este esquema delictivo ni la tercera edad queda al margen. Según Castañeda, “el segundo grupo que preocupa es la tercera edad, porque están utilizando a la tercera edad para que se aperturen cuentas de banco, para que aperturen billeteras electrónicas y como no son personas rastreables o que comparten una estructura, estas personas utilizan su nombre y su número de identidad para poder hacer esas transferencias”.

Sobre el tercer grupo, el de las personas fallecidas, comentó que están usando sus identidades para realizar movimientos electrónicos.

“Entonces ese es el problema de que existe actualmente, de que no hay un trabajo interorganizacional de las instituciones que tienen que estar velando por el cumplimiento del plan de solución contra el crimen y el plan de tratamiento de la actuación, que ya establece ese tipo de actuaciones”, condenó.

Catañeda recordó que el delito de extorsión es personal, porque requiere de la víctima en cada etapa del proceso judicial, sin embargo, tienen mucho miedo de denunciar.

Por ejemplo, el experto dijo que con el estado de excepción no se ha visto mejoras en los indicadores prometidos y que eso se refleja en que el número de hogares extorsionados aumentó, pero las denuncias bajaron.

“Eso es lo que la gente entiende y lo que la gente teme, y ahí es donde tiene el problema grave el gobierno. Por eso es que el objetivo debería de ser acciones oportunas en la desarticulación compleja de los criminales, sugirió.

Mario Fu, portavoz de la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), por su parte, defendió la labor de las autoridades asegurando que en lo que va 2024 contabilizan casi dos mil detenciones por múltiples delitos, incluyendo extorsión.

Sin dar cifras, argumentó que “los datos proporcionados por el Poder Judicial, el número de casos procesados este año que terminan en auto de formal procesamiento es superior al del año anterior”.

Dijo que es un trabajo en conjunto con otras instituciones, porque el deber de ellos es investigar y concretar las detenciones. Sobre las denuncias, según los reportes del Ministerio Público, ocurren en la vía pública.

En los reportes también aparecen cuatro casos en centros penales, pero podría ser dos situaciones: el lugar donde se reportó la extorsión o personas que también fueron víctimas de este delito desde las cárceles.

Los registros analizados por este rotativo señalan que también hubo casos, especialmente de menores, en los que fueron denunciados porque eran víctimas de extorsión en una casa, en bares y discotecas.

Sobre estos casos, el portavoz de la Dipampco aseguró que muchos extorsionadores eran menores de edad y que se convertían en “víctimas de estos grupos criminales. Los menores al final terminan siendo coaccionados, continúan siendo obligados, en muchos de los casos, a tener participación”.

Dijo que hay un pequeño número de menores que entran o integran los grupos delictivos sin ser obligados, pero desde la Secretaría de Seguridad están buscando “un verdadero proceso de internamiento”.

Una de las propuestas de Seguridad es poner penas más severas para aquellos adultos que utilizan o coaccionen menores para extorsionar.

“Las reformas proponen penas más severas, en este caso ir cerrando algunos vacíos que existen actualmente en la ley en cuanto a la comisión de los ilícitos. Recuerde que lo que se busca también es cambiar la naturaleza de la comisión del ilícito”, indicó el portavoz de la Dipampco.

Recordó que para poder judicializar a extorsionadores se necesita el acompañamiento de la víctima, pero muchos no están hasta el final del proceso por temor a represalias, además de que quieren evitar la revictimización.

“Lo que se busca es cambiar la naturaleza del delito y que el delito ya no sea de orden privado, sino de orden público”, adelantó, haciendo referencia a que las reformas propuestas buscan a que se proceda en contra del Estado de Honduras y no en contra de una víctima.

La extorsión acecha los 18 departamentos del país, pero al hablar de personas denunciadas por este delito, Francisco Morazán y Cortés aparecen como los lugares con más casos.

El 53% de las personas acusadas por extorsión eran de ambos departamentos, según indica un análisis realizado por EL HERALDO Plus a los reportes del Ministerio Público.

Otros puntos geográficos con mayor incidencia fueron Atlántida, El Paraíso, Yoro y Comayagua, lo que significa que la zona norte, central y oriental acumulan mayor número de procesados.

Para Fu esto ocurre por tres factores: la portabilidad numérica, las billeteras electrónicas y la infiltración de maras y pandillas en el rubro del transporte.

“Hoy por hoy siguen existiendo cientos de miles de líneas telefónicas que son vendidas sin ningún tipo de registro al portador. Esto quiere decir que no hay rastro alguno de la persona que tiene esa línea en su poder. Y segundo, las billeteras electrónicas. Hoy por hoy la falta de regulación en las billeteras propicia que estos delincuentes ejercen esta actividad ilícita y cobren este dinero sin ningún tipo de obstáculo”, condenó.

Sobre la depuración y certificación del rubro de transporte, aseguró que las maras y pandillas están infiltradas como despachadores o cobradores en una terminal, y son los que recolectan información, saben los movimientos de las terminales y son los que terminan cobrando extorsión dentro de ellas.

“Si no se logra poner atención a estos tres aspectos que yo les he mencionado, aquí vamos a seguir hablando de extorsión durante los próximos años”, advirtió, al señalar que no todo depende de la Secretaría de Seguridad, sino que se necesita el apoyo de otras instituciones.