Diez cosas que pasaron en las elecciones de Venezuela (que deben alertar a Honduras)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Venezuela, una vez más, se encuentra en una crisis política y social que mantiene a decenas de personas en las calles protestando contra los cuestionados resultados presidenciales.

El pasado 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que Nicolás Maduro había ganado las elecciones, lo que significa que extendería su mandato por 6 años más (desde 2025 hasta 2031).

Maduro, quien desde 2013 está frente a la presidencia de Venezuela, ha defendido su triunfo, mientras la oposición y decenas de personas cuestionan los resultados, incluso a través de protestas que son contrarrestadas por las fuerzas de seguridad.

A nivel internacional existe presión para que el CNE publique a detalle las actas del proceso electoral, mientras que cuatro países de Latinoamérica, incluyendo Honduras, han felicitado a Maduro como el presidente electo de esa nación.

EL HERALDO te explica las 10 cosas que están pasando en Venezuela tras el proceso electoral y que deben alertar a Honduras de cara a los comicios de 2025.

1. Inhabilitación y bloqueo de candidatos

El proceso se caracterizó por la inhabilitación de decenas de aspirantes, entre los que destacan los opositores Henrique Capriles y María Corina Machado.

Machado en su momento se perfiló como la candidata de la oposición para estas elecciones, tras ganar el proceso primario con más del 90% de los votos, pero después se confirmó su inhabilitación por el máximo tribunal de Venezuela. Su reemplazo, Corina Yoris Villasana, fue bloqueada para inscribirse. Finalmente, se postuló a Edmundo González.

2. Financiamiento de campañas con fondos del Estado

Según el Centro Carter, la candidatura oficialista de Nicolás Maduro contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor.

Además, hubo abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales. También tuvo preponderancia en la televisión y la radio, tanto en publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosa.

Las autoridades intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo, concluyó el organismo.

El oficialismo también utilizó encuestas para manipular el clima electoral. La Coalición Informativa C-INFORMA, integrada por Medianálisis, Efecto Cocuyo, Cazadores de Fake News y Probox, concluyó que 6 de 14 firmas evaluadas publicaron 37 estudios de opinión pública con la intención de manipular la información.

De 7 encuestadoras, 6 emitían información a favor de Maduro y 1 a favor de la oposición venezolana.

3. Persecución, intimidación y amenazas

El Foro Penal de Venezuela notificó que en los meses previos a las elecciones se registraron 114 arrestos vinculados a la campaña electoral, de los cuales 102 estaban relacionados con el equipo de Machado y González.

Organismos internacionales, como la ONU, han documentado cientos de presos políticos en Venezuela, junto con intimidación, amenazas y torturas sistemáticas. Esta situación se ha agudizado tras las protestas en Venezuela por los cuestionados resultados.

4. Sin neutralidad en el CNE

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, ha sido acusado por su inclinación con el chavismo y sus ataques a los opositores, lo que evidencia su poca neutralidad. Aunque la dirección del CNE está integrada por cinco miembros en un supuesto equilibrio político gracias a los Acuerdos de Bardados (tres chavistas y dos opositores), el resto de miembros no tuvieron peso y se invisibilizaron en la recta final de la campaña.

5. Censura, bloqueo de medios y desinformación

Desde el inicio formal de la campaña política (4 de julio) para las elecciones presidenciales, unos 10 dominios de medios de comunicación críticos con el régimen de Maduro fueron bloqueados, así como organizaciones de verificación.El gobierno bloqueó el dominio de Observatorio Venezolano de Fake News, Protón VPN, Cazadores de Fake News y EsPaja, así como Tal Cual, RunRunes, El Estímulo, Analítica, VE Sin Filtro y Medianálisis.Por otra parte, organizaciones de verificación han detectado que funcionarios y entidades estatales se dedican a diseminar desinformación desde sus cuentas institucionales.

6. Pocos veedores

Los comicios se caracterizaron por una débil veeduría, al restringir el acceso a delegaciones claves, como la Mesa de Observación Electoral (MOE-UE), rompiendo así también parte de los Acuerdos de Barbados. Tampoco se permitió la veeduría de delegados de gobiernos de derecha y expresidentes.

El Centro Carter, una de las organizaciones de más alto prestigio y que en el pasado alabó el sistema electoral venezolano, criticó esta vez la credibilidad del proceso.

7. Publicación de resultados sin actas

Aunque el proceso es automatizado por medio de máquinas y programas, lo que garantiza rapidez y transparencia, se han cumplido cuatro días del día de elección y no se han publicado los resultados de forma desglosada ni las actas que permitan cotejar la información.

Expertos critican que el CNE se apresurara a brindar un reporte que daba como ganador a Nicolás Maduro en la medianoche de las elecciones sin la divulgación de las actas electorales.

Uno de los candidatos presidenciales denunció que el presidente del CNE brindó un reporte que no se produjo con la información procesada en el centro de totalización.

8. Sospecha con la empresa a cargo del sistema de votación

Una compañía sancionada por Estados Unidos ha estado a cargo de la tecnología de votación en Venezuela desde 2017. ExClé, de origen portugués y asentada en Argentina, fue elegida por el CNE tras romper la relación comercial con Smartmatic debido a que esta última empresa denunció irregularidades en las elecciones legislativas de ese año, al señalar una diferencia de un millón de votos entre lo procesado por su sistema y lo divulgado por el órgano electoral.

Smartmatic se querelló contra el gobierno de Nicolás Maduro por el fraude de reporte cometido en la elección a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y los activos expropiados a la empresa ese mismo año.

En 2020, el expresidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones a esta empresa por apoyar materialmente a Nicolás Maduro, “incluso proporcionando bienes y servicios que el régimen de Maduro utilizó para llevar a cabo las fraudulentas elecciones parlamentarias”.

9. Poca participación de venezolanos en el extranjero

Organismos internacionales calculan que al menos 7.7 millones de venezolanos viven fuera de su país. Un poco más de cinco millones son mayores, es decir, aptos para votar. Sin embargo, el CNE estableció requisitos estrictos, no contemplados en la ley, que limitaron su participación.

Al final, menos del 1% (unos 69,000 electorales) fueron habilitados para votar. Analistas afirman que este grupo, debido a las condiciones que provocaron su migración, es muy afín a la oposición.

10. Sin independencia de poderes

En 2017, Nicolás Maduro disolvió el Parlamento de Venezuela (controlado por la posición) y, en su lugar, la Asamblea Nacional Constituyente tendría poderes absolutos para discutir leyes. En 2020, Maduro también anunció la disolución de la Asamblea, previo a los comicios parlamentarios. Actualmente, el Parlamento de Venezuela está controlado por el chavismo, que el 30 de julio de 2024 aprobó un acuerdo en apoyo a los resultados electorales, en los que Maduro resultaba ganador.

La diputada Grecia Colmenares, quien presentó la propuesta, pidió el “reconocimiento a la extraordinaria labor desempeñada y los resultados emitidos”, en los que Maduro resultaba ganador con el 51.2% de los votos.

Además, Maduro presentó el 31 de julio ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia un recurso para que certifique los resultados electorales que lo acreditan como ganador, pues calificó las acciones de la oposición como un “intento del golpe de Estado”. El chavismo también mantiene un control sobre el Poder Judicial.