Trata de personas en Honduras: Muchas denuncias, pero pocos judicializados

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras ha logrado fomentar la denuncia por trata de personas, pero de los casos que llegan a la Cicesct (Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas de Honduras) solo una parte terminan en una sentencia condenatoria.

El “Reporte de nuevas víctimas 2024”, de la Cicesct, indica que las víctimas por este delito aumentaron considerablemente de un año a otro, en cambio, el rescate de personas disminuyó, al igual que las judicializaciones.

Solo en 2022, los registros dicen que hubo 120 denuncias por trata de personas (obtuvieron ganancias a costa de la dignidad de las víctimas), pero el Ministerio Público solo reportó 49 sentencias condenatorias y tres absolutorias. Es decir, menos de la mitad de los casos terminaron con la judicialización de los implicados. Esto significa que en 2022 por cada dos o tres denuncias había una sentencia condenatoria.

Para 2024, la Cicesct contabilizó 275 denuncias por trata de personas, aunque los cuerpos de investigación apenas emitieron 50 requerimientos fiscales. Los entes judiciales, por su parte, dictaron 35 sentencias condenatorias. Hubo en promedio una judicialización por cada 8 denuncias.

Sua Martínez, titular de la Cicesct, consideró que ellos están realizando el trabajo preventivo, pero “el problema es la investigación para procesar a estas personas detrás del delito (de trata de personas). Hace falta más personal y más equipo logístico para los investigadores”.

“En tal sentido, este trabajo de las víctimas sobrevivientes nos corresponde a nosotros certificarlas, atenderlas, repararles el daño y reinsertarlas a la sociedad. Entonces, lo que hace falta aún más es el trabajo investigativo de persecución del delito que lo realiza ya el Ministerio Público”, mencionó.

Honduras conformó la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas en 2002, pero no fue hasta 10 años después, en 2012, que aprobó una normativa para regular las condenas por este delito.

Además, se conformó con varias instituciones una comisión para prevenir la trata de personas, rescatar a las víctimas y judicializar a los involucrados, ya sea dentro de Honduras o en el extranjero.

No obstante, Martínez, quien afirmó que el trabajo de prevención está funcionando, lamentó que a nivel nacional solo cinco personas trabajan en la investigación de los casos y, peor aún, solo cuentan con un vehículo en todo el país.

“Se mandan las denuncias y el proceso investigativo tarda. Entonces, el problema está en la persecución del delito, que hace falta más personal”, lamentó la funcionaria.

Lo mencionada por Martínez coincide con los datos publicados en el informe, pues en 2022 solo se contabilizaron 49 sentencias condenatorias. En 2023, un año después, aumentaron en un 45%, mientras que de este año aún no hay reportes.

EL HERALDO Plus consultó a través de la oficina de relaciones públicas del Ministerio Público (MP) y del Poder Judicial (PJ) sobre estos casos, pero dijeron que estaban de vacaciones y difícilmente podían facilitar la información.

Al cierre de esta edición no habían compartido los datos, sin embargo, desde el PJ se envió un enlace del sistema de estadísticas para buscar la información, aunque el acceso aparecía bloqueado. Horas más tarde, los datos aparecían reflejados, pero la última actualización era de 2021.

Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, respondió en un mensaje de texto que la investigación de estos casos le corresponde al MP y la Policía, luego, “en el proceso penal es igual que cualquier delito”.

Al ser consultado sobre qué influye en una sentencias condenatoria o absolutoria, aseguró que “se compruebe su culpabilidad en un juicio oral y público (la última fase del proceso) con todos los elementos probatorios suficientes”.

Martínez afirmó que el trabajo que realiza la Cicesct está bien evaluado, no obstante, el contrarrestar este delito requiere de un trabajo en conjunto, pero desde el Ministerio Público “ahí salimos aplazados como país”.

“Yo no tengo competencias de hacer un requerimiento o un cateo, no puedo, no tengo esas competencias, es competencia del Ministerio Público, de la unidad contra la trata; es ahí donde sí se tiene que trabajar muchísimo”, sugirió.

La funcionaria, incluso, recalcó que pese a las limitantes en 2022 rescataron a 58 personas, para 2023 la cifra aumentó a 105 y en lo que va de 2024 contabilizan 49.

Argumentó que las cifras de 2024 disminuyeron por el trabajo preventivo, aunque al ser consultada sobre si también está relacionado con el cambio de modus operandi, repitió que falta trabajar más en la parte investigativa

“Para que haya sentencias condenatorias, nosotros, como tal, recepcionamos denuncias y esas denuncias las remitimos a la Fiscalía, a la Unidad contra la Trata del Ministerio Público”, justificó.

Dijo que la acción que realizan los entes investigativos es lo que llega hasta los juzgados, donde los responsables son sometidos a un proceso judicial basado en los que dice la ley.

El Código Penal de Honduras establece penas de 5 a 8 años para quien “empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional”.

Las penas, según la normativa, varían de acuerdo con la modalidad de trata de personas. Solo en el caso de mendicidad forzada contra un menor de edad se habla de 2 a 3 ños de cárcel, mientras que se emiten condenas de 20 y 25 años de prisión para quienes cometan este delito y femicidio; la sentencia puede aumentar si comete una agravante.

“El delito de femicidio se castigará sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos cometidos contra la integridad moral, libertad ambulatoria, libertad sexual, trata

de personas y formas degradantes de explotación humana o en el cadáver de la mujer o contra cualquiera de los bienes jurídicos protegidos en el presente Código”, menciona el artículo 208 de la normativa.

Los reportes de la Cicesct son preocupantes: el 73% de las víctimas rescatadas en este 2024 fueron niñas, mientras que 9 casos eran mujeres adultas y 2 niños.

En 2023, la mayoría de rescatados por trata de personas también eran mujeres y niños, lo mismo que en 2024, evidenciando que son más vulnerables al momento de ser víctimas de cualquiera de las 16 modalidades de este delito.

La más común es la trata con fines de explotación sexual (tráfico ilegal y explotación de seres humanos para actividades sexuales forzadas). Los datos dicen que 6 de cada 10 casos registrados en 2024 fueron víctimas de esta modalidad, mientras que 1 sufrió de abuso sexual infantil.

Martínez dijo que tratan de erradicar el delito, incluso, fuera de Honduras y que recientemente identificaron que muchas de las víctimas fueron engañadas con falsas esperanzas de empleo.

“En (Cataluña) España precisamente se desarticuló una banda, una red de trata y que ahí estaban implicadas hondureñas, venezolanas y colombianas. ¿Cómo llegaron ahí? A través de falsas promesas de empleo; ven a mujeres, primero, con la necesidad de querer un empleo y de generar ingreso para su familia, pero lo que se encuentran es un engaño total y la someten a condiciones de explotación sexual y trata”, denunció.

La funcionaria advirtió que quienes cometen este delito usan agencias colocadoras de empleo como fachada, pero que detrás hay red de trata de personas, por eso buscan mujeres jóvenes.

Elsy Reyes, coordinadora de defensoría de personas en movilidad humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conedeh), afirmó que con la trata de personas lo primero es aceptar que existen casos en los que hay víctimas desaparecidas sin que estén en los registros.

“Eso es tan complejo y tan delicado porque podríamos tener a muchas niñas y muchas mujeres que en este momento están siendo víctimas de explotación sexual y comercial en otros países y que no se logra identificar, que las autoridades no logran encontrar a los agresores porque como son redes transnacionales, de repente no operan acá”, denunció.

Como segundo punto, dijo que el Estado debe modernizar el sistema de investigación, sobre todo porque muchas víctimas son captadas a través de redes sociales. Entonces, dijo, allí se debe iniciar con los trabajos de investigación

“Lo otro es que se tiene que ir trabajando con las autoridades locales. A veces cuando un niño, una niña o una mujer desaparece, espera que pasen 72 horas, 48 horas, cuando ya los protocolos se tiene que emitir una orden inmediatamente de búsqueda de esa persona y no esperar que pase ese tiempo, porque estamos dando tiempo al agresor que saque a la víctima del país”, sugirió.

Afirmó que el Ministerio Público debe fortalecer la investigación, ya que son pocos los agentes o fiscales especializados en este delito, entonces no se le está dando la importancia necesaria. Demandó mayor apoyo y recursos a estas instituciones, pues es una de las limitantes en las investigaciones.

“Estamos hablando de personas vulnerables, niños, niñas, mujeres que están siendo captadas para este fin, entonces, hay muy pocos elementos. El Ministerio Público tiene que reforzar, fortalecer sus recursos humanos, fortalecer sus recursos logísticos, pero no solamente el Ministerio Público, sino también la Secretaría de Seguridad”, cuestionó.

Además, recordó la importancia de la alerta Amber para que exista una red de comunicación y facilitar la búsqueda de los niños y niñas, uno de los grupos más vulnerables al momento de hablar de trata de personas.